Cacerolada de los hosteleros ante la residencia de Feijóo que amenazan con acciones legales contra la Xunta

Empresarios y trabajadores de los negocios de hostelería de Santiago de Compostela han protagonizado una sonora protesta ante la residencia oficial del presidente de la Xunta en rechazo a las restricciones impuestas al sector por parte del Gobierno gallego tras el regreso de las festividades Navideñas. La convocatoria partió de la Asociación Hostalaría Compostela y la Asociación de Bares, Pubs e Discotecas de Compostela, que se concentraron las 19,00 horas en las inmediaciones del inmueble junto con varias decenas de trabajadores.

Los manifestantes portaban pancartas y corearon consignas para reclamar el cese de la criminalización al sector, y protagonizaron una cacerolada en reclamo de un auténtico rescate que compense las pérdidas y la situación a la que están sometidos debido a las restricciones por la pandemia sanitaria. La protesta se ha desarrollado con normalidad y sin incidentes, aunque varios agentes tomaron la identificación de uno de los manifestantes por situarse en la vía pública. En ese momento se vivieron algunos momentos de tensión, cuando varios personas se acercaron hasta el lugar entonando cánticos y abucheando a la policía.

En declaraciones a los medios, Martín Zarauza, de la Asociación de Bares, Pubs e Discotecas de Compostela, ha asegurado que los negocios reclaman “respeto” a la Administración gallega, que no se les informe “de un día para otro” de las medidas y que se les permita “poder trabajar”. Critican el “cierre encubierto” al que están sometidos, con horarios “que no son beneficiosos para ningún restaurante” y todavía más con el aforo permitido.

La Xunta de Galicia ordenó el pasado viernes el servicio en el interior de bares y restaurantes y limitó su horario a las 16.00. Solo los establecimientos con terraza pueden mantener la actividad de manera residual.

La Asociación de Hostelería ha confirmado que plantearán nuevas movilizaciones en próximas fechas y que estudian emprender acciones legales contra la administración gallega. Según han explicado, los servicios jurídicos de la asociación entienden que las decisiones de la Xunta publicadas en el DOG bis del 8 de enero ocasionaron un evidente perjuicio al sector y “un claro supuesto de Responsabilidad Patrimonial de la Administración Autonómica”. En este sentido, critican que las decisiones adoptadas provocan “un real y efectivo daño” al sector y se adoptaron en un “escaso margen” de tres horas entre el anuncio y su entrada en vigor.

Por otro lado, critican que las ayudas publicadas hasta el momento compensan “únicamente” una “mínima parte de los ingresos” que han dejado de percibir y son “anteriores a este cierre”.