El presidente de la Xunta convierte sus intervenciones en una lista retórica de reclamaciones al Gobierno central

La última sesión de control parlamentario al presidente de la Xunta de Galicia coincidió con el 8M. La oposición de BNG y Partido Socialista centró sus preguntas en la igualdad y el feminismo y en la acción al respecto del Gobierno gallego. Alfonso Rueda, siempre adherido al argumentario de Génova, no acabó de responder y se lanzó a una crítica algo extemporánea, por fuera de lugar, de la ley del sí es sí. Lo remachó con un anuncio, síntesis de la táctica política de su gabinete: al día siguiente anunciaría un plan para pedir al Gobierno central más juzgados de violencia de género. Presidente desde que Núñez Feijóo participó en la conjura para liquidar a Pablo Casado hace ahora un año, Rueda está llevando al extremo la práctica discursiva de su antecesor, convertir sus intervenciones en una lista retórica de reclamaciones a Madrid al tiempo que desatiende sus competencias.

La solicitud de más juzgados, cinco en concreto, sucedía tras haber votado contra propuestas similares del Bloque e implicaría, dijo, que “muchas mujeres que tienen miedo se sientan más protegidas”. La realizó en el Parlamento de Galicia exactamente un año después de que Feijóo también prometiese cosas por el Día Internacional de la Mujer. En su caso fue una nueva ley de igualdad que situaría Galicia “en la vanguardia” de la materia. No sé volvió a saber del tema hasta que este mes la desempolvó el gabinete de Rueda y aseguró que la enviaría a la Cámara “en las próximas semanas”. Durante esa semana, el Partido Popular ensayó una pirueta arriesgada, toda vez que se ha opuesto históricamente a la legislación de avance en la igualdad de género, la de presentarse como depositario del feminismo. Buscaba el contraste con las consecuencias jurídicas de la norma del sí es sí y las desavenencias entre PSOE y Unidas Podemos.

La eólica marina

Los discursos de la derecha gallega que han rodeado al 8M no son más que la última muestra de la gobernanza de Rueda. Antes hubo otras y variadas. A finales de febrero se le presentó una buena oportunidad para el comentario crítico de lo que hacen otras administraciones, la presentación del Plan de Ordenación del Espacio Marítimo del Ministerio para la Transición Ecológica. Entonces cargó contra el Gobiero central “por no contar con Galicia” y se comprometió a “no autorizar ningún parque eólico que ponga en riesgo los recursos pesqueros”. “Si nos hubieran preguntado, habríamos dado nuestra opinión”, se indignó. Su relato no tardó en hacer aguas. La Xunta había participado con alegaciones sobre la evaluación ambiental de la eólica marina –simplificar la tramitación de los parques e identificar zonas de paso de aves– y enviado, en 2022, respuestas a preguntas sobre el marco normativo autonómico. Hubo además 10 reuniones, varias bilaterales, entre los ejecutivos autonómico y estatal para tratarlo. Dos días después admitió que ese diálogo había existido, aunque no le parecía suficiente. La versión sobre lo sucedido había mutado sensiblemente.

Lo que no mencionó durante esos días Rueda fue otro episodio relacionado con la éolica marina. Su gabinete había intentado la instalación de un parque experimental a diez kilómetros de la costa de A Coruña, pero el Ministerio para la Transición Ecológica denegó los permisos: lo había situado en uno de los corredores migratorios de aves marinas más importantes del planeta. El vicepresidente gallego Francisco Conde lo había llegado a publicitar, con el argumento de que “acercaría conocimiento tecnológico y en el ámbito de la biodiversidad”. No parecía entonces preocupado por la pesca, cuyas asociaciones gremiales se han levantado contra el plan del Ejecutivo central, apoyadas por el BNG. En todo caso, el Gobierno central no aprobó aquel proyecto experimental.

El tren de cercanías

El tren y su ordenación también se ha convertido en terreno de disputa para la Xunta de Galicia. Pero disputa con las dobleces usuales. Este febrero, el Consello –la reunión semanal del gabinete de Rueda– emitía un Informe sobre a necesidade de recuperación e mellora dos servizos ferroviarios en el que señalaba la conveniencia de habilitar ferrocarril de cercanías en las ciudades y áreas metropolitanas gallegas. A Coruña y Vigo son, de hecho, los dos únicos espacios urbanos de ese tamaño en la península que carecen de tales servicios.

Resulta que el PP ha votado en contra de numerosas iniciativas parlamentarias de la oposición en este sentido. Y ha olvidado completamente una promesa del primer programa electoral con el que Alberto Núñez Feijóo se presentó –con éxito– a la presidencia de Galicia en 2009: la creación de un “Ente Ferroviario Galego” que “gestione las cercanías y que dirija la construcción y explotación de los metros ligeros de las áreas metropolitanas de A Coruña y Vigo”. Ahora exige del Estado “mantener e incrementar los servicios ferroviarios para adaptarlos a las necesidades reales de la población” y una “apuesta clara por los servicios de proximidad regional”. A la creación de un operador público autonómico, a imagen y semejanza del exitoso Euskotren, no se han vuelto a referir en 13 años, tal y como recordaba recientemente el digital Praza Pública.

A lo que sí se ha sumado la Xunta es al “lobby atlántico” impulsado por Euskadi junto a Asturias y Cantabria. Su objetivo, presionar –explicó el lehendakari Urkullu– en la Unión Europea y en el Estado para “hacer efectivas las conexiones de alta velocidad” o el corredor de hidrógeno verde.

La sanidad pública

El estado de la sanidad pública, con servicios como la atención primaria colapsados y enormes listas de espera, es uno de los puntos calientes de la gestión política de Alfonso Rueda. Quizás por ello es donde el presidente y su conselleiro del ramo, Julio García Comesaña, más se empeñan en echar balones fuera. O, más que fuera, hacia el tejado del Gobierno central. Pese a que las competencias en la materia son exclusivas de la comunidad autónoma desde los años 90 –el tripartito del socialista Gonzaléz Laxe inició el traspaso que culminó Fraga Iribarne–, la actual Xunta se esfuerza por tierra, mar y aire en responsabilizar a Sánchez de la situación. Esta desviación de responsabilidades choca a menudo contra la realidad.

La oposición avisa desde hace años de la deriva de la sanidad pública bajo los sucesivos gobiernos del PP. No pocas de sus advertencias han acabado por confirmarse. La congelación del número de médicos de familia o incluso, de tener en cuenta el IPC, del presupuesto para primaria –solo una comunidad en el Estado gasta menos en el sector, Madrid– ha conducido a la saturación de los ambulatorios. El Gobierno gallego se defiende como puede –las manifestaciones multitudinarias de protesta se suceden, la última el 12 de febrero en Santiago de Compostela– e insiste en pedir a Madrid la convocatoria de “más plazas MIR y unidades docentes”. La última convocatoria de residentes del Servizo Galego de Saúde no cubrió todas las plazas. Sindicatos y asociaciones colegiales consideran que la precariedad laboral es, en última instancia, el problema. Lo reconoció implícitamente el Gobierno autonómico, cuando ofreció sobresueldos a los facultativos que cubriesen guardias.

Esa y la flexibilidad para compatibilizar función pública sanitaria y trabajo en la sanidad privada fueron las dos principales medidas adoptadas por Alfonso Rueda.

La futura ley del litoral

El Partido Popular en la Xunta de Galicia ha batido una singular marca. Tras 14 años en el gobierno, no ha obtenido ni una sola nueva competencia para la autonomía. Solo en los últimos tiempos ha actualizado una vieja demanda del nacionalismo y la izquierda: la gestión del litoral. Lo ha hecho después de que el Ejecutiva central anunciase una ley de cambio climático que limita la construcción en la costa. El Gobierno gallego la criticó con dureza y ahora trabaja –asegura– en una ley del litoral que pretende, entre otras cosas, blindar la instalación de hoteles en edificios ya construidos en dominio público marítimo terrestre. Será, de salir adelante, la primera ley de la etapa Rueda (la del juego está en trámite, pero venía de la etapa Feijóo). Su retórica de peticiones y ataque constante a la acción del Gobierno central, siempre que este no lo ocupe el PP, contrasta con una demediada actividad legislativa heredada de Feijóo.