Ayuntamientos del PP participaron en la catarata de contratos para registrar marcas con la empresa de Joaquín Cuíña

Gallaecia Patentes y Marcas, la empresa del hermano de la secretaria xeral de Presidencia de la Xunta, encontró parte de su negocio en ayuntamientos, casi siempre gobernados por el PP, a los que ofreció sus servicios en el campo del registro de marcas. Los municipios de Lalín, Vilanova de Arousa o entidades como la Deputación de Ourense marcaron su número para realizar encargos e ingresaron pagos en la cuenta corriente de su empresa. Estos negocios son solo una pequeña parte del pastel que Joaquín Cuíña disfrutó durante años. La mayor parte de su facturación procedía de la Xunta pero Cuíña también visitó otras instituciones para redondear la cifra de su negocio. En ambos casos el control del PP a la hora de contratar aparecía cada vez que este empresario ofrecía sus servicios.

La búsqueda de estos contratos no es sencilla, dada la dificultad para ejercer el derecho a la transparencia en muchas de las instituciones locales gallegas. Algunas de las webs municipales consultadas remitían directamente a la plataforma de contratación del sector público, dependiente del Ministerio de Hacienda donde, por mucho que se ajustasen los criterios de búsqueda, los resultados eran siempre incompletos. Basta con compararlos con los que ofrecen los propios ayuntamientos que sí cuentan con este servicio –por ejemplo, los que ofrecen un informe trimestral en formato pdf con todos sus contratos menores– para comprobar cómo de incompleta puede ser esa búsqueda general. Aún así, y conscientes de las carencias, éstas son algunas de las conclusiones.

Uno de los concellos en los que difieren los datos propios de los de la plataforma estatal es el de Lalín, en Pontevedra, el feudo histórico de otro Cuíña con el que el propietario de Gallaecia comparte apellido, Xosé. Fue en su todopoderosa consellería, la de Transportes y Obras Públicas de la era Fraga, donde dio los primeros pasos en la Xunta la hermana de Joaquín y actual mano derecha de Rueda, Beatriz Cuíña.

Con algunas lagunas, como la del año 2019, la plataforma de transparencia del concello lalinense permite consultar los contratos menores hasta el año 2018, justo cuando comienza su actividad Gallaecia de Patentes y Marcas. Fue el último año completo de gobierno de Rafa Cuíña, el hijo de Xosé, antes de que la alcaldía regresase al que había sido sucesor del conselleiro, el popular Xosé Crespo, quien continúa como regidor tras ese paréntesis de cuatro años.

En la web aparecen tres contratos en el último lustro entre el ayuntamiento y la empresa de Joaquín Cuíña, por un montante total de 5.165,75 euros. El más reciente, en febrero de este año, por el registro como marca española de la denominación Aldeas de Nadal. El más antiguo, en enero de 2020, por la renovación de las marcas Cocidos do Camiño, Lalín Quilómetro Cero y Feira do Cocido de Lalín. Entre ambos, en abril de 2021, Gallaecia se encargó de otra renovación: la de las marcas Flor da Xesta, Folla de Carballo y Castro Tecnolóxico. Sin embargo, la hemeroteca permite descubrir que, sólo seis años antes, una de esas marcas, Castro Tecnolóxico, se había renovado ya por una década, es decir, hasta 2025, una operación que costó 770 euros a la casa consistorial. La empresa, también entonces, fue Gallaecia Patentes y Marcas.

De todos estos contratos del concello de Lalín, en la plataforma estatal tan sólo aparecía uno de ellos, el más reciente, lo que sirve como ejemplo de las limitaciones con las que se realiza esta búsqueda. Otra muestra la encontramos en el concello popular de Vilanova de Arousa. En su informe de los contratos menores del primer trimestre de 2020, aparece una “minuta” a Gallaecia por un registro. El epígrafe, incompleto, no permite conocer cuál era la marca –o marcas, dada la cuantía del contrato– ni la oficina ante la que se realizó el trámite, pero sí la cuantía del trabajo: 4.265,25 euros.

Esta adjudicación tampoco se encuentra en la plataforma estatal, donde apenas aparecen unun puñado más de contrataciones: con entes dependientes del concello de Sanxenxo y de la Deputación de Ourense, con la Mancomunidade do Salnés o el concello de Vilagarcía, el único de los encontrados que no está gobernado por el PP.

Nauta Sanxenxo es la sociedad municipal que gestiona el puerto deportivo de la localidad pontevedresa, ésa a donde el emérito acude a regatear cuando puede y donde es fácil encontrarse a Joaquín Cuíña, aunque él en sus redes sociales utilice siempre Sangenjo. La renovación para Nauta ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) de la marca Rías Baixas Estación Náutica le supuso a Gallaecia 1.000 euros en noviembre de 2023.

El Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (INORDE) depende de la Deputación de Ourense, entidad que ha hecho del turismo termal una de sus banderas. En noviembre de 2022, todavía bajo la presidencia de Manuel Baltar –quien cinco meses después sería cazado por un radar conduciendo a 215 km/h–, Gallaecia recibió el encargo de registrar la marca comunitaria The Thermal Tourism Congress, lo que le supuso 1.750,00, sin IVA.

Más pequeña que una diputación, la Mancomunidade do Salnés agrupa a los nueve municipios de la comarca: Cambados, O Grove, A Illa de Arousa, Meaño, Meis, Ribadumia, Sanxenxo, Vilagarcía de Arousa y Vilanova de Arousa. En 2021 contrató a Gallaecia para que se encargase del registro y protección de las marcas Origen de todos los Caminos y Camino al Origen en la OEPM, una labor que costó 4.000 euros sin IVA. Entonces era presidenta de la Mancomunidade la socialista Marta Giráldez, que fue desalojada del cargo por una moción de censura del PP a principios de este año.

Es, precisamente, en la capital do Salnés, en Vilagarcía –municipio del que es natural Cuíña–, donde encontramos el único contrato en la plataforma estatal con un ayuntamiento socialista. El pasado 1 de julio recibió 847 euros (esta vez, IVA incluido) por el registro de la marca Vilagarcía, Cidade do Libro. El propio consistorio confirmó otros tres contratos previos: la renovación de la marca Festa da Auga en 2023 (1.633,5 euros) y la renovación “con ampliación de epígrafes” de Mar de Compostela en 2021; costó 3.617,90, un presupuesto “inferior”, según el concello, al de la empresa que lo llevaba antes. La primera adjudicación a Gallaecia, en 2019, fue para registrar el festival internacional de música Clasclás. Costó 2.057 euros.

Estos ejemplos, aunque escasos, muestran no sólo los movimientos de Cuíña sino también la dependencia de Gallaecia de los contratos menores con la Xunta presidida por el jefe directo de su hermana. Según sus cuentas, disponibles en el Registro Mercantil, entre 2018 y 2023 ha facturado 1.005.073,14 euros. En ese período, las adjudicaciones a dedo de la administración autonómica han ascendido a 696.761 euros, IVA incluido: prácticamente, el 70% de la facturación de la empresa.

En su mejor ejercicio, 2021, Gallaecia Patentes y Marcas declaró un beneficio de apenas 23.951,55 euros, pese a facturar 223.474,08 euros y tener sólo dos empleados en nómina. Ese año, con la Xunta todavía presidida por Feijóo y con Beatriz Cuíña como secretaria xeral de la Vicepresidencia de Alfonso Rueda, el ejecutivo autonómico le encargó trabajos por un importe que también supuso un récord: 191.487 euros, IVA incluido o, lo que es lo mismo, el 85,7% de la facturación de la empresa en ese año.