“Galicia está de saldo”. Esa es la frase que se repite desde la oposición y la impresión que buena parte de la sociedad tiene tras la confirmada venta de Novagalicia Banco al grupo venezolano Banesco, lo que confirma la muerte del sistema financiero gallego, que se une a la pérdida de empresas claves del país en los últimos años, agudizada por la crisis.
A la evidente pérdida de derechos y al desmontaje del Estado de Bienestar se han sumado en los últimos meses continuas noticias sobre empresas y sectores claves que trasladan su poder de decisión desde Galicia a las más variadas latitudes. Los restos de las antiguas cajas son el último ejemplo, pero antes fue Fenosa, no hace mucho los astilleros de Barreras y recientemente Pescanova, en un camino que parece no tener fin.
Economistas como Manuel Lago creen que “sí se puede decir que Galicia está de saldo”. “El deterioro del valor de las empresas españolas en general, pero de las gallegas en particular, provoca que sus precios tan bajos sean una opción interesante para países emergentes y con mejores entornos”, destaca quien cree que “no es una anécdota” que en un breve espacio de tiempo coincida la venta de Barreras a una empresa estatal mexicana y la de Novagalicia a un banco venezolano. “Es una transformación poderosa; comprar el astillero por cinco millones y la entidad financiera por 400 ahora y otros 600 que saldrán de sus beneficios evidencia con claridad que los precios son de un saldo extremo y que los capitales de fuera están aprovechando una pésima situación”, insiste.
Después de cinco años de crisis, el sistema financiero gallego ha quedado prácticamente borrado del mapa. Después de alguna pérdida y absorción anterior, el país que llegó a contar con diez entidades propias no tiene ya prácticamente ninguna. O tiene dos, cierto es, que mantendrán su sede y marca en Galicia, pero la propiedad del futuro Etcheverría-Banesco está en Venezuela y la empresa de telecomunicaciones R será la primera que sufra las consecuencias de las desinversiones anunciadas. Tan solo Caixa Rural Galega, cooperativa con sede en Lugo, permanece –y solvente– en nuestro país.
Millares de millones de euros provenientes de los ahorros de los gallegos se marchan a pesar de las ingentes ayudas públicas que, como en el caso de NCG, recibieron las entidades arruinadas. El FROB ha vendido Novagalicia como antes había hecho lo propio con el también nacionalizado Banco Gallego, en este caso regalado por un euro al Sabadell tras la inyección de más de 320 millones por parte del Estado.
Antes, hace ahora más de dos años, era el Banco Pastor el que acababa absorbido por el Banco Popular a cambio de 1.400 millones de euros y después de que esa misma entidad decidiera integrar el Banco de Galicia en su matriz. La entidad coruñesa, que mantiene marca y sede en A Coruña, y la viguesa, que ya no tiene ni marca, también se volatilizaron.
Y al mismo tiempo que caía el sistema financiero gallego, volaban también empresas simbólicas, claves y fundamentales en la reciente historia de Galicia. El acuerdo estratégico entre Xunta y Pemex no ha asegurado aún los floteles prometidos, pero sí la compra del 51% del astillero Barreras por parte de la compañía estatal mexicana, lo que da aire al maltratado sector pero acaba con el control gallego de una compañía fundada hace más de 120 años en Vigo.
El caso de Pescanova es mucho más complicado. Desde luego que sí. Pero su enorme crisis –llámenla estafa– parece que va a concluir también con la pérdida de la compañía, que acabará en manos del grupo catalán Damm que, con el apoyo de Luxempart, evitará la liquidación inyectando 250 millones de euros para hacerse con el 51% de la empresa. El resto queda en manos de la banca, tras asumir una quita cercana al 80%, aunque los accionistas minoritarios ya han impugnado el plan de la cervecera. Antes, había sido Fenosa la que había quedado en manos de otra compañía catalana, Gas Natural, que se llevó también el poderío hidroeléctrico de un país que produce mucho pero paga más que el resto.
“Somos un país desestructurado”
Manuel Lago cree que toda estas pérdidas se deben “fundamentalmente a fenómenos económicos”, pero evidencian también “una falta de respuesta colectiva de la sociedad gallega, de su capital y de su poder político para impedir que esto suceda”. ¿Cómo es posible que la estructura empresarial del país y su gobierno no sean capaces de articular una solución para cubrir los 400 millones que ha costado comprar Novagalicia?, se preguntan muchos. También el economista, que recuerda que “la fortuna más grande de España es gallega y muchas veces vemos en los periódicos que gasta ese dinero para comprar un edificio en Nueva York”.
Porque no estamos hablando, como recordó la oposición también, de los 9.000 millones de dinero público que el Estado puso en Novagalicia, sino de 400 millones, aproximadamente el importe de la Cidade da Cultura. “Denota un país desestructurado y que, ante la crisis, no tiene una respuesta colectiva ni tampoco por parte de sus instituciones ni de sus elites”, añade.
Lago aclara, no obstante, que la entrada de capital de fuera de Galicia para invertir en la comunidad “no es mala, ni mucho menos”. El problema es cuando esas inversiones “no aportan nada nuevo y solo suponen quedarse con los bienes”. En cuanto a los efectos para los ciudadanos, también hay diferencias. No es lo mismo el caso particular de una empresa como Barreras que los de una eléctrica como Fenosa o una entidad financiera de la que son clientes el 40% de los gallegos y que financia a la mayoría de las empresas.
Ahora, el proceso de toma de decisiones está fuera y eso implica que estas tengan menos que ver con la realidad del país y con lo que este precisa. “Si la empresa está aquí, siempre tomará decisiones más apegadas al territorio y, normalmente, más beneficiosas”, continúa Lago, que lo ilustra con un ejemplo. “A un empresario de Minnesotta le da igual cerrar un centro de trabajo de Galicia, pero no sería lo mismo si este señor se apellidase Martínez y fuera de Oleiros o de Redondela”, concluye.