La Xunta de Galicia pretende mitigar el malestar de los médicos de primaria flexibilizando que trabajen en la privada

El estado de la atención primaria en Galicia es un problema que la Xunta ya no es capaz de negar. Las esperas para obtener cita se disparan en los centros de salud, los facultativos atienden a menudo el doble de pacientes de lo recomendable profesionalmente, faltan pediatras y otros doctores. El presidente Alfonso Rueda se resigna e insiste en que la responsabilidad principal es del Gobierno central, pese a que las competencias en la materia son de la autonomía, por no “permitir más plazas” MIR. Sindicatos y organismos colegiados replican que son las condiciones laborales del Servizo Galego de Saúde (Sergas) las que obligan a los médicos a emigrar. Este martes, Rueda se reunió con el Consello Galego de Colexios Médicos y la principal medida a la que se comprometió fue a flexibilizar los requisitos para que los profesionales de la sanidad pública compatibilicen su labor con contratos en la privada.

Lo anunció la Consellería de Sanidade en una nota remitida a los medios de comunicación a las 11 de la noche. “El Gobierno gallego ha acordado con el Consello Galego de Colexios Médicos avanzar en el impulso a la atención primaria y en la compatibilidad de la práctica profesional”, decía la breve nota en lo que calificaba como “principales conclusiones” del encuentro. El organismo médico le pidió además a la Xunta “una reestructuración territorial”. Sanidade asegura que ambas partes “coincidieron en el diagnóstico sobre las dificultades que afronta el sistema sanitario”, aunque sin entrar en detalles, y reclamó apoyo para “incrementar la capacidad formativa y contar con más plazas MIR y unidades docentes”. La última convocatoria de residentes ofertada por el Sergas no consiguió cubrir todas las plazas.

El Colexio Médico de Pontevedra, uno de los integrantes del Consello Galego, rompió relaciones con la consellería la semana pasada al acusarla de estar “permanentemente instalada en una realidad falsa y fantasiosa” y deteriorar el servicio público. Centrales sindicales, agrupaciones de pacientes y oposición política al PP denuncian desde hace años que las políticas de los sucesivos gabinetes conservadores atacan los pilares de la sanidad pública.