El informe jurídico que retrata las artimañas de los Franco para quedarse con el Pazo de Meirás
“Galicia que le vio nacer, que oyó su voz el 18 de julio, que le ofreció la sangre de sus hijos y el tesoro de sus entrañas [...] asocia para siempre el nombre de Franco a su solar, en tierras del Señor San Yago, como una gloria más que añadir a su Historia”. Así certificaba en un documento la Junta Provincial Pro-Pazo del Caudillo la donación al general fascista del Pazo de Meirás. Era el 31 de marzo de 1938, en plena guerra civil, poco después de que el ejército franquista iniciase los sangrientos bombardeos sobre Barcelona y con miles de asesinados ya entre la población gallega por la represión. En ese mismo día, el Ayuntamiento de A Coruña da cuenta de la “adquisición” del inmueble “para ofrecerlo como residencia veraniega a nuestro invicto Generalísimo y Glorioso Caudillo” y el gobernador civil envía un telegrama al ministro Serrano Suñer para comunicarle, “en nombre de esta ciudad y provincia”, que las torres acababan de ser “adquiridas por el pueblo coruñés para donarlo a nuestro Caudillo S. E. Jefe del Estado”.
Tan sólo unos meses después, el 5 de diciembre, el propio Franco confirma la donación con la estampación de la palabra “acepto” y su firma en el documento de la Junta Pro-Pazo, en la que se integraban el Gobierno Civil, el Ayuntamiento de A Coruña y la Diputación. Este organismo cedía al general, en su condición de Jefe de Estado, el Pazo de Meirás que antes había sido adquirido a Manuela Esteban-Collantes y Sandoval, legítima heredera de la hija de Emilia Pardo Bazán, antigua propietaria de las Torres.
Para lograrlo, el alcalde de la ciudad, Álvarez de Sotomayor, había viajado a San Sebastián y acordado allí una venta a la que los dueños accedieron por un precio aproximado de 400.000 pesetas. Así lo reconocía un teniente coronel del ejército fascista en un informe reservado en el que aludía a la “rapidez” con la que se habían llevado a cabo las negociaciones para evitar que se les “adelantaran” otras provincias con la “misma idea”. Lo recoge el profesor de la Universidad de Santiago de Compostela Xavier Herrera Fernández en el informe histórico-jurídico que, junto a Emilio Grandío, Manuel Pérez Lorenzo y Miguel Ángel Rodríguez han realizado por encargo de la Diputación de A Coruña.
A pesar de constar un pergamino con la propia firma de Franco aceptando la donación y las declaraciones, comunicaciones y textos analizados de aquel 1938 en los que se documenta la donación del Pazo, la cesión no se elevó a escritura pública. Incluso el dictador recibió en un solemne acto en Compostela dicho pergamino en diciembre de 1939. “Acepto gustoso y exclusivamente por ser un obsequio de mis amantes paisanos”, decía respecto del regalo del Pazo.
“A pesar de las evidencias relatadas, no consta elevada a escritura pública ni la eventual adquisición del bien por la Junta Pro-Pazo a sus propietarios, ni tampoco la donación efectuada a favor de Francisco Franco”, recuerda el informe. La propia Diputación de A Coruña, en 2009, denunció ante la Fiscalía la “desaparición” de un documento original de cesión, advirtiendo de que la última fecha en la que se tenía constancia de su localización había sido en 2003 en el archivo provincial, del que fue substraído.
Concluida la guerra e instaurado ya en toda España el régimen dictatorial, el BOE publica el 8 de marzo de 1940 la Ley del Patrimonio Nacional, en la que se regulaba el patrimonio adscrito al uso y servicio del Jefe de Estado, que pasaba a formar parte del bien público. En aquel momento, Franco ya había hecho uso del Pazo de Meirás, incluso antes de haber aceptado la donación de una Junta Pro-Pazo que llevaba tiempo recogiendo aportaciones económicas, tanto de administraciones, a través de fondos públicos, como de retenciones de salarios de funcionarios o de donaciones de particulares, con patrullas de falangistas acudiendo a las casas en plena época de represión y guerra.
Aquellas aportaciones se emplearían, según señala el informe, “en la compra inicial (supuestamente), así como en otras posteriores de fincas y edificaciones colindantes, además de en varias obras realizadas en el contorno de la edificación principal”. Además, tanto su “inicial adquisición” como la “ampliación, mantenimiento, adecuación y conservación”, entre 1938 y 1975, se llevó acabo, en su mayor parte, “con fondos públicos”. Su uso como “residencia temporal del Jefe de Estado” y su cesión en favor de esta figura es lo que lleva a los expertos a señalar que nos encontramos “ante un bien de titularidad pública que, como tal, formaría parte del Patrimonio Nacional”.
Pero esa evidencia era precisamente la que los Franco querían esconder y borrar de la Historia. Fue así como el 24 de mayo de 1941 se otorgó en Madrid y ante notario una escritura de compraventa de la finca urbana Torres de Meirás, inscrita en el Registro Civil de Betanzos justo medio año después. En ella se refleja una compraventa directa del inmueble entre los herederos de la familia Pardo Bazán, como vendedores, y Francisco Franco Baamonde, como comprador a título personal, representado por Pedro Barrié de la Maza, miembro de la Junta Pro-Pazo y posteriormente Conde de Fenosa.
Era un “contrato simulado” y “sin causa”, como dice el informe que avala la nulidad de la transmisión del inmueble. En definitiva, quien ya no era legítimo propietario del Pazo -ya había sido vendido el 31 de marzo de 1938- firmó en un documento que “fingió la existencia de una nueva compraventa” en la que el comprador fue representado “a título exclusivamente particular”.
“Nos encontramos delante de una venta efectuada por quien no era propietario y delante de una compra realizada por quien, a título de jefe de Estado, ya había aceptado el bien mediante una donación previa, y todo eso articulado con la finalidad de eludir la incorporación del bien objeto de la compraventa al Patrimonio Nacional, incorporándolo así a su patrimonio particular”, destaca el informe. Esta es la base de la demanda que la Xunta Pro-Devolución del Pazo hará a todos los grupos de la Diputación de A Coruña y del Parlamento gallego para que insten a Patrimonio Nacional a reclamar la devolución del inmueble, que pasaría a ser un bien público del Estado.
