En los últimos días de julio de 2006, hace ahora diez años, Galicia estaba a punto de enfrentarse a la que acabó siendo peor ola de incendios en dos décadas. Aquel verano ardieron en los montes gallegos casi 100.000 hectáreas en unos 7.000 incendios y en una pésima primera quincena de agosto llegaron a estar activos casi dos centenares de focos al mismo tiempo, muchos de ellos próximos a las principales ciudades y vías de comunicación e incluso en el entorno de la residencia oficial del presidente de la Xunta. Los incendios de aquellas dos semanas largas, que habían provocado además la muerte de cuatro personas, dieron lugar a una fortísima controversia política entre la Xunta y el que entonces era único partido de la oposición, el PP. En las siguientes semanas de rifirrafe partidario e institucional había llegado a salir a la luz que una parte de la dirección de los populares gallegos había instado a sus alcaldes a boicotear el dispositivo contra incendios de la Xunta mediante la obstaculización de la puesta en marcha de las brigadas municipales.
Esta instrucción se había dictado desde la dirección provincial del PP de A Coruña, en esos años presidido por Juan Juncal, y había sido concretada mediante un informe redactado por quien era secretaria provincial de organización, María Faraldo. La misiva firmada por quien después sería alcaldesa de Betanzos, revelada por la Cadena SER, comenzaba explicando que, “la verdad”, el modelo de colaboración propuesto por la Xunta para constituir las brigadas contra incendios con los ayuntamientos no presentaba “grandes diferencias” con relación al mantenido durante los gobiernos de Manuel Fraga. No obstante, políticamente resultaba conveniente desarrollar una “estrategia basada en la dilación” que ralentizase el proceso.
“No parece”, señalaba el documento, que las diferencias entre los convenios de la era Fraga y los formulados por la Consellería de Medio Rural que dirigía Alfredo Suárez Canal (BNG) tuvieran “suficiente entidad” para “justificar” una “decisión de los ayuntamientos del PP de no firmar los convenios”. Sobre todo, advertía el documento, porque “si hubiera muchos fuegos, la Xunta intentaría responsabilizar al PP ante la opinión pública por esta decisión”. Por eso la mejor opción era obstaculizar sin llegar a la “negativa”.
La conducta recomendada desde la cúpula del PP quedaba resumida de este modo: “No se puede, en ningún caso, admitir las prisas y los plazos a modo de ultimátum que está dando la Consellería. Así, lo procedente era dirigirse al Ejecutivo no para firmar, sino para ”recordar“ que Medio Rural ”lleva un mes de retraso en los trámites“ y que ”un Ayuntamiento tiene sus procedimientos“ para, por ejemplo, ”seleccionar al personal“, elección en la que en esa ocasión era procedente ser ”especialmente celosos“. ”Se trata, en definitiva -sintetizaba- de transmitirle a la opinión pública que los ayuntamientos del PP están dispuestos (...) a colaborar a tope en la lucha contra los fuegos forestales“, si bien ”la lentitud de la Xunta y las variaciones introducidas en los convenios alargan los procedimientos y provocan retrasos de más de dos meses“. Debía quedar claro, además, que ningún regidor popular accedería a firmar los convenios en un acto público único y conjunto con el conselleiro, al considerarlo ”propagandístico“.
“Un párrafo infeliz” para Feijóo
Cuando la carta firmada por Faraldo salió a la luz no encontró reproches en la dirección conservadora. Así, el entonces líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, redujo la instrucción a un “párrafo infeliz” que PSdeG y BNG utilizaban para “criminalizar a la oposición” en vísperas de la manifestación de la plataforma SÓS contra o lume, impulsada por el propio PP para protestar por la manera en que la Xunta había gestionado la ola de incendios. La misiva había encontrado también apoyo “absoluto” en el actual vicepresidente de la Xunta, que en verano de 2006 llevaba ya varios meses en la secretaría general del PPdeG. En rueda de prensa, Alfonso Rueda lamentó que los socios del Gobierno buscaran una “cortina de humo” en la instrucción interna del PP para intentar desviar la atención de su propia gestión.
Diez años después de aquellos sucesos los montes gallegos afrontan una nueva temporada de alto riesgo de fuegos tras un 2015 y, sobre todo, un 2014 en el que las cifras de hectáreas quemadas fueron de las más bajas de la serie histórica. En este contexto, el propio Feijóo replicaba la pasada semana a las críticas sindicales defendiendo que las brigadas municipales se constituyan más tarde porque, dice, el riesgo por el fuego llegará hasta el mes de octubre. María Faraldo, por su parte, pasó de firmar aquella polémica carta a ser regidora en Betanzos y después, diputada en el Parlamento, puesto que tuvo que abandonar en 2014 al ser procesada por presuntos delitos de prevaricación y falsedad en su etapa como alcaldesa
Hectáreas quemadas por incendios forestales en los montes gallegos