La Xunta alega una excepción de la Ley de Transparencia para ocultar cuánto paga a los colegios que segregan por sexo
La Xunta no sabe cuánto suman las diversas partidas económicas que entrega cada año a cada uno de los cinco colegios gallegos concertados que siguen discriminando al alumnado por sexo. Así lo admite el Gobierno gallego en respuesta a una petición de información expresa formulada al amparo de la Ley de Transparencia, que elude contestar alegando una excepción de la norma que así lo permite en caso de que las administraciones tengan que pasar el trabajo de reelaborar los datos de los que ya dispongan para poder ofrecer una respuesta.
Eso es lo que argumenta la Consellería de Educación en este caso, en el que dice que tendría que extraer la información “de múltiples expedientes y soportes” ya que no tiene detallado “individualizadamente el importe de cada centro”. Educación se limita a remitirse a los presupuestos generales de la Xunta, que suman una cuantía global de más de 250 millones de euros al año para los alrededor de 300 centros concertados de Galicia.
En toda España los más de 70 colegios que segregan por sexo y que aún cuentan con un concierto con las administraciones autonómicas reciben al año unos 130 millones de euros. Sin embargo, la Xunta es el único gobierno autonómico que no detalla la cuantía que destina a esos centros, que en Galicia son cinco: Montespiño y Peñarredonda en A Coruña, y Las Acacias, Montecastelo y Aloya en Vigo. Hace unos años sindicatos y partidos de la oposición coincidieron en estimar en unos 3 millones de euros el importe total que recibían esos centros, pero la Xunta elude confirmar o matizar esa cifra.
El pasado 10 de septiembre este diario formuló una petición expresa de información a la Xunta al amparo de la Ley de Transparencia solicitando conocer “el detalle de los fondos de la Consellería de Educación destinados en total y por cada unidad concertada en el curso 2018-19” con los citados cinco colegios. Frente a las demoras o silencios administrativos con que la Xunta suele tratar ese tipo de peticiones de transparencia, en este caso la Consellería de Educación respondió en poco más de una semana inadmitiendo la petición argumentando la excepción contemplada en la Ley de Transparencia.
Efectivamente la ley establece que las administraciones pueden inadmitir a trámite las peticiones de transparencia “relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración”. Y la Consellería de Educación argumenta que eso sería lo que tendría que hacer para responder a la solicitud de transparencia formulada ya que los centros reciben diversas partidas por conceptos distintos, como el número de profesores, personal complementario, “otros gastos” o ayudas a programas educativos específicos, por lo que “habría que extraer información de diversos soportes: de expedientes físicos, situados en diferentes dependencias, y sistemas informáticos (sistema contable); además, parte de esta información la gestiona el CIXTEC (Centro Informático de Gestión Tributaria, Económica y Contable), por lo tanto no está en el ámbito funcional de actuación de este organismo”.
Al tiempo que con su respuesta la consellería admite que carece de datos sistematizados tanto del detalle de los fondos que recibe cada colegio concertado que segrega por sexo como del total de los mismos, Educación remite en su respuesta al buscador genérico de resoluciones de la web del Diario Oficial de Galicia señalando que allí se puede encontrar tanto la orden en la que se indica cuántas unidades tiene concertadas cada uno de los cinco centros en cuestión así como la ley de presupuestos generales de la Xunta en la que se establecen los módulos económicos en que se reparten las cuantías que el Gobierno gallego destina a todos los centros concertados, la citada cifra global de unos 250 millones de euros.
La negativa de la Xunta a concretar cuánto dinero público reciben los cinco colegios gallegos que siguen segregando a niños y niñas se produce después de que el Gobierno gallego estableciese que los conciertos ya concedidos puedan prolongarse hasta el 31 de agosto de 2023, ampliando de cuatro a seis años el anterior plazo de vigencia de los mismos. Igualmente, la Xunta eliminó la preferencia de la educación en igualdad para financiar a los colegios concertados en general.
