Historia de unos pisos protegidos: 20 años después, Rueda retoma en precampaña un plan de Feijóo que bordeó el pelotazo

El pasado mes de abril, después de varios años en los que la promoción de vivienda pública en Galicia fue inexistente, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, admitía el motivo: hasta ese momento, no habían detectado que existiesen dificultades para acceder a un techo. En primavera, y después de que el Gobierno central impulsase su propia Ley de Vivienda, el jefe del ejecutivo gallego caía del caballo y anunciaba un plan para poner a disposición de los ciudadanos 2.000 pisos de alquiler social: “Frente a un problema detectado también por el Gobierno central, todas las administraciones estamos actuando con la intensidad que denota el momento”.

En el consello de gobierno del 7 de diciembre, con la precampaña ya desatada, Rueda concretaba un nuevo proyecto, el cuarto del año: la construcción de 36 pisos para alquiler en el barrio compostelano de Lamas de Abade. Pero, en realidad, no es más que el penúltimo capítulo de una historia comenzada hace casi 20 años a 5 kilómetros de allí, cuando Alberto Núñez Feijóo era el responsable autonómico de vivienda desde la Consellería de Política Territorial.

Presentación: A los pies de la Catedral

La Avenida de Xoán XXIII es una de las entradas más utilizadas en el casco histórico de Santiago, al menos por quienes llegan a la ciudad en bus. Desde el aparcamiento, una enorme marquesina de acero y cristal protege a los excursionistas de la lluvia casi hasta llegar al pie del Convento de San Francisco. Desde ahí parte la calle del mismo nombre, una línea recta de 300 metros que, tras pasar frente a la Facultade de Medicina y un sinnúmero de tiendas de souvenirs, entra por el norte en la Praza do Obradoiro.

El margen izquierdo de Xoán XXIII fue la última parte de la vía en urbanizarse. Allí se levanta la biblioteca pública de Santiago, que lleva el nombre de Ánxel Casal –alcalde republicano y editor, fusilado por los franquistas–, un edificio de casi 6.000 metros cuadrados inaugurado en 2008 pero iniciado seis años antes.

Con las obras de construcción ya en marcha, en septiembre de 2004, el Instituto Galego do Vivenda e o Solo (IGVS), dependiente de Política Territorial, anunciaba su intención de ocupar el único “espacio libre” que quedaba en ese margen. La prensa de la época recoge el proyecto de levantar dos edificios “con unas cuarenta viviendas” que se destinarían al alquiler social para jóvenes menores de 35 años. Con esta fórmula, que impedía la venta, se buscaba impedir la especulación inmobiliaria a escasos pasos de la Catedral.

Sólo unos días después, el titular de la Consellería, Núñez Feijóo, era nombrado vicepresidente primero de la Xunta por Manuel Fraga, un cargo en el que permanecería apenas 11 meses, hasta la derrota electoral de junio de 2005 (él dirá que ganaron y no pudieron sumar para gobernar, pero ésa es otra historia).

Con la entrada del gobierno bipartito, Vivenda pasa a ser por primera vez una Consellería, que queda bajo el control del BNG, el socio minoritario de aquel ejecutivo. Para dirigirla, el nacionalista Anxo Quintana ficha a la arquitecta Teresa Táboas, que acaba de volver a la actualidad después de ser sondeada sin éxito por Sumar para encabezar su candidatura en las autonómicas. Táboas quiere impulsar los pisos de Xoán XXIII pero, consciente de su ubicación privilegiada, busca un diseño a la altura del entorno y, si puede ser, firmado por un arquitecto de renombre. Para conseguirlo, convocó un concurso de ideas. En dos ocasiones, el concurso fue declarado desierto y el proyecto quedó en el limbo.

Nudo: el cambiazo

Avanzamos ahora casi una década, hasta diciembre de 2014. El ayuntamiento de Santiago está viviendo su etapa más convulsa. Tras décadas de gobierno de la izquierda, el PP había ganado las municipales por apenas 11 votos. El alcalde, Gerardo Conde Roa, sólo aguantó nueve meses en el cargo. Tuvo que renunciar cuando se hicieron públicos sus problemas con Hacienda. Su sucesor, Ángel Currás –que tuvo que hacer frente a un par de imputaciones, como prácticamente todo aquel gobierno– resistió poco más de dos años, hasta que Feijóo –ya todopoderoso presidente de la Xunta– lo forzó a dimitir y puso en su sitio, a dedo, a una de sus personas de mayor confianza: Agustín Hernández, su heredero al frente de Política Territorial, ahora conocida como Consellería de Territorio e Infraestructuras. Pudo hacerlo porque ocupó el puesto número 25, el que cerraba aquella candidatura municipal.

Seis meses después de llegar al cargo, Hernández –que tuvo su minuto de gloria cuando se viralizó el vídeo en el que denunciaba la contaminación del río Sar recogiendo la basura y volviendo a lanzarla al cauce– se reunía con su sucesora al frente de la Consellería para anunciar la vuelta de la vivienda protegida a Santiago: un proyecto de 36 pisos en Lamas de Abade, un barrio situado a 5 kilómetros de la Catedral. ¿Qué había pasado entonces con Xoán XXIII?

Las explicaciones todavía se pueden leer en la página web del Concello de Santiago: la existencia en la ciudad de una lista de espera “de casi 600 personas” para acceder a un alquiler social se sumaba a la “paralización” del proyecto de Xoán XXIII, “una parcela que lleva décadas vacía”. Para “desbloquearla”, el ayuntamiento proponía “la permuta (de esa parcela) por las que el IGVS ya tiene en propiedad en Lamas de Abade a través de un concurso público”.

El adjudicatario recibiría así un solar de 1.600 m2 a un paso de la Catedral donde podría levantar vivienda libre. A cambio, como “contraprestación”, tendría que construir los dos edificios –de 12 y 24 viviendas– para uso social. Le daban un plazo de 30 meses y tendrían que estar finalizados antes de empezar cualquier actuación en Xoán XXIII.

El coste de aquella obra estaba estimada en unos 8 millones de euros. Sólo el precio del solar del casco histórico ya rondaba los tres millones. Lo que se podría pagar por unos pisos de nueva construcción en el que era, sin duda, “el mejor solar de Compostela”, podía tender hacia el infinito. La sombra del pelotazo era más alargada que la de la Catedral.

El arquitecto Jorge Duarte escribía tres días después en el digital Praza.gal que la operación “evidencia una vez más los principios ideológicos del PP: la privatización de lo público para poner en manos del promotor privado el negocio lucrativo, anteponiendo los intereses particulares sobre los de la comunidad, sin ningún tipo de complejo”. Duarte, que había sido decano del Colegio en Galicia y en aquellas fechas empezaba a trabajar en el impulso de una candidatura ciudadana para las elecciones que se avecinaban, consideraba además que la decisión “ahonda en esa idea clásica de la derecha de expulsar a los barrios periféricos a los beneficiarios de vivienda protegida”.

Sólo una cosa impedía llevar adelante los planes de Hernández: el plan urbanístico recogía que la parcela de la discordia debía destinarse a pisos protegidos, así que era necesario modificarlo. El PP contaba entonces con la mayoría absoluta necesaria... pero no tuvo tiempo. En los comicios de mayo, Compostela Aberta se hacía con el gobierno de la ciudad. Martiño Noriega –como Táboas, otro que fue sondeado por Yolanda Díaz– se hizo con el bastón de mando y puso a Duarte al frente de Urbanismo. Pese a que la Xunta insistió en su apuesta, argumentando que la parcela de Xoán XXIII sólo permitía pequeños apartamentos y no los pisos amplios que demandaban las familias, el gobierno no dio su brazo a torcer.

Desenlace: el ¿fin?

Una década después del último intento, parece que esta vez sí esos dos edificios que suman 36 pisos para alquiler social van a ser una realidad. Su ejecución tardará entre 15 meses, el pequeño, y año y medio, el mayor, así que si se cumplen los cálculos, podrán entregarse hacia el ecuador de la próxima legislatura, 21 años después del primer anuncio, tal vez, para que los habiten los hijos de quienes en 2004 pensaron que podrían optar a un hogar a precio económico.

Y mientras tanto, casi a los pies de la Catedral, la parcela de Xoán XXIII sigue vacía, viendo pasar a los turistas. En 2020, la Xunta y el ayuntamiento –entonces, con alcalde socialista– decidieron acondicionarla como zona verde mientras se decide cuál será su futuro.