La Audiencia Provincial ordena seguir investigando las causas del accidente del Alvia
La Audiencia Provincial de A Coruña ha ordenado reabrir la instrucción que investiga las causas del accidente del tren Alvia que supuso 80 muertes y más de un centenar de heridos el 24 de julio de 2013, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
El segundo juez instructor que ha tenido la causa y el fiscal propusieron cerrar la investigación y juzgar ya al maquinista del tren, Francisco José Garzón, como único culpable por despistarse y no frenar a tiempo antes de la curva de Angrois. Ni juez ni fiscal ven relevantes penalmente las decisiones de Adif de reducir en 2010 la seguridad de la línea de AVE Ourense-Santiago en la que ocurrió el accidente y de autorizar en 2012 a Renfe a desactivar el control de velocidad ERTMS a bordo de los Alvia. Las víctimas, por el contrario, consideran que el maquinista no es el único culpable y recurrieron ante la Audiencia para que se siguiese investigando. Ahora la Audiencia rectifica la decisión adoptada inicialmente por el instructor y concluye que el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago debe seguir investigando para aclarar diversos extremos expuestos en las periciales.
El auto de la Audicencia Provincial señala que algunos de los informes periciales permiten sostener la existencia de indicios de que en la curva de la Grandeira se producía un riesgo de accidente por error humano de tal intensidad que, de haber sido evaluado, tendría impuesto su minoración o eliminación, “de forma que se produjeron en la evaluación del riesgo [...] deficiencias técnicas que determinaron que se autorizara la circulación de trenes sin adoptar las medidas necesarias para evitar o reducir el riesgo de error humano para gestionar la reducción de velocidad en la curva”. Para la Sala, “existen indicios de que el método aplicado por ADIF, tanto como pauta general como en el caso investigado, presenta carencias que determinaron que no se apreciara el riesgo realmente existente y que se transfiriera o exportara al personal de RENFE sin evaluarlo ni adoptar medidas para comprobar que el riesgo se mantenía en niveles tolerables”. La Audiencia llega a decir que Adif actuó de manera “fragmentaria” al analizar los distintos riesgos existentes en la línea, lo que le impidió actuar frente al riesgo concreto existente en la curva de Angrois. Una “fragmentación de funciones y tareas” en Adif que también percibía el primer juez instructor de la causa.
La Sala acuerda por lo tanto devolver la causa a la fase de diligencias previas para aclarar “si existió y era normativa y técnicamente necesaria una evaluación integral del riesgo” en la línea “que tuviera en cuenta la situación de peligro concretamente existente en la curva donde se produjo el accidente”. Asimismo, le pide al Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago que confirme si es cierto que, como alude el informe de uno de los peritos, “existía un consenso técnico entre los expertos sobre la necesidad de protección de las transiciones significativas de velocidad mediante sistemas de control continuo o puntual”.
Jesús Domínguez, uno de los portavoces de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, señala que reciben la sentencia “con satisfacción”, destacando que la Audiencia “ha leído con detenimiento los informes periciales y los recursos”. “Cualquier persona que lea los informes, sobre todo el realizado por el perito independiente César Mariñas, ve que en este caso hay responsabilidades más allá de las del maquinista”, dice. “Cerrar el caso así habría sido una vergüenza y un escándalo, pero podría haber sucedido”, añade. Domínguez critica también el trabajo desarrollado hasta ahora por el juez instructor -Andrés Lago- y por el fiscal -Antonio Roma- y les pide que atiendan las argumentaciones recogidas en el auto de la Audiencia Provincial: “si siguen haciendo lo que han hecho en el último año y medio, es decir: nada, va a dar igual que se reabra la investigación, puede pasar como en el caso del metro de Valencia, que sigue abierto pero en el que el juez no hace nada”. “Lo único que les pedimos es que se pongan a trabajar duro, que hay 81 muertos, que es un tema muy grave y que, claramente, hay posibles responsabilidades más allá del maquinista”, añade.
Tres años de instrucción
En el accidente de tren de Santiago no había activo ni en las vías ni en el Alvia ningún sistema de seguridad que evitase o paliase el despiste que sufrió el maquinista tras recibir una llamada del interventor del tren. Dos meses después del siniestro el primer juez instructor de la causa, Luis Aláez, imputó a 27 técnicos y directivos de Adif por rebajar la seguridad de la línea. Pero el 31 de octubre de 2013 la Audiencia Provincial de A Coruña, con el mismo magistrado al frente que ahora, Ángel Pantín Reigada, levantó sus imputaciones por considerarlas “prematuras” y animó al juez a realizar una “investigación exhaustiva” sobre si la curva de Angrois “exigía o no, desde una perspectiva técnica, [...] un sistema de control permanente de velocidad que supliera una actuación desatenta del conductor”, para lo que pidió que contase con la opinión de expertos.
Con un avance de esos peritajes en su mano, el juez Aláez volvió a imputar en mayo de 2014 a 11 exdirectivos de Adif. Pero nuevamente la Audiencia, encabezada también por Pantín Reigada, levantó esas imputaciones el 30 de septiembre de 2014 porque a su juicio no quedaba demostrado que hubiesen incumplido ninguna norma explícita de seguridad. Para entonces ya estaba al frente de la instrucción un segundo juez, Andrés Lago Louro, tras dejar el juzgado el primero, Aláez, por motivos personales. En octubre de 2015 Lago Louro, con el apoyo del fiscal, dio por cerrada la instrucción y propuso abrir juicio oral contra el maquinista como único responsable penal del accidente. El fiscal pidió para él cuatro años de cárcel por 80 delitos de homicidio “por imprudencia grave profesional” y 144 delitos de lesiones, así como una indemnización a las víctimas de 42,8 millones de euros que debería asumir el seguro de Renfe como empleadora del conductor.
Las víctimas critican que el segundo juez instructor cerrase la investigación apoyándose en dos peritos de la Xunta cuyos informes presentan deficiencias y están basados en la investigación oficial de Fomento, y que por el contrario restase credibilidad a un tercer perito, el único independiente elegido por sorteo, que considera que Adif no analizó como debía el riesgo previsible de la curva de Angrois. En particular, las víctimas apuntan a Andrés Cortabitarte, director de Seguridad en la Circulación de Adif cuando se diseñó y abrió la línea con una seguridad inferior a la prevista inicialmente y quien autorizó desconectar a bordo de los Alvia el control constante de velocidad. En estos tres años de instrucción, con 60 tomos y más de 25.000 folios, y pese a ese papel clave, Cortabitarte no ha prestado declaración en la causa en ningún momento ya que se negó cuando fue imputado por el primer juez instructor y el segundo no lo ha vuelto a llamar ni como testigo. La propia Audiencia apunta ahora su nombre al recordar que Adif validó los riesgos existentes en la línea Ourense-Santiago a través de una “certificación de seguridad en la circulación (firmada en el caso por el sr. Cortabitarte) previa a la autorización administrativa de puesta en servicio” de la línea.
