Se alquila chabola a turistas que quieran “salir de la zona de confort”: la surrealista oferta ilegal en Airbnb
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El anuncio era claro: “Vive una experiencia diferente, fuera de tu zona de confort”. ¿El precio? 45 euros la noche. Cerca del aeropuerto y de los principales clubs de la isla. Eso sí, el anunciante aseguraba que el espacio era para una noche. “Dos como mucho, porque el ruido de coches, aviones, bichos y pájaros no permite dormir bien”, concretaba. Aunque Airbnb ha anunciado la retirada del mismo, la realidad es que la plataforma de alquiler turístico no había tomado ninguna medida desde el mes de agosto, fecha en la que se puso el aviso. Tampoco ninguna autoridad competente denunció ante Airbnb la existencia de esta oferta ni exigió que se retirara. Parece que el acuerdo al que llegaba el Consell Insular de Eivissa con Airbnb en 2020 para la retirada de anuncios ilegales, y que la institución anunciaba a bombo y platillo, no tiene los resultados esperados.
A pesar de que las sanciones llegan tarde, el Ejecutivo insular ha anunciado, después de una semana de conocerse los hechos, que su Oficina Contra el Intrusismo ha abierto diligencias previas “contra el comercializador de una tienda de campaña en el asentamiento de Can Raspalls, en Sant Josep”. En un comunicado, la institución insular ha señalado que, una vez se conocieron los hechos, “los inspectores instaron a la plataforma a eliminar el anuncio”. “Mediante un nuevo 'software' de certificación de contenidos online se ha podido incluir el anuncio en las diligencias previas, que probablemente acabarán en un expediente sancionador que podría ascender a 40.000 euros, según la actual Ley turística de Baleares”, asegura la máxima institución insular.
El alojamiento anunciado constaba de varias tiendas de campaña, situadas dentro de un cercado de palés tapados por unas telas de rafia negras, en la parte alta de estos terrenos de Can Raspalls, propiedad de un fondo de inversión. Entre las “habitaciones” se encontraba una “salita” con unas sillas y mesas de camping debajo de un árbol. Al parecer, el supuesto arrendador, un hombre de alrededor de 60 años llamado Víctor, se enteró de la noticia cuando estaba contando todo en un programa de televisión. Era consciente de que estaba cometiendo una ilegalidad, pero no creía que la multa pudiera ser tan alta, según concretaba en directo en el programa de Ana Rosa.
El supuesto arrendador, un hombre de alrededor de 60 años llamado Víctor, se enteró de la noticia cuando estaba contando todo en un programa de televisión. Era consciente de que estaba cometiendo una ilegalidad, pero no creía que la multa pudiera ser tan alta, según concretaba en directo en el programa de Ana Rosa
Víctor asume en la emisión los beneficios que el “negocio de alquiler” le ha proporcionado desde el mes de agosto ingresos que han ascendido a 900 euros, provenientes del arrendamiento del espacio a 30 personas; cifras que según él no le van a permitir pagar la multa. El anuncio no pasaba desapercibido a nadie. El Periódico de Ibiza asegura que Víctor era un anfitrión con 2 años de antigüedad en la plataforma y, además, ejercía las labores de taxista pirata, asunto también sancionable por el departamento de intrusismo del Consell d'Eivissa. “Es una experiencia de sobrevivientes. A 15 minutos del aeropuerto. Incluye: cómodo colchón, sábanas, nevera camping, menaje básico de cocina, sanitario seco y ducha de bolsa (10 litros). Además, no cuenta con electricidad”, explicaba el anuncio en el que aparecía su ubicación y que ese diario ubicaba en Can Raspalls.
“Creíamos que eran trabajadores”
Sin embargo, los residentes en el asentamiento que aún habitan en sus campamentos improvisados no salen de su asombro. No conocían el negocio inmobiliario al igual que aseguran el Ayuntamiento y el Consell. Así lo corroboran a elDiario.es. “Nosotros veíamos a gente con maletas, pero creíamos que eran como nosotros, trabajadores”, explican.
La tranquilidad es total ahora en los terrenos de Can Raspalls. Muchas de las personas que se alojaban allí ya no están. Unos han terminado la temporada y han vuelto a sus casas. A otros la presencia de la policía les ha sugerido encontrar otro sitio donde dormir; debajo de otro árbol, si hay suerte. El sol pega con fuerza aún en mitad de octubre en estos terrenos aledaños a la localidad de Sant Jordi, en el municipio de Sant Josep, flanqueados por un centro escolar que ya ha iniciado sus clases y por una zona comercial muy concurrida. Ningún turista por la zona. Todo en calma.
El fondo de inversión, propietario de los terrenos, no se ha hecho cargo de la situación de ocupación de los mismos. Fuentes del Ayuntamiento de Sant Josep aseguran que el Consistorio ha intentado buscar una solución con la propiedad, pero que esta, a pesar de verbalizar su intención de acabar con el asentamiento, “no ha movido ficha en ningún momento”. La intención del equipo de gobierno del PP en el Consistorio es ahora emprender acciones legales para que este fondo de inversión se haga responsable de las ilegalidades que se están cometiendo en sus terrenos, sin que hayan podido concretar cuáles van a ser los próximos pasos en este sentido. “Lo estamos estudiando”, afirman desde el Ayuntamiento.
La realidad de este asentamiento no es nueva. La mayoría de los presentes en la visita de elDiario.es a Can Raspalls llevan 4 años viniendo a montar sus campamentos en este lugar. Son saharauis de procedencia y aseguran que son los primeros que se instalaron en estos terrenos. “Después vinieron los latinos que se acomodaron en las zonas de más arriba”, justo frente a la zona comercial, próxima a can Bellotera y a la carretera de Eivissa a Sant Josep, en el mismo lugar donde Víctor instaló su Airbnb. A esta hora del mediodía de otoño aún cantan las cigarras y en un conjunto de tiendas de campaña impolutas debajo de un árbol, un hombre tiende la ropa mientras otros se saludan. El resto del asentamiento está ya medio vacío y los restos de las acampadas, que sus moradores no recogieron, se esparcen por el campo seco y árido.
“Estaba allí, creo que era un chico latino. Parece que tenía 3 o 4 tiendas que se alquilaban en la parte alta del campamento. Nosotros nos hemos enterado el otro día que vino la Policía y nos lo comentaron. Nosotros veíamos que había gente, pero pensábamos que eran trabajadores, como nosotros”, explica Ahmed, joven de origen saharaui que trabaja como fijo discontinuo en Eivissa desde hace 4 años y que vuelve al desierto de Argelia, a Tinduf, cada otoño. Se muestra muy sorprendido porque alguien pague por venir a alquilar aquí, pero asegura que es todo lo que sabe.
Estaba allí, creo que era un chico latino. Parece que tenía 3 o 4 tiendas que se alquilaban en la parte alta del campamento. Nosotros nos hemos enterado el otro día que vino la Policía y nos lo comentaron. Nosotros veíamos que había gente, pero pensábamos que eran trabajadores, como nosotros
Lo que sí reclama el trabajador es una solución habitacional. “Pagamos nuestros impuestos. La única manera que hay de solucionar el problema del alquiler es obligar a las empresas a dar alojamiento y a los dueños de los pisos a bajar los precios. Si yo gano 1.500 o 1.600 euros, ¿cómo voy a pagar 700 u 800 euros en una cama en una habitación compartida?”, expresa. “Lo que estamos pasando en los campamentos es también culpa de España, todo viene de lo mismo. Por eso estamos aquí trabajando, para pagar los gastos de nuestras familias que viven en el desierto. Venimos de un campamento y nos metemos en otro. Pero este en el primer mundo”, exclama.
Las fuentes del Ayuntamiento consultadas por elDiario.es se pronuncian en el mismo sentido y ponen de manifiesto que han trasladado a los empresarios del municipio su disposición a facilitar los trámites legales para que se puedan habilitar recintos en los que sus trabajadores puedan alojarse durante la temporada. Asimismo, han querido manifestar a este medio de comunicación que las informaciones publicadas en la prensa local sobre el desalojo inminente de la propiedad no son ciertas.
El desalojo se hará por fases
Estas noticias preocupan mucho a los saharauis que aún trabajan hasta final de mes. Sin embargo, el Consistorio asegura que la actuación no será la misma que se produjo este verano con el desalojo violento por parte del Ayuntamiento de Santa Eulària y la Policía de las familias que residían en el asentamiento de Can Rova. “El problema es diferente. En Can Rova había una denuncia por parte de una parte de la propiedad a otra que cobraba (el terreno es propiedad de varios hermanos) un alquiler a las personas que necesitaban un lugar donde alojarse, por eso se actuó así”, explican.
“Para el desalojo se actuará en distintas fases, tratando de contar con la colaboración de las personas que residen en el lugar. El objetivo es que sea una salida colaborativa, manteniendo en todo momento una actitud de empatía y calma ante una situación sobre la cual estimamos que la mayoría de las personas tienen alternativas habitacionales, y aquellos que carecen de estas alternativas por ser personas verdaderamente vulnerables, serán auxiliados por Servicios Sociales y por los agentes la Policía Local”, puntualizan las mismas fuentes.
“No nos marcamos plazos, seremos cautos, empáticos y algo flexibles. No obstante, entendemos que este modo de vida no debe ser admitido y mucho menos normalizado, como el efecto de la situación de temporalidad que se genera en verano”, resaltan. “En base a entrevistas que han llevado a cabo los agentes de la Policía en repetidas ocasiones ha quedado constancia que en la mayoría de casos las condiciones económicas de las personas eran adecuadas. Cuando hablamos de personas vulnerables nos referimos a gente desempleada y/o familias con niños”, especifican.
Pero esta solución no convence a los acampados, que precisamente no son personas vulnerables ni quieren que se los trate como tales. Así lo cuenta uno de los residentes: “Las empresas no quieren ni oír hablar del asunto del alojamiento y no tenemos otro sitio donde podamos ir. Llevamos aquí cuatro años sin ningún problema, todo ha pasado porque ese hombre ha alquilado las tiendas. Por eso vino la Policía y los periódicos, pero a nosotros no nos afecta. Esto estaba todo lleno de basura de la gente que se va y estamos limpiando, como cada año, para dejar todo bien. A nadie le gusta vivir aquí. Ni a un perro”.
Las empresas no quieren ni oír hablar del asunto del alojamiento y no tenemos otro sitio donde podamos ir. Llevamos aquí cuatro años sin ningún problema, todo ha pasado porque ese hombre ha alquilado las tiendas. Por eso vino la Policía y los periódicos, pero a nosotros no nos afecta
“No molestamos a nadie. No necesitamos ayudas, solo paz”
El que habla ahora es otro de los presentes en el lugar, toma té junto a otros compañeros cerca del primer grupo, se llama también Ahmed. Es más mayor que el primero y se erige en portavoz de sus compañeros. Él vive en la península, también es de origen saharaui. “Como muchos de los que estamos aquí, nuestras familias están repartidas por todas las provincias y nosotros no podemos permitirnos pagar un alquiler al precio de Eivissa porque ya pagamos nuestras casas, gastos e impuestos. Venimos aquí siempre a trabajar al mismo sitio, con nuestro contrato fijo discontinuo; en octubre volvemos con nuestra familia”, cuenta. “En la península nos pagan como mucho entre 800 y 1.000 euros. Por eso venimos todos, nos conocemos todos aquí”, concreta.
“No es fácil estar separado de la familia seis meses al año, pero es nuestra obligación. Nosotros somos legales. No queremos ocupar y no podemos pagar los precios de un alquiler. Nuestra solución es esta. No molestamos a nadie. No necesitamos ayudas. Solo pedimos paz. Que nos dejen tranquilos. La Policía lo sabe muy bien y nunca han tenido problemas de drogas o alcohol, nada. Somos gente que sabemos lo que hacemos”, explica. “Unos jefes son italianos, otros suizos o españoles. Yo no puedo alquilar las habitaciones tan caras porque no soy hijo de Florentino Pérez. Yo vivo en Granada capital y pago mi casa, es mi obligación”, sentencia.
Nosotros somos legales. No queremos ocupar y no podemos pagar los precios de un alquiler. Nuestra solución es esta. No molestamos a nadie. No necesitamos ayudas. Solo pedimos paz. Que nos dejen tranquilos. La Policía lo sabe muy bien y nunca han tenido problemas de drogas o alcohol, nada
“Podría okupar o pagar el primer mes y luego no pagar, pero para evitar esto venimos aquí. No necesitamos nada, lo único que queremos es paz. Que los políticos nos dejen en paz, venimos a trabajar. No somos callejeros, ni ladrones, ni borrachos. Mientras ellos están en la sombra, estamos levantando el país y ni tan siquiera nos dan las gracias”, concluye.
“Nuestros padres tienen el pasaporte español, a nosotros ya no nos lo dan”, cuenta el primero. “Estoy casado y tengo un hijo”, explica en perfecto castellano. “También tengo a mis padres y a mis hermanos pequeños. La única manera de ayudar a mi familia es que yo venga aquí”, relata. Ahmed sabe que el problema no es solo para ellos. “El año pasado estuve un tiempo en la zona del Ikea y el chico que tenía enfrente mío en el coche era un guardia civil, que estaba en la misma situación”, asegura. “Es una vergüenza. Estamos en Ibiza. El mundo tiene una imagen de Ibiza que no es esta”, lamenta. “A final de mes no vas a ver a nadie aquí. Ya se ha ido mucha gente. A mí me quedan cinco días”, afirma Ahmed, que está deseando volver a Tinduf, en Argelia. “Tenemos todo en regla. Vamos y venimos cada año”, añade. De la misma opinión son Ismael y Sidi y el resto de los hombres que charlan sobre el tema alrededor de una taza de té.
¿Quién tiene la culpa?
Por su parte, los partidos políticos se tiran la pelota. El Partido Popular, que gobierna el Consell d'Eivissa, acusa al Gobierno central de ser el responsable de que la institución no pueda tomar medidas contra los infractores: “La UE aprobó una ley de contenidos digitales, Reglamento UE 2022/2065, que permite a las administraciones competentes en materia de ordenación turística (en este caso el Consell) comunicar los anuncios que son ilegalidades flagrantes a un organismo que designe el Estado para que, en base a esta ley, obligue a la eliminación de estos anuncios. Le hemos pedido en varias ocasiones al Gobierno de España que ponga en marcha este mecanismo, pero el Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo en esta cuestión una total dejadez de funciones y la prueba es que la propia Comisión Europea ya ha abierto un expediente para ver qué está pasando en España. Somos de los pocos países que no aplica esta ley, una norma que es ya de rango superior al protocolo que firmamos con Airbnb en 2020”.
El PSOE, por su parte, asegura que “el Consell se inventa ahora que espera instrucciones de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) sobre la aplicación de la nueva directiva europea, dando así la culpa, por supuesto, al Gobierno de España, tal como antes hacía con el Gobierno de las Islas Baleares, del PSOE”. “Y, para acabarlo de rematar, tenemos que recordar que la nueva directiva europea es más laxa de lo que estaba previsto inicialmente, justamente, por culpa del PP español, que introdujo una enmienda en última hora para no obligar las plataformas a publicar únicamente anuncios con licencia turística”, argumentan.
“Desde el gobierno de la isla anunciaron el acuerdo como la panacea para retirar anuncios ilegales. Lo que está claro es que no ha servido ni para retirar los anuncios de tiendas de campaña que llevan años anunciándose con total impunidad. El mismo Consell ha reconocido que Airbnb no le hace caso. El Consell es la máxima autoridad en esta materia, que Airbnb no haga caso a sus requerimientos, lo dice todo”, aseguran los socialistas. “El acuerdo era un acto de propaganda del Consell que se ha comprobado como papel mojado”, dicen. “La realidad, después de todo este tiempo, es que no se ha precintado ni un solo piso turístico ilegal, y que la plataforma Airbnb se niega a retirar, según reconocen ellos mismos, cerca de 300 anuncios manifiestamente ilegales, como el de una tienda de campaña al asentamiento de Can Raspalls que ha estado funcionando durante todo el verano, y que finalmente esta semana se ha retirado”, argumentan.
Sin embargo, desde el Consell d'Eivissa reiteran que el Ejecutivo español todavía no ha dado poderes a la CNMC para aplicar la normativa europea, “motivo precisamente por el que la Comisión Europea abrió un expediente a España el pasado 26 de julio”. “Nos hemos hartado de esperar y hemos decidido activar la aplicación del Reglamento Europeo. Es una vergüenza que no nos hayan querido atender”, ha afirmado Mariano Juan, después de haber mandado varias cartas a la CNMC que no han obtenido respuesta, aseguran fuentes de la máxima institución insular. El Consell d'Eivissa ha remitido esta semana una resolución a Airbnb para informarle de 269 ofertas de alquiler turístico ilegales para que proceda a su retirada en cumplimiento del Reglamento UE 2022/2065 relativo a un mercado único de servicios digitales que permite que estas plataformas retiren sus anuncios sin que haya sentencia judicial.
Los 40.000 euros de multa que propone el Consell d'Eivissa a Víctor, el hombre que alquila la chabola, se sumarían a los más de 90.000 euros en sanciones interpuestas por el Ayuntamiento de Sant Josep. Se trata de cuatro multas: 30.000 por ejercer sin licencia, 30.000 por no tener seguro, 30.000 por no disponer de los registros perceptivos y una última de 750 euros por acampar en una zona prohibida. Todas ellas fueron interpuestas por la Policía Municipal de Sant Josep. Varios agentes se personaban en el asentamiento chabolista de Can Raspalls para hacer un censo de un espacio que año tras año se va agrandando, pero parece ser que ninguna autoridad sabía de esta oferta turística. Más grave aún, después de la visita de la Policía y de que el Consell de Eivissa fuera conocedor del infame negocio, el anuncio ha seguido a disposición de los incautos turistas low cost.
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