Noruega les niega la pensión a miles de marineros gallegos
Alrededor de diez mil marineros gallegos y sus familias pelean por el cobro de sus pensiones tras años ocupados en el extranjero. Son ex trabajadores de la marina mercante que han pasado largas temporadas trabajando en barcos de Noruega, pero que ahora, una vez retirados, ven como no perciben nada en forma de pensión de jubilación a pesar de haber estar empleados con contratos legales y después de haber pagado elevadas cotizaciones sociales de hasta el 45% del sueldo.
El Gobierno noruego rechaza el pago de estas pensiones argumentando que los marineros no eran emigrantes al no estar trabajando físicamente en tierra, a pesar de que sí pagaban impuestos y sus empresas tenían su sede en el país nórdico. El problema afecta a todos aquellos marinos mercantes que trabajaron para compañías de Noruega entre 1952 y 1994, año en el que el Estado se incorporó al espacio económico de la UE y regularizó una situación de la que se quedaron fuera millares de españoles. Según Long Hope, asociación que reúne a los afectados, serían 12.000 los marineros con pleno derecho a estas pensiones en toda España y de ellos, más del 80% serían gallegos.
Este mismo lunes, varios representantes de este colectivo se encuentran en Noruega para mantener una serie de reuniones con representantes del Ejecutivo noruego y de la Embajada española para intentar desbloquear una situación que llevan años denunciando. “La esperanza es lo último que se pierde, pero no podemos asegurar nada”, relata desde Oslo a Praza Pública su portavoz, Alberto Paz. Long Hope reclama que se reconozca una pensión de jubilación por parte del Gobierno noruego o, en todo caso, que se devuelvan los impuestos aportados por los marineros durante todos aquellos años. Según sus cálculos, el Estado nórdico debería reintegrar unos 500 millones de euros de no acceder al pagado de las pensiones de ex trabajadores de petroleros, gaseros, quimiqueros y otros mercantes entre los años 50 y 90.
Noruega insiste en su argumento, ya que excluía de la protección de su sistema nacional de Seguridad Social a aquellos que no tenían nacionalidad noruega o que no residían en el país. Al trabajar en el mar, y no tener residencia en tierra, millares de gallegos están ahora sin nada. Muchos de ellos han murieron, ya que la edad media de los trabajadores es de unos 80 años, pero son muchas las viudas de marineros con pensiones muy bajas que reclaman justicia. Todos ellos denuncian que la medida tomada por el país nórdico incumple artículos básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional del Trabajo.
Desde Noruega, los gallegos que han acudido a negociar con el Gobierno de Oslo anuncian que mantendrán reuniones en los próximos días con representantes del Ministerio de Trabajo, del Defensor del Pueblo de Noruega, con el embajador de España y con la embajadora de la UE en aquel país, así como con líderes de la confederación de sindicatos y del principal sindicato nórdico. En todos las reuniones, un cargo de la diplomacia española asesorará a los afectados.
Por el momento, las gestiones llevadas a cabo con el Ejecutivo de Noruega no han dado resultado alguno, lo que los ha llevado a solicitar la ayuda del Defensor del Pueblo del país nórdico, que tampoco ha logrado desbloquear el conflicto. Ante esta situación, los marineros han advirtido que optarán por la vía judicial, primero en los juzgados noruegos y, de ser necesario, ante Estrasburgo.
Eso es lo que han comunicado a las diferentes instituciones y organizaciones políticas gallegas con las que han mantenido contacto, y a las que reclamaron ayuda ante la imposibilidad de reunir los 300.000 euros necesarios para llevar su caso ante el Tribunal Supremo de aquel país.
Precisamente, en el viaje a Noruega acompaña a los representantes de Long Hope el diputado de AGE en el Parlamento gallego, Juan Fajardo, que denuncia, al igual que los propios marineros, la “falta de sensibilidad y responsabilidad con los problemas de la ciudadanía” del PP, que votó en la Cámara en contra de una iniciativa presentada por AGE en la que se instaba a la Xunta a exigir al Gobierno del Estado que “cumpla con su deber de defender los derechos de estos trabajadores ante lo Gobierno noruego y luchar para que sus justas demandas sean atendidas”.
