Suspendido el exfiscal jefe de Ourense por entorpecer una denuncia contra un alcalde del PP
El pasado abril la Fiscalía General del Estado decidió suspender cautelarmente de sus funciones a Florentino Delgado, fiscal jefe de Ourense, en el marco del expediente disciplinario que le había abierto para dilucidar la situación de la vivienda cuyo alquiler le había pagado la Xunta desde 2004 y hasta 2016, momento en el que el fiscal siguió en el piso sin asumir él el arrendamiento. Poco después, en mayo, Delgado obtenía plaza en Madrid.
El fiscal abandonaba Ourense llevando consigo la investigación por el piso, pero también otro expediente disciplinario por abuso de autoridad y dejación de funciones en perjuicio de Áurea Soto, exconcejal del PSdeG en la capital ourensana que había denunciado un caso de presuntas irregularidades urbanísticas de Manuel Cabezas, antiguo alcalde del PP en la ciudad. Este es el caso por el que la Fiscalía General del Estado acaba de decidir sancionar con diez meses de suspensión y una multa a Delgado y, colateralmente, apercibir al actual fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes.
Fuentes de la Fiscalía consultadas por este diario ratifican que la Fiscalía del Estado sanciona a Florentino Delgado por cometer cuatro faltas, dos muy graves y otras tantas graves. Las muy graves son “inobservancia del deber de abstención” e “ignorancia inexcusable en el cumplimiento de sus deberes”. Las graves, confirman las mismas fuentes, tienen que ver con el citado “abuso de autoridad o falta grave de consideración” contra la exedil del PSdeG en la persona de su abogada y su equipo.
Como informó este diario, las quejas de Áurea Soto por la actuación del exfiscal jefe tenían dos vertientes. Una fue por retrasar el proceso en el que la socialista acusaba al exalcalde del PP y otros miembros de su gobierno local por no exigir a varios promotores urbanísticos las cesiones urbanísticas del 10% que legalmente correspondían al Ayuntamiento, lo cual, según el Consello de Contas, supuso una pérdida de unos 1,7 millones de euros para las arcas municipales.
La instrucción del caso finalizó este mismo mes de octubre. La jueza que finalmente acabó siendo instructora, Eva Armesto, considera que el exalcalde Cabezas y otro exconcejal deben ser juzgados por malversación y prevaricación.
Ante lo que consideraba evidentes obstáculos de la Fiscalía de Ourense en el conocido como caso del 10%, la abogada de la exconcejal socialista reclamó formalmente ante la Fiscalía Superior de Galicia. Poco después, el Fiscal Jefe de Ourense citó a la abogada como testigo, un proceder que la letrada consideró “insólito”, que la ponía a las puertas de ser detenida y frente a una amenaza de acciones penales y que suponía, a su juicio, un “abuso de poder” que ahora ratifica la Fiscalía del Estado, a la que se vieron abocados a acudir.
Así, la máxima responsable del Ministerio Público del Estado impone a Delgado los citados diez meses de suspensión del cargo, cinco por cada falta muy grave, y 2.500 euros de multa por las graves, siempre según las fuentes de la Fiscalía consultadas por este diario. Aún tiene, no obstante, la posibilidad de recurrir.
Mientras, el actual fiscal superior gallego es apercibido por “desatención”. La razón es que encomendó al propio Florentino Delgado investigar las quejas de los abogados de Áurea Soto por la obstrucción del caso que estos atribuían al propio fiscal jefe; la Fiscalía del Estado cree que Suanzes no actuó con la diligencia debida al ignorar que los letrados estaban denunciando al mismo Delgado y no a otro representante del Ministerio Público.
