Huelga en TVG: una coproducción detona el conflicto latente por la ley que dará aún más control político a la Xunta

Se esperaba un otoño caliente en la CRTVG. El comité intercentros lo había anunciado después de que la Xunta aprobase en pleno verano –el último lunes de julio, tras el puente del Día Nacional de Galicia– el anteproyecto de ley de reforma de los medios públicos, un texto que aumenta el control político sobre la corporación, suprime la creación de órganos profesionales y abre, por primera vez, la puerta al uso del castellano. Llovía sobre mojado para una plantilla que ha alcanzado los 333 venres negros protestando contra la manipulación informativa y el incumplimiento de la anterior ley, que data de 2011. Con tanto combustible, sólo hacía falta una chispa para detonar el conflicto. Y esa chispa fue la externalización del magazine de las mañanas. La sustitución del histórico A Revista por un formato similar, pero coproducido, O Termómetro, ha provocado una huelga que ya amenaza con convertirse en indefinida.

Los trabajadores no entienden por qué ahora cuesta 16.000 euros por emisión -de lunes a viernes- un espacio que durante más de 20 años se realizó con medios propios. Aunque era un magazine, A Revista estaba vinculada a los informativos incluso en la web de la casa. Los rostros de los directos eran los mismos que luego aparecían en el Telexornal. Por eso, aunque la dirección defienda que esta fórmula es similar a la que usan tanto TVE como otras autonómicas, el comité lo ve no sólo como una forma de “dilapidar” fondos públicos, sino también como una fórmula que “facilita la manipulación”, al dejar los contenidos en manos de subcontratas. En el caso de O Termómetro, las coproductoras son Setemedia y Papaventos, filial gallega de La Cometa, perteneciente a un conglomerado que tiene como directora general a una exasesora de Mariano Rajoy.

El lunes, primera jornada de huelga –paros parciales de 90 minutos en días alternos–, la movilización logró un objetivo simbólico: impedir durante esa hora y media la emisión de O Termómetro. La acción no contó prácticamente con ningún eco en una prensa gallega que, sin embargo, recogió días atrás la crisis de las oposiciones en RTVE –la propia TVG lo hizo– con la misma profusión con la que atacaba a TV3 durante el procés. Una muestra más de la “espiral de silencio” que el comité intercentros trataba de romper este martes con una llamada, casi desesperada, a los periodistas de esas empresas, “amordazadas” por lo que definen como “el régimen”.

Este miércoles se repitió la situación. Con Galicia bajo la influencia de un huracán Kirk convertido en una fuerte borrasca, la TVG redifundió el programa Hora Galega de la tarde anterior. Después de que el informativo matinal Bos días se centrase casi en exclusiva en las consecuencias del temporal, pasadas las 11.30 de la mañana, cuando ya comenzaba a remitir, los espectadores se encontraban un espacio en el que les avisaban de una situación que acababan de dejar atrás. A las 13:10, O Termómetro recuperó la antena con la “última hora” –esta sí– sobre Kirk.

El anteproyecto

La futura ley de los medios públicos de Galicia pretende ser el sustento legal definitivo a un control político que la Xunta del PP viene ejerciendo de facto desde 2009. Pese a que Alberto Núñez Feijóo llegó al poder entre acusaciones de manipulación informativa al bipartito –y dando las primeras pistas de lo que vendría después con sus espantadas de última hora en los debates electorales–, sus promesas de regeneración democrática cayeron en saco roto en cuestión de semanas: las que tardó en nombrar director general de la CRTVG a Alfonso Sánchez Izquierdo y jefa de informativos de la TVG a Pilar Bermúdez, una periodista cuestionada por su comportamiento pero con el aval de haber sido interventora del PP en unas elecciones. Hoy sigue en la cúpula pero su papel –con carta blanca tanto en la televisión como en la radio– lo ejerce Concha Pombo, jefa de prensa de la Consellería de Emigración en el último gobierno Fraga.

En 2011, el Parlamento aprobó la ley de medios que, sobre el papel, reflejaba esa intención “regeneradora” de Feijóo: nombramiento del director general por mayoría cualificada y creación de dos órganos profesionales de control, el Consejo de Informativos y el Estatuto de Redacción. Pronto se vio que ese papel, tal vez por este lluvioso clima, era en realidad papel mojado.

Ni el Consejo ni el Estatuto llegaron a constituirse nunca y, ante la falta de consenso para relevar a Izquierdo, en 2015 el PP introducía por la puerta de atrás una enmienda a la ley de acompañamiento de los presupuestos que permitía mantenerlo en el cargo de forma indefinida hasta que ese acuerdo se produjese. Casi una década después, todos los implicados necesitaban una salida a esa situación, empezando por el propio Izquierdo.

El 22 de febrero, 96 horas después de que el PP revalidase su mayoría absoluta en las urnas y el día que cumplía 75 años, el director general de la CRTVG se sentaba en el banquillo de los acusados como uno de los nueve investigados por el supuesto acoso laboral a una trabajadora de la Radio Galega, una causa que continúa abierta y en la que este mismo miércoles ha declarado el último imputado, el director de recursos humanos de la corporación, Víctor Tubío.

Aquel día, Izquierdo dio muestras de ese cansancio que, en privado, había manifestado en más de una ocasión. Él siempre dijo que tenía un compromiso personal con Núñez Feijóo. Con el líder del PP en Madrid y Alfonso Rueda en la presidencia, ese compromiso había caducado. La Xunta necesitaba encontrar la forma de articular su relevo, y el método elegido fue el cambio de la ley.

El anteproyecto presentado a finales de julio –y adelantado unos días antes por elDiario.es– elimina la necesidad de consenso para elegir al máximo responsable de los medios públicos gallegos. En caso de no existir acuerdo, una mayoría absoluta como la que hoy tiene el PP es suficiente para designarlo. Pero la cosa no quedaría aquí: los nunca creados Consejo de Informativos y Estatuto de Redacción desaparecen del texto y son sustituidos por un “consejo asesor” con escasa presencia de periodistas y con los nombramientos de sus miembros en manos de órganos controlados por los populares. El tercer punto para la polémica, la apertura a emitir determinados contenidos en castellano, llega en el momento en que por primera vez los que usan ese idioma son mayoría en la comunidad y en una corporación que tiene como primer objetivo, según la ley que la creó, la “promoción, difusión e impulso de la lengua gallega”.

Un paso adelante como éste provocó una reacción inédita dentro del “régimen”: todas las voces que tenían algo que decir sobre la ley se elevaron para criticarla. Esta vez no fueron sólo los partidos de izquierda, sino también los propios profesionales.

Los de la información lo canalizaron a través del Colexio de Xornalistas y los del audiovisual, por medio de la Mesa que representa a todos los trabajadores y empresas del sector. Ahí está la propia Academia o grandes productoras de éxito internacional como Vaca, Filmax o Portocabo, clientes habituales de TVG como Setemedia, Tex 45 o la división audiovisual de La Voz de Galicia. En julio, una semana antes de aprobar el anteproyecto, Rueda había reconocido al audiovisual gallego con la Medalla de Galicia, la mayor distinción que otorga la Xunta.

Además, la Mesa del Parlamento acaba de admitir a trámite la iniciativa legislativa popular impulsada por 40 colectivos, con la que buscan “rescatar” a la CRTVG del “secuestro” al que la somete el PP.

La deriva

Aún con el director general y el equipo heredado de Feijóo, el estilo Rueda –esa marca de la que presume el presidente de la Xunta– también se ha hecho notar en los medios públicos gallegos, en especial desde la precampaña. Y, si hubiese que definirla con un eufemismo, se podría decir que carece de sutileza.

El sucesor de un Feijóo que fue omnipresente en la TVG durante sus 13 años como presidente partía con un hándicap para validar en las urnas el puesto que había recibido de un dedazo: su bajo grado de conocimiento entre la población. La prueba, aquella vez que pixelaron su rostro en una revista tomándolo por uno de los guardaespaldas de la reina Letizia.

Así que la TVG se puso manos a la obra para solucionarlo. Como en los informativos ya no había forma de sacarlo más, tocaba colonizar el entretenimiento. Si el 30 de septiembre Rueda arrancaba Galicia non para, el bus con el que recorrería la comunidad, el 5 de octubre aparecía como invitado estrella en Land Rober, el programa del creador del lema, Roberto Vilar, que una década antes había paseado por los teatros gallegos la gira A cabeza non para. Hasta ese momento, por el late night de mayor audiencia del canal público sólo habían pasado dos políticos: el propio Feijóo y, justo quince días antes de Rueda, Abel Caballero. Desde entonces, ninguno más.

Era sólo el principio: después vendrían apariciones sorpresa en programas para mayores, donde Rueda llegaba “casualmente” sobre su bici, como si fuera el Emérito sorprendiendo a bordo de su moto a un conductor que se había quedado tirado en la carretera, tal y como se contaba en los 80. En diciembre, con el adelanto electoral convertido en un secreto a voces, protagonizó en el acces prime time –ese horario por el que hoy compiten Broncano y Motos– una entrevista de baño y masaje en la que acabó diciendo que habría que preguntar a la oposición por la fecha de los comicios.

Con la campaña ya en marcha, la TVG se sumó a la estrategia de perfil bajo diseñada por el PP. Primero, tardó más de 70 minutos en contar la convocatoria electoral. Después, pretendió reducir a la mínima expresión el bloque destinado a informar sobre la actividad de los partidos, algo que la Junta Electoral mandó rectificar. Y luego, el debate, el único al que Rueda acudió porque estaba diseñado a su medida: él contra un “batiburrillo” de fuerzas entre las que no estaba Democracia Ourensana, la fuerza que amenazaba con robarle un escaño en esa provincia.

Aunque jugaba con todo a favor, a Rueda el debate no le salió como esperaba, así que tocó acelerar. La fusión entre la línea informativa de la TVG y el argumentario popular alcanzó el nivel máximo: la identificación entre el BNG y “los herederos de ETA” –coincidiendo con un vídeo del PP en el que el rostro de Ana Pontón mutaba en el de Arnaldo Otegi–, la proliferación de noticias sobre Catalunya, la amnistía y Puigdemont –que desaparecieron tras el patinazo de Feijóo ante 16 medios en un restaurante de Lugo– o la deslegitimación de las encuestas del “CIS de Tezanos” son sólo algunos ejemplos.

La imagen de la TVG y de la Radio Galega se vieron tan afectadas durante esa campaña –la televisión cerró la temporada con la peor audiencia de su historia– que cualquiera esperaría que Rueda, tras su rotundo triunfo, les diese un lavado de cara. Pero no, todo indica que la directriz es apretar todavía más un puño de hierro que ya asfixia cualquier expresión crítica. El anteproyecto de ley es una muestra; otro, el papel del nuevo jefe de informativos de la radio, Alberto Varela -recién fichado de la Cope-, que cada mañana ofrece en antena “las claves del día”, en coincidencia con el argumentario popular.

El ejemplo más claro fue el informe del Consello da Cultura Galega sobre el proyecto de macrocelulosa de Altri en Palas de Rei. Las críticas del órgano –cuya existencia está recogida en el Estatuto de Autonomía– fueron deslegitimadas primero por el PP, después por la Xunta y, posteriormente, por Varela, con el mismo argumento: ¿qué hace un ente cultural opinando sobre esto? “Cuando toque evaluar el estado de la literatura y el patrimonio, pediremos opinión al Consello de Biólogos”, finalizaba un comentario que hasta el propio director general de la CRTVG, en una de sus comparecencias en el Parlamento, consideró que “posiblemente no estuvo a la altura”. Tal vez su sucesor, aún por conocer, ya no opine lo mismo.