La Xunta recibió denuncias reiteradas sobre la trama de cursos de Ourense
La justicia y la policía han vuelto a dejar en evidencia la insuficiencia de los supuestos controles que realiza la Xunta sobre el destino de sus subvenciones para cursos de formación de desempleados. Como ya había ocurrido con el caso Zeta de subvenciones en A Coruña que acabó salpicando al propio presidente Feijóo, nuevamente la falta de respuesta del Gobierno gallego a las denuncias ciudadanas recibidas, a pesar de su anunciado refuerzo de los controles, acabó desembocando en una investigación judicial que el pasado viernes culminó con la detención de cinco personas y la citación como investigadas de otras dos, entre ellas el jefe de personal de la Diputación de Ourense y alcalde de Monterrei por el PP, José Luis Suárez.
Por lo menos durante los años 2013 y 2014 la Consellería de Trabajo, dirigida entonces por Beatriz Mato, y su Dirección General de Empleo y Formación, con Ana María Díaz al frente, recibieron reiteradas denuncias de varias personas distintas sobre las irregularidades que supuestamente se estaban produciendo en la academia Centro San Pablo de Ourense y en la asociación AEXPA vinculada a la misma con cursos de formación para desempleados subvencionados por la Xunta. Por lo menos desde 2011 Trabajo ya había detectado algunas irregularidades y había pedido el reintegro de diversas cuantías, pero su actuación se limitó al ámbito administrativo y no sería hasta 2015 que la Policía, después de recibir de un particular una denuncia similar a las que habían llegado a la Xunta, inició la investigación que ahora acaba de hacerse pública.
A comienzos de 2013 Trabajo le contestó a una denunciante, a través de una petición que ésta había formulado al Valedor do Pobo [el defensor del pueblo gallego], que ya había tramitado varios de esos reintegros de subvenciones. La denuncia de la ciudadana, al igual que le habían transmitido a Trabajo otros denunciantes por correo electrónico, hacía también referencia a la supuesta colaboración en el fraude y falsificación de documentos de una funcionaria de la propia consellería, esposa del propietario de la academia. Según le contestó entonces la consellería al Valedor, “como consecuencia de su denuncia se inició un procedimiento de investigación” sobre esa funcionaria, al margen del procedimiento ordinario de reintegro de las subvenciones. La consellería de Economía, Empleo e Industria, que desde finales de 2015 tiene las competencia de empleo con Francisco Conde al frente, no aclara que pasó con aquella supuesta “investigación”.
La Xunta no llegó a llevar la supuesta trama de Ourense a la justicia a pesar de que las denuncias que recibió sobre ella coincidieron en el tiempo con la investigación del caso Zeta de supuestos fraudes similares en A Coruña. En otoño de 2011 dos empleadas de una de las entidades implicadas denunciaron la supuesta trama a la Xunta pero no obtuvieron respuesta y acudieron a la justicia, que inició las pesquisas. No fue hasta marzo de 2012, con la investigación judicial ya en marcha pero aún no hecha pública, que la Xunta llevó también el caso a la fiscalía. Un caso por el que acabaría siendo imputado -y desimputado el pasado enero- Pachi Lucas, amigo de Feijóo, que según los investigadores actuaba como intermediario entre los empresarios de la trama y diversos políticos del PP. Por esa causa fue imputado el entonces director general de Trabajo y Economía Social, Odilo Martiñá, que dimitió un día antes de declarar ante la policía, y sigue imputada Ana María Díaz, entonces directora general de Empleo y Formación y hoy directora general de Patrimonio Natural, también con Beatriz Mato como conselleira.
En diciembre de 2014, después de varias detenciones en el marco del caso Zeta, la conselleira Mato compareció en el Parlamento para anunciar el reforzamiento de los mecanismos de control de la Xunta sobre las subvenciones para cursos de desempleados. Lo hizo un mes después de que el Consello de Contas, el órgano fiscalizador de las cuentas públicas equivalente al Tribunal de Cuentas estatal, emitiese un duro informe constatando que las irregularidades estaban presentes hacía años en todo el sector, impartiesen los cursos academias, empresarios o sindicatos. Nada de eso sirvió para que el origen de la denuncia ante la justicia de la supuesta trama de Ourense partiese de la Xunta y no, nuevamente como en el caso Zeta, de un particular.
