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El Centro Gallego de Buenos Aires, abocado a la venta de su histórica sede al grupo Ribera Salud

Sede del Centro Gallego de Buenos Aires

Miguel Pardo

El Centro Gallego de Buenos Aires ve cómo su futuro se va fundiendo a negro. La histórica institución de la emigración, que celebra su 110º aniversario este año, afronta semanas decisivas en su porvenir después de acumular más de una década de profunda crisis económica y administrativa y superar intentos de privatización y venta. Intervenido el hospital por el Gobierno argentino hace cinco años a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) para paliar su crítica situación, los actuales gestores convocaron una asamblea extraordinaria de representantes este lunes, 18 de diciembre. En ella, al margen de aprobarse las cuentas, se someterá a consideración la solicitud de quiebra de la entidad en caso de que no se apruebe la cesión de la gestión y la venta del legendario edificio en el centro de la capital argentina al grupo inversor interesado en su compra: el español Ribera Salud -conocido por ser el impulsor de la participación público-privada en la sanidad, modelo revertido ya en casos como el de Alzira- y que contaría con el apoyo de la Fundación Favaloro argentina.

Antes, este pasado lunes 11 y en la semana anterior, se han llevado a cabo en el Centro Gallego (CGBA) sendas consultas no vinculantes entre los socios y los trabajadores, respectivamente, en las que se les preguntaba si estaban a favor o en contra de esta cesión de la gestión y de la venta del edificio al grupo empresarial. La disyuntiva de las papeletas era clara: el no, tal y como se leía en ellas, “significa cierre definitivo de la institución, pérdida completa de los puestos laborales y cese completo de las prestaciones asistenciales”. El , “preservación de los puestos laborales y continuidad de las prestaciones asistenciales a socios”. El voto favorable a la propuesta de los gestores arrasó en ambos casos, con más del 95% de apoyo y la participación de más de 2.100 asociados y casi 700 empleados. El propio interventor del Centro, Martín Moyano, en declaraciones a España Exterior, ha mostrado su disposición a dimitir si con eso se aprueba la cesión.

Mientras, asociados y agrupaciones políticas mantienen un agrio debate. El deseo de no ver morir una institución tan importante en sus servicios sanitarios como en el patrimonio histórico, cultural y sentimental de la emigración empuja a muchos a apostar por la venta y privatización ante la nula alternativa que se les ofrece. El Centro Gallego cuenta ahora con menos de 6.000 asociados cuando, en sus tiempos de esplendor, llegó a tener 120.000.

Fundado en 1907, en la sede de 34.000 metros cuadrados (con seis pisos y dos sótanos) se distribuyen 60 salas de consulta y seis quirófanos y en él se ocupaban más de 500 camas, aunque ahora el promedio es de muchas menos. En una de ellas falleció Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. El cuarto donde murió, el 202, se mantiene prácticamente igual 67 años después de su muerte. Además, el Centro Gallego cuenta con una biblioteca con 20.000 volúmenes, muchas de ellas piezas históricas; una importante fonoteca; el Teatro Castelao, con casi 400 butacas; una sala de exposiciones o una pinacoteca con obras de Luís Seoane o Carlos Maside. En los últimos tiempos, en la histórica institución se han sucedido impagos, deterioro, protestas laborales y cada vez menos asistencia. Y se ha alcanzado una deuda millonaria.

En la carta de intenciones enviada el pasado 10 de noviembre, el grupo Ribera Salud informa de las diferentes reuniones mantenidas con los administradores del Centro Gallego y advierte de una situación patrimonial de “deudas con instituciones públicas, trabajadores, representantes sindicales y terceros proveedores”, además del “deterioro de las infraestructuras, falta de equipación actualizada y déficit de personal ante la falta de expectativas laborales”. Así, explica su intención de revitalizar la institución y como primera condición ponen la de la “adquisición del inmueble del Centro Gallego, debiendo negociar el importe en base al valor en libros revisable y plazo de pago”. También aclara que el inicio de la actividad “debe de ser libre de cargas y deudas de todo tipo, asumiendo la nueva sociedad a única responsabilidad sobre la gestión realizada por esta”.

Respeto de los bienes históricos, culturales y artísticos de la importante diáspora gallega que se encuentran en la institución, Ribera Salud apuesta por “velar y potenciar los órganos institucionales del Centro Gallego y su patrimonio cultural, negociando con todas las partes implicadas”.

Según informaciones de la prensa argentina, la inversión que llevarían a cabo a Fundación Favaloro y Ribera Salud para la remodelación del inmueble o la adquisición de equipos se acercaría a los 60 millones de euros, mientras que la propuesta incluye también la compra del histórico edificio, levantado con las aportaciones de miles de emigrantes gallegos, por unos 42 millones.

Los intentos de “privatización” de la última década

La crisis económica y las polémicas políticas llevan años ensuciando la trayectoria del histórico CGBA. Fue en octubre de 2007 cuando se puso a andar Ospaña, la obra social destinada a solucionar los problemas de fondos con la aportación del propio centro, el Gobierno de España, la Xunta a través de la Fundación Galicia Saúde, además de la colaboración de las autoridades argentinas.

Desde entonces, y tras la llegada de Núñez Feijóo a la presidencia de la Xunta, diversos socios y dirigentes del CGBA censuraron el abandono de la institución y de su hospital y los intentos de privatización por parte de la Administración gallega. La polémica explotó cuando en otoño de 2009 el Gobierno gallego presentó una propuesta de nueva gestión para hacer frente al importante déficit. Fue un intento por privatizar el Centro y una actitud por parte de los cargos públicos, en especial del entonces secretario general de Emigración, Santiago Camba, que los emigrantes calificaron de “mafiosa y chantajista”.

Tal y como había desvelado el desaparecido Xornal de Galicia, la propuesta suponía que el grupo privado 3A Recoletas gestionase durante al menos 13 años el histórico centro de la emigración con la ayuda de una importante subvención de la Xunta de 3,1 millones de euros anuales para colaborar en paliar la difícil situación económica. La empresa se limitaría a aportar 8 millones de euros a razón de 615.000 euros al año, mientras la emigración dejaba de gestionar su histórico hospital y la Administración gallega de dirigir el proceso. Por tanto, el Gobierno gallego pondría casi 28 millones de euros frente a los 8 de la firma privada.

Aquel intento fue paralizado, la justicia argentina intervino a entidad y la Fundación Galicia Saúde acabó por disolverse. La situación no se arregló. Las diferencias entre las cinco agrupaciones políticas con representación en el Centro Gallego se acentuaron después de que la institución se quedase fuera de la obra social Ospaña. Al tiempo, se crearon grupos de asociados y antiguos socios que critican la intervención por parte del Estado argentino, acusando a los últimos gestores de aumentar las deudas e incluso apostando por una quiebra que permita un proyecto de reconstrucción de la histórica entidad.

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