780 millones recaudados a los turistas para proyectos sobre vivienda y medio ambiente: así funciona la 'ecotasa' balear
Más de 780 millones de euros, recaudados desde 2016, y repartidos entre 120 proyectos. Es el balance del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), conocido como 'ecotasa', que gestiona el Govern balear y que podría implementarse en otros territorios como Canarias, Euskadi o Castilla-La Mancha para mitigar los efectos de la masificación turística -en otras regiones, como la Comunitat Valenciana, se eliminó tras la llegada al poder de la derecha-. Gestionado por la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears (AETIB), este organismo espera que de cara a 2025 el número de proyectos supere los 300.
Según la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports, los proyectos están divididos en seis ejes: medio ambiente con 180 millones de euros -un proyecto de este estilo es la protección de la posidonia-, turismo sostenible con 41 millones -por ejemplo, la señalización de las vías ciclistas en Mallorca-, patrimonio histórico con 11 millones -por ejemplo, la recuperación del Camí de Cavalls en Menorca-, investigación científica con 48 millones -por ejemplo, el impulso de la movilidad eléctrica-, formación y ocupación con 22 millones -con iniciativas como la protección de la salud laboral de las kellys o la financiación de la escuela de hostelería en las Pitiüses- y vivienda y alquiler social con 80 millones.
Los datos de la Conselleria muestran que para este año 2024 la previsión de ingresos vía este impuesto es de 136 millones de euros, que se recaudan a través del gravamen de las pernoctaciones hoteleras en los establecimientos reglados por ley –desde hoteles cinco estrellas plus, donde se aplica una tasa de 4 euros diarios por estancia en temporada alta, a pensiones, albergues y campings, gravados con 1 euro diario– con la finalidad de financiar proyectos “para compensar el impacto del turismo sobre el territorio y el medio ambiente”.
Falta de transparencia y proyectos fuera del medio ambiente
Desde su creación en 2016 por parte del Govern de izquierdas de Francina Armengol, la ecotasa ha sido objeto de críticas por parte de los grupos ecologistas de Balears por diferentes motivos, entre ellos por la asignación de gran parte de los fondos recaudados a fines distintos de los previstos originalmente -la preservación del medio ambiente- o por la falta de transparencia y argumentación en la toma de decisiones sobre qué proyectos se financian.
Aunque el importe del tributo resulte insuficiente para las asociaciones ecologistas, según Margalida Ramis, portavoz de la asociación ecologista GOB Mallorca, “por mucho que aumente, no llegará a tener el efecto disuasivo que en algún momento se le ha adjudicado”. En la misma línea, Carles Manera, exconseller socialista de Economía, Hacienda e Innovación del Ejecutivo balear, defiende que el destino del impuesto -es decir, qué proyectos son los que se financian con él- “es probablemente uno de los factores más criticables”.
Manera destaca la importancia de distinguir un impuesto de esta naturaleza con una ecotasa: “El ITS tiene un destino finalista, es decir, el dinero recaudado debe estar destinado a corregir posibles dificultades que esté generando la actividad a la cual se le pone el gravamen”. Asimismo, denuncia la posibilidad de que “el impuesto se haya podido convertir en un cajón de sastre donde diferentes consellerias y las administraciones pudieran pedir una cuota del botín”.
Según Manera, el Govern debería aclarar el proceso de elección de los proyectos y establecer una finalidad concreta, con el objetivo de “evitar que el impuesto se convierta en un nuevo paquete presupuestario”. Para el exconseller y economista, la posible reducción del impacto turístico sobre el territorio depende de la decisión final sobre en qué se invierte el dinero recaudado.
El impuesto no debe convertirse en un cajón de sastre donde diferentes consellerias y las administraciones pudieran pedir una cuota del botín. Es necesario evitar que se convierta en un nuevo paquete presupuestario
Conflicto en la toma de decisiones
La elección de los proyectos ha generado conflictos entre las asociaciones ecologistas y el Govern ya que, según Margalida Ramis, ha habido cambios en la elección de los proyectos y “la mirada del PP ha impulsado que haya una parte importante del fondo que pueda acabar en manos privadas o de la industria hotelera”. Desde la entidad reivindican que el impuesto “no debería beneficiar al negocio turístico”, sino cumplir con la filosofía inicial, que era “intentar compensar, revertir o regenerar aquellas áreas más afectadas en términos ambientales y sociales por el turismo masivo”.
La mirada del PP ha impulsado que haya una parte importante del fondo que pueda acabar en manos privadas o de la industria hotelera. El impuesto no debería beneficiar al negocio turístico. Está pensado para intentar compensar, revertir o regenerar aquellas áreas más afectadas en términos ambientales y sociales por el turismo masivo
La “falta de transparencia” en los mecanismos de decisión ha sido un foco de crítica desde la creación del impuesto. Desde el GOB aclaran que el problema no recae sobre los mecanismos de transparencia en general, ya que en la página web de la AETIB se publica toda la información sobre los diferentes datos como los plazos o los proyectos financiados. Según Ramis, existe una falta de transparencia en la toma de decisiones, ya que “la ley establece que se lleven a cabo comités de trabajo”, aunque afirma que no es así: “Cuando llegamos al comité ejecutivo ya está todo decidido y no podemos seleccionar las prioridades ni evaluamos proyecto a proyecto”.
Por esta razón, desde la entidad han solicitado que “no se vote en bloque”, es decir, que no se decida el plan anual en su conjunto, sino proyecto a proyecto, “porque hay de todo”. Como consecuencia, el voto del GOB ha sido “históricamente en contra”, ya que consideran que “nunca ha resultado prioritaria la recuperación del entorno o la implementación de mejoras ambientales” y se está “repercutiendo al negocio turístico”.
Un motivo por el que el GOB votó en contra del plan extraordinario de 2023 fue el patrocinio de acontecimientos. “Según se nos dijo de palabra, de carácter deportivo”, aclara Ramis. “En cualquier caso, si es para promover más saturación, no es el propósito del ITS”, añade. Además, también se opusieron a la financiación de “la construcción de equipamientos e infraestructuras que incrementan la capacidad de acogida turística”, como el Palacio de Congresos y el recinto ferial en Eivissa, o a invertir en campos de fútbol en Sóller “para fomentar el llamado turismo sostenible deportivo”.
El GOB critica que se vote el plan anual en su conjunto y solicita que la votación sea proyecto a proyecto. En 2023 votaron en contra del plan extraordinario porque incluía el patrocinio de acontecimientos. También se opusieron a la financiación del Palacio de Congreso o de campos de fútbol
La organización también propone cambios en la gestión de agua. Aunque “desde el primer momento ha sido prioritaria”, en palabras de Ramis, el GOB exige que se destine la recaudación del ITS a la “recuperación y regeneración del entorno –por ejemplo, a la renovación de acuíferos– y no a mejorar las infraestructuras de saneamiento o depuración como ”se ha hecho hasta ahora“. ”Esos proyectos se han de llevar a cabo, pero no deberían financiarse con el dinero recaudado por el ITS“, sentencia Ramis. Cabe recordar que un estudio de la Universitat de les Illes Balears (UIB) constató que los turistas consumen en las islas el 24,2 por ciento de los recursos hídricos, unos 33 millones de metros cúbicos al año.
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