Al Gobierno de Alfonso Rueda no se le apea la palabra consenso de la boca. La suele repetir para referirse a la lengua gallega y a su normalización que, asegura, “está fuera de la discusión política”. Su conselleiro de Cultura e Lingua, José López Campos, tomó posesión en mayo con un llamamiento a la oposición para alcanzar un “pacto por el idioma”. El tiempo ha pasado y nada se ha concretado. Ni BNG ni Partido Socialista han recibido ninguna convocatoria desde el Ejecutivo. Y no se les olvida que fue el Partido Popular el que, entre 2007 y 2009, despedazó el consenso político e institucional sobre el gallego, edificado durante la era Fraga, y, por primera vez desde la muerte de Franco, redujo su presencia en la aulas.
Todavía este lunes, el propio Rueda hacía tabla rasa de su propia historia y aseguraba que, “si hubiese algún cambio”, le gustaría que fuese “sobre el consenso y la base del bilingüismo cordial”. “Bilingüismo cordial” es el sintagma que inventó Alberto Núñez Feijóo para difuminar los hechos que protagonizó su partido con él como líder: se embarcó en las movilizaciones de una asociación contraria a la enseñanza del gallego -en una de ellas, en 2009, participó el propio Rueda- y, en su primera legislatura, impuso un decreto educativo que prohibía su uso en asignaturas de ciencias. Fue precisamente esta ley, aprobada en solitario por el PP con todos los demás partidos, los sindicatos o las instituciones culturales en contra, la que la semana pasada le valió a la Xunta de Galicia el apercibimiento del Consejo de Europa.
El organismo que vela por el cumplimiento de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, suscrita por España durante los mandatos de Aznar, reclamaba al Gobierno gallego que levantase el veto al idioma en las materias científicas. Lo pedía con carácter de “acción inmediata”. Preguntado por esto, Rueda se lanzó, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su gabinete, a la retórica del consenso y el bilingüismo cordial. Pero las apelaciones al acuerdo y al pacto que la propia derecha rompió en 2009 no han ido, de momento, más allá.
“Todos queremos un pacto pero de momento no han hecho ningún movimiento”, confirma a elDiario.es la diputada Mercedes Queixas, del BNG, “es más, Alfonso Rueda se ha declarado insumiso al Plan Xeral de Normalización Lingüística [aprobado en 2004 con los votos de PP, PSdeG y BNG] y a la Lei de Normalización Lingüística. ¿No piensa acatar el dictamen del Consejo de Europa?”. Tampoco parece prestar atención a la posición de la Real Academia Galega (RAG), que en su día llevó a los tribunales -sin éxito- el decreto que reducía la presencia del gallego en la escuela y que ahora exige atención a las medidas propuestas por el organismo europeo. “Tal y como decía el presidente de la Academia Víctor Freixanes”, coincide la parlamentaria socialista Silvia Longueira, “tenemos que estar en el lugar donde estábamos antes de que el consenso fuese destruido”. Desde la Xunta no se han comunicado con el PSdeG para tratar sobre el asunto.
El PP gallego, contra el uso del idioma en Congreso y Senado
En su última comparecencia parlamentaria, el conselleiro de Cultura e Lingua, José López Campos, aseguró que en 2025 su departamento aprobará “un plan para impulsar el uso del gallego en distintos ámbitos de la población y en todos los contextos de la sociedad”. Respondía a una interpelación de la diputada nacionalista Mercedes Queixas. Pero lo cierto es que las señales emitidas por el PP y su Gobierno no se compadecen con una supuesta reparación de la ruptura de 2009. La formación de Alfonso Rueda votó en el Parlamento gallego contra el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso y el Senado, lo que incluso suscitó algún resquemor entre veteranos dirigentes populares gallegos. Sus senadores volvieron a hacerlo la semana pasada. Y la futura ley de medios públicos, además de reducir el control democrático de la Corporación de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG), abre por primera la vez la posibilidad de que el ente produzca contenidos en castellano.
“Nada hace ver que se vayan a desdecir”, lamenta Queixas, quien asegura que en los últimos 15 años, ninguno de los más de 100 proyectos de ley aprobados en la Cámara autonómica abordó la lengua gallega. En todo caso, el BNG cree que cualquier nuevo acuerdo pasa como mínimo por establecer un proceso participativo de evaluación del Plan Xeral de Normalización Lingüística -“hay que actualizarlo, pero sigue siendo válido”- y por una revisión de la Lei de Normalización Lingüística, aprobada en 1983. Pide además elaborar un nuevo decreto del gallego para la educación que garantice aquello que en la actualidad está en riesgo: que al final de la enseñanza obligatoria, el estudiantado tenga competencias plenas en las dos lenguas oficiales en la comunidad. Y que se elimine la cláusula en la futura ley de medios que abre la puertas al castellano. Su colega socialista, Silvia Longueira, se remite a las opiniones de la Real Academia Gallega: “Ese es el punto de partida, que se restablezca la normalidad respecto a la lengua que existía en el pasado”. El consenso que destrozaron los cálculos políticos del PP de Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda.