El debate jurídico sobre la indemnización a los Franco por ocupar el Pazo de Meirás rompe la unidad de acción de las instituciones

La Diputación provincial de A Coruña así como los ayuntamientos de A Coruña y Sada han decidido recurrir, en contra del criterio del Estado y de la Xunta de Galicia, la sentencia en segunda instancia que confirma la devolución al patrimonio público del Pazo de Meirás tras 82 años de ocupación por Francisco Franco y su familia, pero obliga a indemnizar a sus descendientes. Con esta decisión, anunciada este miércoles, se rompe la unidad de acción institucional, política y social que, con muchos esfuerzos para alcanzar la unanimidad, llevó al Estado a presentar en julio de 2019 una demanda judicial reclamando la propiedad enclavada en Sada y ganar, un año después, el juicio con una sentencia del juzgado de Primera Instancia número uno de A Coruña considerada histórica.

El fallo de la Audiencia de A Coruña del pasado 12 de febrero confirmó la devolución al Estado del pazo, cuyas llaves fueron entregadas en diciembre 2020, pero revocó, ante un recurso de los herederos del dictador, algunas cuestiones de la primera sentencia, fundamentalmente en lo que atañe a su derecho a ser resarcidos por los gastos de conservación y mantenimiento desembolsados desde la muerte de su abuelo en 1975. Y ese es el punto que divide a las cinco admistraciones públicas hasta ahora unidas en la acción judicial por desalojar a los Franco de Meirás.

La Abogacía del Estado declinó presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo por considerar que en lo fundamental, la propiedad de las también denominadas Torres de Meirás, había ganado. La Xunta de Galicia se adhirió a este planteamiento, al igual que algunos juristas que advierten del riesgo de fracasar en oponerse a que los poseedores de una propiedad, sean declarados de buena o mala fe, puedan ser indemnizados por los gastos desembolsados en la conservación y mantenimiento. Lo establece claramente el Código Civil. Los siete nietos del dictador ya anuncian una factura millonaria mientras preparan su propio recurso de casación ante el Supremo con el fin de recuperar el pazo. Y para algunos expertos en la materia podrían conseguir que se anulase el juicio y la sentencia que les obligó a entregar las llaves de la propiedad.

Las tres administraciones que han dedidido recurrir fueron advertidas por sus servicios jurídicos de los riesgos jurídicos de esta acción. Pero han decidido dar “la batalla política en los tribunales”, convencidos que la mayoría social no entiendería que no se intente luchar por la recuperación en firme del Pazo de Meirás sin tener que indemnizar a quienes ocuparon durante más de ocho décadas un edificio que, tanto el juzgado de primera instancia como la audiencia coruñesa, declararon público.

“Hay que llevar esa recuperación de la titularidad pública del pazo hasta sus últimas consecuencias”, indicó la Diputación de A Coruña ante la reunión, este miércoles, de la Xunta Pro Devolución del Pazo que reúne instituciones, universidades, colectivos de recuperación de la memoria histórica y expertos. Para el organismo provincial, el recurso ante el Supremo es necesario para “conseguir que este capítulo del franquismo llegue a su fin y el Pazo de Meirás sea un espacio compartido socialmente y no un feudo privado de la familia del dictador”. 

Los ayuntamientos de Sada y A Coruña también consideran inadmisible que se deba indemnizar a los nietos de Franco. Para el alcalde de Sada, Benito Portela, no recurrir esa parte de la sentencia supondría “hacer un enorme favor jurídico y económico a los herederos del dictador” y defendió la oportunidad de que todas las administraciones democráticas den la batalla en los tribunales por impedir que sean declarados poseedores de buena fe del pazo, tras considerarse judicialmente probado las artimañas e ilegalidades del general golpista por poner a su nombre la propiedad.

“Se trata de dar la batalla política en los tribunales por un símbolo de la usurpación de la dictadura franquista”, se congratuló el presidente de la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña, Fernando Souto. Recordó a Unamuno y su célebre frase a los golpistas de “venceréis, pero no convenceréis” y criticó que el derecho a la propiedad esté aún sometido a un Código Civil aprobado a finales del siglo XIX. “Esta es una reivindicación del siglo XXI, recuperar el Pazo de Meirás sin tener que indemnizar al dictador y su familia”, remachó.