La jueza advierte de que “prolija” documentación “avala” que el PP de Ourense manejó una 'caja B'
José Luis Baltar fracasa en el intento de desactivar la rama de la Operación Pokémon que investiga la presunta 'caja B' del PP de Ourense. Cuatro días después de que la Audiencia Provincial de Ourense confirmase la más simbólica que efectiva condena al histórico barón popular por 104 enchufes en la Diputación provincial, realizados en el entorno del congreso del partido en el que el baltarismo frenó el único intento de Feijóo para destronar a la saga, la instructora del caso, Pilar de Lara, ha tumbado con un duro auto el recurso con el que el antecesor y padre del actual líder de la derecha en la provincia ourensana pretendía anular la investigación. Siguen así adelante las indagaciones sobre la supuesta financiación irregular de la formación, que se extiende a una veintena de cargos y que la magistrada ve “avalada” por “prolija” documentación.
Lo que el letrado de José Luis Baltar pretendía, concretamente, era obtener la “nulidad de pleno derecho” de “todas las actuaciones” practicadas en la instrucción “como consecuencia” de la declaración ante la jueza de Emilio Pascual, ex gerente del partido en la provincia. Según un auto dictado el pasado lunes, a cuyo contenido a tenido acceso este diario, Baltar argumentó que los hechos investigados, de ser ciertos, se habrían producido en Ourense, por lo que la investigación “correspondería a los juzgados de dicha localidad” y no a los de Lugo. Además, indica la jueza, “denuncia vulneración del derecho de defensa” porque, afirma, sólo tuvo conocimiento de las acusaciones de Pascual a través de “determinados medios de comunicación”, lo que, “le impide, según alega, objetar o contradecir” esa declaración.
“Dada la confusión procesal que padece”, la jueza emplea el auto para “recordarle los instrumentos de los que dispone” para “hacer valer” sus “pretensiones”, entre los que “no se encuentra la nulidad”. En caso de considerar que la instructora quebranta “alguna norma de competencia territorial” tendría que haber presentado “una cuestión de nulidad” y no de competencia, explica. En todo caso, el núcleo de la investigación gira en torno a la actividad del Grupo Véndex, en cuya “política” política empresarial se incluyó, presuntamente, el “pago de diversas cantidades de dinero” en diversos puntos de Galicia.
El testimonio y los documentos aportados por Emilio Pascual indican que estas empresas podrían haberle dado dinero a Baltar y, además, son sospechosas de financiar irregularmente gastos electorales del PP de Ourense a través de, al menos, dos empresas de comunicación. Teniendo en cuenta estas circunstancia y la extensión territorial de las actuaciones de Vendex tanto la jueza como la Fiscalía consideran que “procede llevar conjuntamente la presente investigación”. “No tendría sentido alguno separar el caso de Ourense del de otras provincias”, resalta.
La jueza apercibe al letrado del ex barón
En lo que se refiere a la supuesta vulneración del derecho de defensa la jueza se remonta al interrogatorio que le realizó al propio Baltar padre. El barón ourensano negó que hubiese recibido 6.000 euros de Véndex pero “sí que reconoció que el PP de Ourense recibía cantidades de dinero en efectivo a modo de donaciones, incumpliendo, claro está, la normativa legal”. Dado que Baltar declaró que esas cantidades “las recibiría el gerente” del partido, “ese es el motivo por el que en su momento se llamó a prestar declaración a Emilio Pascual”. En esa declaración el ex gerente expuso que el partido, “durante un período de tiempo muy prolongado, diseñó un procedimiento de financiación ilícita a través de un sistema de facturación falsa y ficticia”, recuerda.
El hecho de que Pascual compareciera, detalla, no implica que “se vulnerara ningún derecho del señor Baltar”, toda vez que “si hubiese querido y hubiese tenido interés, su letrado no sólo podría asistir a las declaraciones, señaladas con antelación de sobra (...), sino que también tendría la oportunidad de interrogarlo”. Pero el abogado “optó por no comparecer”. A pesar de esto, reprocha De Lara, “se atreve a lanzar unas gravísimas acusaciones” al señalar que Baltar “no tuvo acceso” a las declaraciones del ex gerente pero los medios de comunicación, sí. “Son los propios imputados los que se han dedicado a organizar y dar auténticas ruedas de prensa a las puertas mismas del edificio judicial”, resalta, por lo que a la jueza “le sorprenden” las “acusaciones alegremente realizadas por el recurrente, que lo hacen merecedor del apercibimiento correspondiente para que, en lo sucesivo, cumpla debidamente con el deber de lealtad y respeto que debe presidir las relaciones profesionales” en el ámbito judicial.
