El Partido Popular de Santiago cree haber dado con una veta política que están dispuestos a explotar hasta las elecciones de mayo. El candidato conservador a la alcaldía de Santiago, Borja Verea, ha anunciado su intención de presentar denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para solicitar que se investigue la presunta existencia de una trama política que pretende regar de contratos a empresas “amigas” de la administración que dirige el socialista Xosé Sánchez Bugallo.
Los populares basan su denuncia en los hechos que han rodeado la dimisión del concejal de Medio Rural, José Manuel Pichel, obligado a dimitir tras saberse que había impulsado el alquiler de una nave de su propiedad para albergar en ella las oficinas del departamento municipal que él mismo dirigía. Según asegura Verea, “no estamos ante un error sino ante una trama organizada que tiene como objetivo desviar fondos públicos a empresas amigas”.
La formación de derechas se muestra convencida de que el caso de Pichel es solo la punta del iceberg de una trama mayor en la que las adjudicaciones a dedo constituyen el modus operandi para adjudicar servicios a empresarios de la órbita del poder municipal.
El BNG pide la dimisión del alcalde
La portavoz del BNG, Goretti Sanmartín, calificó lo sucedido como un hecho “grave” que “pasa la responsabilidad ética y de honestidad”. “Hablamos de hechos realmente graves: la contratación a dedo, sin garantizar, por lo tanto, la libre concurrencia y la igualdad de oportunidades por parte de la junta de gobierno del partido socialista del alquiler de una nave en el parque empresarial de Costa Vella a la empresa participada en un importante porcentaje por uno de los miembros del gobierno de Bugallo, que se vio obligado a dimitir de manera urgente”.
Sanmartín ha destacado que la venta de las acciones de José Manuel Pichel de la empresa con la que participaba en la nave “se produce en septiembre después de aprobarse en la junta de gobierno y con advertencias de la intervención municipal”. “Solo busca un efecto tapadera para pasarle las acciones a una empresa de Uniones Agrarias”, ha relatado.
En esta misma línea, ha censurado que entregara esas acciones “a grupos relacionados con el socialismo y con UGT”, ya que Desproi es propiedad al 63,69 por ciento de otra firma, Ribaterra S.L., que pertenece a UGT-Galicia.