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Le Senne (Vox) no dimite tras ser procesado por romper la foto de Aurora Picornell y otras asesinadas por Franco

El presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne, junto a la fotografía desgarrada durante el pleno del pasado 18 de junio

Esther Ballesteros

Mallorca —
28 de enero de 2025 13:02 h

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El presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), no contempla dimitir a pesar de haber sido procesado por romper, en pleno debate de la derogación de la Ley balear de memoria democrática, el retrato de la republicana Aurora Picornell y de las activistas María y Antònia Pascual, asesinadas por los franquistas la noche de reyes de 1937. El juez que se ha encargado de instruir la causa decretó este lunes que continúe adelante el procedimiento judicial mediante un auto que deja al dirigente de extrema derecha a las puertas del banquillo al considerar que “el ataque llevado a cabo” por el investigado “revela un odio evidente hacia la ideología de las personas que estaban representadas en esas imágenes, causando un evidente daño moral a la memoria de las 'Rojas del Molinar' [como se las conoce popularmente]”.

En declaraciones a los medios, Le Senne ha remarcado que los procedimientos judiciales tienen “sus tiempos” y ha manifestado que no adoptará por el momento “ninguna decisión” acerca de su continuidad en el cargo, dado que la resolución dictada por el instructor “no es firme”. La segunda autoridad de Balears ha señalado que “no quería valorar ni tomar decisiones” tras la decisión del juez, remarcando que “el asunto está sub iudice” e incidiendo en que “seguirá trabajando”. Le Senne ha mostrado, asimismo, su “respeto” por el proceso, que se encuentra en fase de procedimiento abreviado, previa a la apertura de juicio oral que prevé instar la mayor parte de las acusaciones personadas.

Por su parte, el portavoz del Govern balear, Antoni Costa (PP), ha trasladado este martes a los grupos parlamentarios las decisiones que en el futuro se puedan tomar con relación a la continuidad de Le Senne como presidente de la Cámara ante la posibilidad de que finalmente se siente en el banquillo. El también vicepresidente económico ha insistido en el “respeto absoluto” tanto por la decisión del juez como por los planteamientos del fiscal, que la semana pasada solicitó el archivo de la causa.

“Somos muy pocos dados a futuribles y muy dados a respetar los procedimientos judiciales”, ha incidido Costa a preguntas de los medios, reiterando que el Ejecutivo “nada tiene que decir al respecto”. Con todo, ha reiterado la condena de los hechos que tuvieron lugar en el pleno del 18 de junio, que debatía la toma en consideración de la derogación de la Ley de memoria democrática.

En la resolución dictada este lunes, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, Juan Manuel Sobrino, apunta a la existencia de indicios de que Le Senne cometió un delito de odio al “lesionar la dignidad de esas personas y sus familiares y de los partidos políticos de que eran militantes” mediante un gesto que, subraya, “acredita la clara intención de humillarlos”. En el mismo documento, el juez recalca que “todo ello no puede descontextualizarse del signo político del partido al que pertenece el señor Le Senne, Vox, que, como se acredita con las documentales aportadas con las diferentes querellas y denuncias, nunca condenó el régimen franquista”.

El magistrado dio así un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones particulares para que insten el sobreseimiento de la causa o la apertura de juicio oral y, en tal caso, concreten las penas que solicitan para el encausado. En concreto, los descendientes de las republicanas asesinadas, Memòria de Mallorca, el colectivo Estimada Aurora -en representación de unos 50 ciudadanos-, el Partido Comunista (PCE) y el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) reclaman que el caso llegue a juicio ante lo que consideran un gesto que “ofendió a todas las víctimas del franquismo”.

En el auto, el juez abunda en que las acciones perpetradas por el presidente del Parlament -“no sólo rasgar el folio que contenía sus efigies, sino también romperlo en pedazos y tirar esos trozos al suelo”- “no sólo menoscaban la memoria de dichas víctimas del franquismo, sino también de los familiares de las mismas, del partido político al que pertenecían, además de la sociedad en general, ya que las mismas tienen concedidos numerosos honores y distinciones públicas por los valores que representan y simbolizan, tal como se puede apreciar con las documentales obrantes en la causa”.

La Fiscalía, sin embargo, considera que, tras la práctica de la instrucción, no ha resultado acreditada “la voluntad de lesionar la dignidad de las personas representadas en la fotografía [expuesta en la tapa del ordenador de la vicepresidenta segunda de la Cámara, Mercedes Garrido] y en general de las víctimas del franquismo y la de sus familiares vivos”, como tampoco que el acto de romper y arrojar al suelo la fotografía “obedeciera a una motivación discriminatoria y excluyente”, como sí defienden los querellantes del proceso. 

El propio Le Senne, durante la declaración que prestó el pasado 27 de septiembre en calidad de investigado, se aferró a los mismos alegatos que hasta ese momento había esgrimido públicamente: que el episodio fue “accidental” y que este tuvo lugar después de que Garrido, la diputada socialista que exhibía el retrato en la tapa de su ordenador, se negara a retirarlo, lo que, en opinión del presidente, contradecía la neutralidad requerida en la Mesa del Parlament. Al ser preguntado por la Fiscalía sobre si con una fotografía de Franco habría hecho lo mismo, el máximo representante de la Cámara autonómica respondió que sí. El parlamentario se negó a responder a las acusaciones particulares, pero sí lo hizo a preguntas del Ministerio Público, de su abogado y del juez.

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