Feijóo reedita la idea de un pacto contra los incendios en Galicia mientras insiste en la tesis del “terrorismo”
Cuando Alberto Núñez Feijóo accedió este martes a la tribuna del Parlamento gallego para “informar sobre la respuesta ante la extraordinaria ola de fuegos que acaba de sufrir Galicia” lo hizo para contraponer su diagnosis de lo acontecido con las de los portavoces de En Marea, PSdeG y BNG. Pero también -o a lo mejor, sobre todo- para comparar su actitud y estrategia política ante una ola de incendios como presidente con la que desplegó en 2006 como líder de la oposición después de que Galicia sufriera la peor crisis incendiaria en dos décadas.
Ante este doble contraste el gabinete de Feijóo ha decidido reeditar una idea que ya había salido a la palestra en aquel debate de hace una década, pero por boca del entonces presidente socialista, Emilio Pérez Touriño: la de ofrecer un “acuerdo de país” contra el fuego. Lo ha hecho, no obstante, sin abandonar el que sigue siendo centro de su argumentario, la tesis del “terrorismo forestal” como responsable de las casi 50.000 hectáreas arrasdas, de las 2.400 personas desalojadas de sus viviendas, de las 128 ingresadas y de las 4 fallecidas en apenas dos días del pasado octubre.
En aquella sesión de 2006 Feijóo dijo estar dispuesto a un acuerdo siempre y cuando PSdeG y BNG accedieran a reemplazar la comisión de estudio sobre los incendios que acababan de poner en marcha por otra de investigación. No pactaría, tampoco, si antes el Gobierno de la izquierda no depuraba “responsabilidades” a través del cese de, al menos, el conselleiro de Medio Rural, Alfredo Suárez Canal. En esta ocasión el pleno comenzó con la propuesta de comisión de estudio ya lanzada por parte de la oposición, que reclama dimisiones pero no las sitúa como condición necesaria para sentarse a la misma mesa que la Xunta. Allí, dice el presidente, su Gobierno formulará “un paquete de 30 medidas” que, avanza, irán desde el ámbito de la prevención hasta el de la extinción y lo de la persecución de ese “terrorismo incendiario”.
Sin espacio para el reconocimiento de fallos en el dispositivo o errores de su dirección política, Feijóo ha llamado a enmarcar el debate en claves que él mismo rechazaba diez años atrás. Las condiciones del domingo 15 de octubre no solo no eran “normales”, sino que el contexto era “excepcional, excepcionalísimo” por la “situación climatológica extrema”, la sequía acumulada y los fuertes vientos llegados con el resto del huracán Ophelia. Con este telón de fondo, defiende, “mantengo y afirmo con todas las letras, sin minimizar o relativizar” que actuaron “terroristas” que “no son, simplemente, individuos que por diferentes circunstancias hayan prendido fuego a unos árboles”. Esos “terroristas”, defiende, “usan el fuego para alterar la paz pública y provocar episodios de terror”. Son todo un “enemigo común” y negar su existencia es tanto como “colaborar políticamente con él”, advierte.
La oposición exige dimisiones, pero va “a colaborar”
Mientras el presidente centra el debate en el “problema de orden público que debemos condenar e intentar castigar de manera consecuente” desde las bancadas de la oposición se apela, con un recuerdo casi constante de la actitud del propio Feijóo en 2006, a la responsabilidad gubernamental en la gestión de la catástrofe. En las horas claves, lamenta el portavoz de En Marea, Luís Villares, la población padeció a “un gobierno incompetente” y a un presidente “más preocupado de gestionar su imagen que la catástrofe”. Feijóo, mantiene Villares, ha quedado “desacreditado como buen gestor” en la noche del “domingo negro” y asumir su tesis del terrorismo sería dar por buena una “frivolidad” que, además de “jugar con el dolor de mucha gente”, comenzando por el de las familias de las víctimas mortales, “usa de forma irresponsable un concepto penal y social del que no hay evidencias”.
El portavoz de En Marea se muestra “dispuesto a hablar y llegar a acuerdos en beneficio del país superando siglas”, pero cree que la eventual aprobación y aplicación de las medidas esbozadas por Feijóo serían más creíbles si antes son relevados en su puesto responsables del dispositivo como el director general de emergencias, Luis Menor; la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez; y, sobre todo, quien acumula 17 años al frente del departamento forestal del Gobierno gallego, Tomás Fernández-Couto, actual director de Ordenación Forestal.
También el portavoz socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, considera imposible que los “cambios estructurales” que Feijóo dice estar dispuesto a realizar puedan venir de la mano de Fernández-Couto y de la “conselleira que lo soporta, en los dos sentidos”. Esas medidas estructurales contarán con el trabajo del PSdeG, avanza, pero su propio planteamiento implica el desmontaje del discurso de Feijóo. “O estaba todo perfecto y no tienen responsabilidad o bien ahora hay medidas que deberían estar tomadas previamente”, que “ustedes obviaron” y que ahora recuperan tras las imágenes de “ciudadanía desamparada” a causa de una “reacción tardía y después, ”impotente“ por parte de la Xunta.
Algunas de las medidas que ahora Feijóo dice estar dispuesto a considerar, recuerda Leiceaga, figuraban ya en las conclusiones de la comisión de estudio de los incendios de 2006, la misma que el PP “boicoteó”, recuerda la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. Como el resto de la izquierda la líder nacionalista también avanza que va “a colaborar”, pero sin obviar que el actual Gobierno es “responsable” de decisiones concretas que impactaron en el efecto del fuego, tales como “modificar la ley para reducir las franjas de protección” en torno a zonas habitadas, de “precarizar el modelo de extinción”, de “recortar en prevención, paralizar el Banco de Terras” o prescindir de parte de los brigadistas eventuales para tener que recuperarlos cuando ya era tarde, operación que también reprocharon Villares y Leiceaga.
No habrá ceses
Como era de esperar, ninguno de los ceses reclamados por la oposición se va a producir. Lo dejó claro el portavoz del PP, Pedro Puy, al considerar que “este gobierno, al contrario” que el de PSdeG y BNG en 2006, “sí afrontó una situación excepcional” y no va a promover la destitución de “personas que funcionaron bien”. Y lo ratificó el propio presidente, que replicó de modo airado a la reclamación personalizándola en Villares. “Cesar a diestro y siniestro” no sería propio “de un gobierno responsable”, sino imitar “lo que sucede en el partido que usted milita” en el que “cesan al de Catalunya desde Madrid”, dijo en referencia a Podemos, aunque el portavoz de En Marea no es miembro de este partido.
Feijóo no abandonará la tesis terrorista y la oposición no la asumirá. El Gobierno no destituirá a ninguno de los cargos cuestionados por En Marea, PSdeG y BNG pero las tres dicen estar dispuestas a sentarse en la comisión de estudio y explorar ese posible “acuerdo de país” sobre medidas que según Feijóo ya están “muy avanzadas”. El pacto, al fin y al cabo, que hace diez años no fue más allá del papel.
