El Tribunal Supremo ha inadmitido los recursos que interpusieron la Xunta, Alsa y Monbus contra la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que dictaminó que que estas dos empresas se habían repartido el mercado y ordenó al órgano gallego de Competencia, que desoyó las denuncias de sindicatos y otras empresas de transporte, imponer una sanción. El fallo, adelantado por Praza.gal, tiene fecha del 4 de octubre y hace firme la decisión, dado que ya no cabe recurso.
El fallo del Supremo aborda el argumento de la Xunta, que denunciaba una infracción de un artículo legal por supuesta falta de legitimación activa de la recurrente en la instancia, pero los magistrados del Supremo consideran que “la cuestión planteada carece de interés casacional objetivo, pues es abundante la jurisprudencia sobre la legitimación del denunciante y el interés legítimo, evidenciándose una mera discrepancia con la apreciación de las circunstancias concurrentes realizada por la sala de instancia”.
En cuanto a los escritos de Alsa y Monbus, el tribunal señala que se acordó el archivo del expediente sin comprobar los hechos denunciados, “existiendo indicios racionales de infracción”. Por ello, dice, “la hipotética consideración de que no fueran conformes a derecho los argumentos y razonamientos de la sentencia recurrida en este particular aspecto no se traduciría en el éxito de la pretensión estimatoria en casación”.
Las denuncias ante Comisión Galega da Competencia, órgano adscrito a la Xunta, fueron archivadas sin que se hiciesen siquiera comprobaciones. En esa comisión las decisiones las toman el presidente y dos vocales, nombrados por el Consello de la Xunta, que en la actualidad son: Ignacio López-Chaves, ex diputado del PP, y los vocales Teresa Cancelo Márquez, profesora, ex parlamentaria y ex concejala del mismo partido, y Daniel Neira Barral, profesor y hace años también militante de la formación conservadora.
El BNG ha pedido, tras conocerse la decisión del Supremo, que la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, comparezca en el Parlamento. La acusa, y también al Gobierno gallego, de “connivencia” y “trato de favor”.
Una de las empresas, Monbus, ha reaccionado también a la noticia. Según publica Europa Press, se muestra “profundamente sorprendida”. “Si bien es cierto que la admisión de recursos en esta instancia es inferior al 13%, confiábamos en que el máximo tribunal entrase a valorar el fondo de la cuestión, algo que, desafortunadamente, no ha considerado oportuno hacer en este caso”, señalan fuentes de la compañía, que anuncian recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en los próximos días. Insiste en que la sentencia del TSXG es “injusta” y sostiene que no ha incurrido en “práctica anticompetitiva alguna”. Lo que señala esa sentencia es que Alsa y Monbús evitaban competir entre ellas en los concursos para adjudicar las rutas de transporte de viajeros por carretera para repartirse el mercado.