El juez imputa a la que era responsable de Auditoría Interna del Banco Popular en 2017 tras declarar como testigo

La que fue directora de Auditoría Interna del Banco Popular Yolanda Cagiao declaró este jueves en calidad de testigo en la Audiencia Nacional, pero el interrogatorio fue breve. El juez, José Calama, lo suspendió para citarla de nuevo, pero como imputada por las presuntas irregularidades que llevaron a mediados de 2017 a la resolución y posterior venta del Banco Popular al Santander por un euro, informa Europa Press.

Cagiao, que ya está jubilada respondió a preguntas sobre funciones en el banco, sobre su cargo y acerca de su formación. Trabajaba en el equipo de auditoría interna de la entidad en el momento de la ampliación de capital de 2016, aunque en ese momento ella no era todavía la máxima responsable. Por este motivo, aseguró ante el juez que no intervino en nada relacionado con la financiación que dio el banco a sus clientes para acudir a esa ampliación, de más de 2.000 millones.

Posteriormente, dijo, se encargó de investigar la comercialización de esa ampliación, pero se limitó a comprobar que se cumpliera el reglamento MiFIR, el marco normativo europeo sobre mercados e instrumentos financieros que regula la transparencia de la negociación e incluye ciertas acciones supervisoras. Calama preguntó si no analizó cómo financiaban esa compra de acciones sus clientes y ella respondió que no y que no era ilegal financiar la compra de acciones ni le constaba que lo prohibiera el banco.

El que fue su jefe en el departamento de auditoría realizó la tarea de ver qué clientes recibieron financiación entre mayo y junio de 2016, y esa documentación le fue transferida a ella en enero de 2017, cuando asumió el cargo de directora de Auditoría Interna, relató. Los datos sobre los clientes que obtuvieron financiación le parecieron poco relevantes a Cagiao.

El juez Calama investiga dos fases de este proceso: por un lado las presuntas irregularidades contables del Popular en 2016, con la ampliación de capital de más de 2.000 millones de euros, y por otro, las filtraciones a la prensa de un año después que supuestamente provocaron la resolución a mediados de 2017.

Según la instrucción de la causa, en ese periodo 2016-2017, el entonces presidente de la entidad financiera, Ángel Ron, investigado en esta caso, defendió la situación “inmejorable” del banco y vendió una imagen de solvencia económica y patrimonial. Sin embargo, los beneficios se convirtieron en pérdidas y los dividendos nunca llegaron.

El Santander fue la entidad que compró el Popular por un euro después de la resolución. Al frente del banco ahora extinto estaba entonces Emilio Saracho -también investigado-. Posteriormente comenzaron a presentarse denuncias por presuntas irregularidades contables que han acabado en la Audiencia Nacional.