Condenado a seis meses de prisión por fraude a la Seguridad Social el exlíder de un sindicato agrario que navegaba con Rajoy

Antes de que la organización agraria Xóvenes Agricultures terminase disuelta en 2016 después de su quiebra económica por la caída de ayudas públicas, el que era su presidente, Juan Pérez Miramontes, había sido fotografiado en varias ocasiones en el grupo con el que se movía Mariano Rajoy en sus descansos en Sanxenxo, también a bordo del yate del primero, en el que navegaban. Pérez Miramontes acaba de ser condenado a seis meses de prisión por defraudar 665.000 euros a la Seguridad Social. Lo hacía con el entramado de empresas en las que participaba, una de ellas Xóvenes Agricultores, trasvasando empleados y actividades de unas a otras para no pagar las cuotas, según publica el diario Praza.gal.

No es la única causa que el exlíder de esta extinta organización agraria tenía con la Justicia. En 2019 fue detenido y pasó seis meses en prisión por su relación con una red de trata de mujeres para fines de explotación sexual. Sigue investigado por esta trama, que traía mujeres fundamentalmente de Paraguai para obligarlas a prostituirse en pisos en Santiago de Compostela.

Xóvenes Agricultores, una organización que la Xunta consideraba al nivel de sindicatos agrarios como Unións Agrarias o el Sindicato Labrego Galego, era cercana al PP gallego ya desde la época en la que Manuel Fraga presidía el gobierno autonómico. Según describe la sentencia emitida por la Audiencia de A Coruña con fecha del 20 de julio, Pérez Miramontes fue condenado tras un acuerdo de conformidad entre las partes. La sentencia lo obliga a devolver su deuda con la Seguridad Social y suspende la pena de seis meses de prisión durante cinco años a la espera de que, en efecto, ingrese esos más de 665.000 euros que adeuda.

La sentencia señala que Pérez Miramontes usó entre 2012 y 2015 las empresas en las que participaba “con ánimo de defraudar” los intereses de la Seguridad Social. El objetivo “principal” de estas organizaciones, dice, era conseguir subvenciones y ayudas públicas tanto estatales como autonómicas para el rural gallego. Conocedor de que para optar a estos ingresos las asociaciones tenían que estar al corriente de los pagos a la Seguridad Social, “trasvasó la actividad y los empleados de unas a otras para concurrir a dichas subvenciones”, con lo que evitaba hacer frente al pago de las cuotas. Se generó una deuda en el conjunto de las empresas de 666.598,16 euros.

La Justicia lo condena a devolverla y suspende durante cinco años la condena de cárcel a la espera de que lo haga, “salvo que al final [de este periodo] sea insolvente o incapaz de abonar estas cifras”. Le da un plazo de 18 meses para abonar al menos 100.000 euros que obtenga con la venta de una finca.