Raül Blanco, secretario general de Industria del ministerio que dirige Reyes Maroto, se encuentra en primera línea de las negociaciones para salvar la planta de producción de aluminio de Alcoa, en San Cibrao (Cervo, Lugo). Duro con la multinacional estadounidense, a la que acusa de solo contemplar el cierre para eliminar competencia, celebra el buen entendimiento de Gobierno central y Xunta y asegura que la intervención pública ya se está produciendo. “Se lleva interviniendo muchos meses para que la planta no se cierre”, declara, antes de descartar una nacionalización: “No estamos en los años 60”.
PP, PSOE y BNG han aprobado una moción en el Congreso que insta al Gobierno a “intervenir temporalmente” Alcoa. ¿Cómo se ve esta petición desde el ministerio?
Esa petición va en línea con lo que se ha intentado hacer estas semanas, impulsar la venta de la planta, y por tanto que Alcoa no la cierre. Para ello hemos puesto todos los instrumentos necesarios para que esa venta sea efectiva y tenga un futuro industrial. E incluso hemos utilizado instrumentos públicos que puedan ayudar a que esa venta se realice y la planta siga produciendo y tenga un plan industrial de futuro.
¿Pero qué supondría una “intervención temporal”?
No me he leído el detalle de la resolución, pero lo que se ha hecho es intentar que la planta se venda, que no se cierre. Y para eso se ha intervenido, ya se lleva interviniendo muchos meses, buscando un socio industrial nuevo para la planta. Eso ya está encima de la mesa. Ponemos todos los instrumentos públicos necesarios para que esa venta sea posible, dada las negativas de Alcoa a vender directamente a un tercero. Que sea el Estado quien facilite esa operación de venta. En eso hemos estado trabajando las últimas semanas. Seguimos insistiendo a Alcoa sobre que es mejor la venta que un conflicto, como mínimo, de incierto resultado.
¿Una nacionalización está sobre la mesa?
A ver, no estamos en los años 60. La cuestión es que esa intervención pública consiste en poner todos los instrumentos públicos -por ejemplo, la SEPI- a participar en una operación de compraventa con el fin de que la empresa pase a un propietario industrial que le dé viabilidad en los próximos años. Eso ya es una intervención desde el punto de vista público, intervenir al máximo de lo que nos permite el marco jurídico tanto nacional como europeo. Porque hay que recordar que la última expropiación en España fue en 1983, la de Rumasa, y generó infinitos litigios. Pero posteriormente entramos en la Unión Europea. El marco comunitario condiciona mucho, hay que ser muy riguroso con cualquier actuación.
La semana pasada transcendió que el Ministerio de Industria había pedido un informe a la Abogacía del Estado para conocer las posibilidades jurídicas de la intervención.
Se están estudiando todos los escenarios dentro del marco jurídico constitucional y comunitario.
La ministra Reyes Maroto llegó a afirmar que Alcoa era “el enemigo” y usted ahora habla de la actitud difícil de la multinacional estadounidense en las negociaciones. ¿A qué achacan ese comportamiento?
Alcoa tiene un objetivo: atentar contra la libre competencia y reducir cualquier posibilidad de producir aluminio en España. Lo hemos visto en los últimos dos años, ese es su objetivo principal, reducir la competencia para marcar el precio de la alúmina. Y después, en el ámbito del aluminio, traerlo de otros lugares, como Arabia Saudí o China, donde ellos tienen plantas.
En ese sentido, el Gobierno ha planteado que Alcoa devolviese las subvenciones que ha recibido en los últimos tiempos. ¿Cómo sería el procedimiento?
Ese procedimiento está en marcha. Ya se les requirió toda la información respecto a las ayudas de 2018. Ahora se les solicitan las ayudas de CO2 y los costes de emisiones indirectas del año 19. Se están analizando. Se somete a fiscalización y a seguimiento especial todas y cada una de las solicitudes actuales y pasadas de Alcoa.
La Xunta debe decidir sobre el ERE que ha presentado la empresa. Según el Gobierno español, ¿qué debería suceder con ese expediente de regulación de empleo?
La relación y la comunicación con el Gobierno gallego es excelente. Respecto al ERE, la propia Xunta se ha manifestado, la autoridad laboral se ha manifestado. Es un ERE que no responde a lo que sería la buena fe. Hay clara mala fe en este expediente, hay clara mala fe por parte de Alcoa durante todo el proceso, y por tanto habrá que ver si no estamos hablando de un fraude de ley.
En todo caso, ¿cuál es el mensaje del Gobierno español para los trabajadores?
De apoyo total a los trabajadores, a sus familias, a los alcaldes de A Mariña, a esa gente que está muy preocupada por sus habitantes y por la economía de sus pueblos. Lo hemos demostrado en los últimos meses y vamos a seguir actuando.
Alcoa amenaza ahora con desconectar las cubas. ¿Qué supondría?
Supondría un gran problema. Alcoa no quiere negociar. Su único escenario es el cierre y la destrucción cruel de la actividad industrial y de los puestos de trabajo.
¿Cuándo tratará el Consejo de Ministros alguna medida concreta?
Como decía antes, se han puesto todos los instrumentos públicos a disposición de esta operación. Están trabajando de manera coordinada los dos gobiernos, Xunta y Gobierno central, y se irán tomando las acciones necesarias en cada uno de los marcos que tengamos por delante, en el laboral, en el ambiental, en el de una posible operación de compraventa. Esperamos que Alcoa en algún momento reaccione y negocie y no someta a un sufrimiento cruel e innecesario a sus trabajadores y a la comarca de A Mariña.
¿Se va a salvar la planta?
Si no fuese optimista, no podría hacer mi trabajo. Nosotros luchamos siempre hasta el final. Pero tratándose de Alcoa siempre todo es posible.