En otoño de 2017 la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia se negó a entregar a la Asociación de Pacientes y Usuarios del Hospital Clínico de Santiago el contenido íntegro de los convenios que había firmado el Servizo Galego de Saúde (Sergas) con la empresa sanitaria estadounidense Medtronic. Estos acuerdos, como reveló Praza.gal, permiten a la multinacional americana “testar” sus productos en hospitales públicos gallegos y, aunque formalmente no tienen dotación económica, la Xunta aporta en ellos personal y también dinero. El Gobierno gallego los trató cómo secretos ante la Asociación y ante el Parlamento, incluso con más cautela de la exigida por la propia Medtronic.
Sanidade basó su negativa en la necesidad de proteger el “secreto comercial” y la “propiedad industrial” de la compañía. Lo hizo sin consultar previamente con la propia empresa sobre si autorizaba o no a revelar los documentos. Según el departamento que dirige Jesús Vázquez Almuiña, esa consulta no existió por una “omisión involuntaria”, pero lo cierto es que supuso también saltarse un paso “esencial” de la ley estatal de transparencia. Así lo dictaminó la Comisión de Transparencia de Galicia, máximo órgano autonómico en la materia al que la Asociación de Pacientes recurrió para intentar conseguir la información.
A finales de la pasada primavera la Comisión de Transparencia constató que la Xunta se había saltado la ley e instó a la Consellería a subsanar este “vicio de forma”. Debía “retrotraer” el expediente al punto en el que obvió la consulta a la empresa. Sanidade acató la orden de Transparencia y en junio de este año “notificó” lo sucedido a Medtronic. Al contrario que el Gobierno gallego, la multinacional no puso obstáculos a la entrega de la documentación al colectivo de pacientes. Según la documentación del expediente, a la que ha tenido acceso Praza.gal, a través de un burofax remitido a la Consellería el pasado 5 de julio Medtronic señaló que no ve “impedimento para facilitar” a la Asociación “el contenido íntegro” de los convenios firmados con el Sergas para los hospitales de Santiago, A Coruña y Lugo, como había pedido.
Esta respuesta, evidencia el documento firmado por el secretario general técnico de Sanidade, Alberto Fuentes, supone “expresa conformidad” de Medtronic a revelar los documentos que la Xunta ocultaba. La Consellería, admite el escrito, “valoró en un primero término como motivo de denegación” que entregar a la Asociación todos los papeles podría causar “perjuicio al secreto profesional y a la propiedad intelectual e industrial” de la multinacional. En esa negativa Sanidad tampoco valoró que Medtronic había firmado convenios semejantes con otras comunidades autónomas como Catalunya, donde la Generalitat publicó íntegramente el contenido del acuerdo en internet para su consulta libre.
En la parte de documentación que la Xunta inicialmente ocultó se detalla, por ejemplo, que Medtronic “desarrolla un marco operativo del área cardiovascular” del Clínico de Santiago, instalándose en ella con permiso para probar sus productos y servicios con la intención de “fortalecer su posición” en el mercado. El convenio trajo consigo la instalación de un equipo de TAC y de otro de Resonancia Magnética “exclusivamente para servir los fines de este acuerdo”. A Medtronic le correspondieron los gastos de instalación y mobiliario siguiendo su propia guía de estilo, mientras que el Sergas asumió “los gastos corrientes derivados del uso de las instalaciones”, como electricidad, agua, limpieza y mantenimiento de posibles averías. Aportó también “profesionales sanitarios con la calificación necesaria” y aceptó la presencia de un ejecutivo de la empresa “a tiempo completo” en el hospital.