Brasil se militariza con un aumento de las competencias e influencia del Ejército
“Allá donde llega Brasil, llegan las Fuerzas Armadas”, dijo el ministro de Defensa brasileño, el general Joaquim Silva e Luna, durante una de las ruedas de prensa que el Gobierno brasileño tuvo que organizar al enquistarse la huelga de camioneros que paralizó Brasil más de una semana. Parece un eslogan o una frase de efecto, pero buena parte de la población empieza a ponerse nerviosa.
Esta huelga no solo ha dejado al descubierto una vez más la fragilidad del Gobierno de Michel Temer; y no solo ha generado el desabastecimiento general o la dimisión del presidente de la empresa nacional de petróleo Petrobras –la paralización de los transportistas comenzó como rechazo al precio del diésel–. El conflicto ha dado pie a una nueva muestra de la omnipresencia del Ejército y de los altos cargos militares. En un país que es una bomba de relojería por la inestabilidad política y los altos niveles de criminalidad, y a cuatro meses de las elecciones, esta crisis ha hecho saltar las alarmas.
En los últimos tiempos ya no sorprende ver al Ejército brasileño patrullar por las calles de Río de Janeiro o aparecer para desactivar una protesta de trabajadores. Tampoco es noticia que altos cargos de las Fuerzas Armadas intervengan en la vida política. Horas antes del veredicto sobre el recurso de Lula da Silva, el general Villas Bôas, jefe del Ejército, lanzaba un mensaje directo: las Fuerzas Armadas “comparten el deseo de todos los ciudadanos de bien de repudio a la impunidad y de respeto a la Constitución, a La Paz social y a la democracia”.
Las universidades brasileñas ya comienzan a alertar del peligro que corre Brasil. “La amenaza del general Villas Bôas es un resumen de lo que tenemos por delante”, escribía en la revista Forum la profesora Kalynka Cruz, de la Universidad Federal de Pará.
Desde la Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo, el profesor de Ciencias Políticas Pedro Fassoni Arruda, reconocía en el mismo artículo estar angustiado por ver a “sectores de las Fuerzas Armadas haciendo pronunciamientos en la víspera de un juicio importante, como el habeas corpus del expresidente Lula, y los rumores de que el Congreso podría aprobar una enmienda constitucional prorrogando el plazo del presidente Temer” (con la suspensión de las elecciones programadas para octubre).
Para Temer, la firma del decreto que autoriza el empleo de las Fuerzas Armadas para “Garantizar la Ley y el Orden” (conocido como GLO) es una apuesta segura. Casi todos los que se sitúan a su derecha reciben la noticia con los brazos abiertos. Incluso existe un porcentaje de la población que quiere más. Según los resultados de una encuesta del diario Valor Econômico, el 53% de los ciudadanos apoyaría un golpe militar en caso de alto nivel de criminalidad. El 47% lo defendería en caso de alto nivel de corrupción.
Por eso a Temer no le tembló el pulso cuando ordenó la intervención militar en el Estado de Río de Janeiro, y el secretario de Seguridad Pública fue apartado de su cargo para ser sustituido por el general Braga Netto, que desde el 16 de febrero controla la policía civil, la policía militar, los bomberos y el sistema penitenciario. La intervención militar se mantendrá, en principio, hasta el 31 de diciembre de este año.
Human Rights Watch consiguió reunirse hace unos días con el general Braga Netto. César Muñoz e Iain Levine –el número 2 de la organización– estaban presentes en el encuentro. “Sorprende que en Río de Janeiro tengamos este plan extraordinario y que no hayan hecho público cuáles son los objetivos. No hay comunicación”, comenta Muñoz a este diario. Plan tienen, pero no lo quieren contar. El investigador recuerda cómo el general les mostró de lejos un cuadernillo: “Ahí estaba el plan, pero no nos dejó verlo.”
En opinión de César Muñoz, “Brasil está dando pasos para atrás”, y además de manera no eficaz, como se puede ver en Río de Janeiro con esta intervención. Human Rights Watch destaca también otro de los puntos más preocupantes: la ampliación de la jurisdicción de los tribunales militares.
“En este momento, si un militar mata a un civil durante una de esas operaciones, el caso será investigado por las propias Fuerzas Armadas y si llega a juicio, sería juzgado por un tribunal compuesto por cuatro oficiales de las Fuerzas Armadas y por un juez civil. Eso no es una justicia independiente”.
El hecho de que la reciente huelga de transportistas, que ha dejado temblando a gasolineras, puertos, distribuidoras, supermercados, aeropuertos, transporte urbano y hospitales, haya provocado otro ejemplo de la solución militar en Brasil, ha puesto en movimiento a todas las organizaciones sociales. “El papel de las Fuerzas Armadas no es actuar en protestas, manifestaciones y huelgas. La libertad de expresión y manifestación son un derecho humano”, declaró Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil, a través de un comunicado.
Werneck teme un efecto contagio, y ve, como muchos otros analistas, la cercanía de un punto de no retorno: “Enviar a las Fuerzas Armadas es un grave error y puede llevar a una escalada de violencia. Además, el precedente de convocatoria y autorización para que las Fuerzas Armadas actúen a nivel nacional es un nuevo paso inadmisible en el camino de la militarización de la gestión de las políticas públicas”.
Tras la dictadura militar (1964-1985), las Fuerzas Armadas nunca abandonaron la vida pública en Brasil. Está tan extendida la versión oficial de que son una buena salida que se llegan a pasar por alto las últimas informaciones aparecidas en documentos desclasificados de la CIA, referidos a cientos de ejecuciones autorizadas por el régimen liderado por Médici, Geisel y Figueiredo.
En cualquier momento –llegando al aeropuerto de Galeão, bajando a por el pan en cualquier favela, o paseando por la playa de Copacabana– puede aparecer una camioneta con siete u ocho soldados del Ejército listos para la acción. Es quizá más alarmante que la mitad de la población les reclame entrar en juego.
