Víctimas del Alvia evidencian que Adif sabía que tenía que revisar mejor la curva de Angrois y no lo hizo
Adif sabía que tenía que disponer de un documento específico que validase de forma independiente la seguridad de la línea de AVE Ourense-Santiago en el tramo de la curva de Angrois en que descarriló el tren Alvia pero no contó con ese documento para autorizar la puesta en servicio. Eso es lo que acaban de trasladarle las víctimas del siniestro, en el que el 24 de julio de 2013 murieron 80 personas, al juez instructor de la causa, al que piden, con un escrito de su abogado, que cite a declarar como investigados a tres nuevos cargos de Adif a mayores de su ya imputado director de Seguridad en aquel momento, Andrés Cortabitarte, y de su homólogo en Renfe, Antonio Lanchares.
La investigación judicial sobre el siniestro está centrándose en si Adif evaluó como debía los riesgos existentes en la línea Ourense-Santiago y en particular en la curva de Angrois, donde el maquinista del Alvia, Francisco José Garzón, también imputado, no frenó a tiempo y descarriló sin que hubiera activo ningún sistema de seguridad que evitase o paliase su previsible error humano. Por una parte, Adif ya admitió que no realizó, según ella porque no lo obligaba la normativa, la denominada evaluación integral de la línea que analizase el funcionamiento conjunto de sus tres subsistemas: infraestructura [la vía], energía [las catenarias o postes eléctricos], y control, mando y señalización [los sistemas de seguridad]. El escrito que ahora ha presentado el abogado de las víctimas señala que “tampoco existe el Informe de Evaluación Independiente [ISA] del subsistema de control, mando y señalización en el lugar del accidente, necesario normativamente para la puesta en servicio de la línea”.
Hace dos meses tres técnicos de la empresa pública Ineco, encargada de supervisar como entidad independiente la documentación de seguridad de las empresas constructoras y de Adif y de emitir ese informe ISA para que esta autorizase la puesta en servicio de la línea, declararon en el juzgado que no evaluaron la curva de Angrois sino que finalizaron su trabajo unos metros antes. Según sus declaraciones, Adif sólo encargó a Ineco que analizase el denominado enclavamiento de O Irixo, una de las tres divisiones a efectos técnicos de la línea ferroviaria Ourense-Santiago, la ubicada en su punto medio entre el enclavamiento de Ourense y el de Santiago. Ese tramo finaliza en el punto kilométrico 84,144, justo antes de la curva de Angrois y del punto 84,413 en el que descarriló el tren Alvia. Adif argumentó que ese último tramo, al que el tren llegó a cerca de 200 kilómetros por hora, ya no formaba parte de la línea de alta velocidad como tal sino de la red convencional y no requería de la misma evaluación.
Ahora las víctimas evidencian que para el tramo de Angrois, el denominado enclavamiento de Santiago, Adif sabía que tenía que contar con ese informe independiente (ISA, derivado de la normativa denominada CENELEC). Así lo revelaron actas internas de reuniones entre varios responsables de la puesta en servicio de la línea, que posteriormente cambiaron de opinión y consideraron válido otro tipo de análisis, y así lo indica un documento en el que la propia Adif detalla toda la normativa precisa para autorizar la apertura de una línea ferroviaria y en la que aparece citada esa norma concreta. Las víctimas piden al juez que reclame a Adif ese documento en el que se detalla la normativa precisa para que así quede en evidencia que la empresa pública no cumplió con lo que ella misma se exigía.
En su escrito, el abogado de las víctimas pide además que el juez cite a declarar como investigados por estas cuestiones a tres responsables de Adif que ya habían comparecido como testigos en la causa pero cuando el foco de la investigación se centraba en otras cuestiones. Son Manuel Besteiro Galindo, sucesor de Cortabitarte como director de Seguridad de Adif; Fernando Rebón Sartal, gerente de Seguridad en el área noroeste; y José Antonio García Díez, jefe de inspección de esa misma área.
El abogado también pide que sean citados a declarar como testigos 17 técnicos de Adif que participaron en el establecimiento de las velocidades a las que tenían que circular los trenes, 5 técnicos de Renfe que pudieron conocer del riesgo que existía en la curva de Angrois y 18 técnicos de las empresas Dimentronic y Thales que instalaron los sistemas de seguridad. Del mismo modo, el abogado pide que también testifique el jefe de la unidad de seguridad de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA), Christopher Carr, entidad que tiene pendiente de emitir un informe a petición del juzgado para aclarar qué tipo de análisis de riesgo obligaba a hacer en Angrois la normativa europea.
La línea Ourense-Santiago fue inaugurada en diciembre de 2011 por el Gobierno central del PSOE en funciones y el accidente ocurrió en julio de 2013, gobernando el PP. Los directivos de Adif y Renfe actualmente imputados por su presunta responsabilidad en la no evaluación de los riesgos de la línea ocuparon puestos de responsabilidad con los dos gobiernos y el actual ejecutivo sigue manteniéndolos en sus cargos de libre designación.
