Noviembre empezó en Colombia con la noticia de que el Ejército había matado a un grupo de entre 8 y 18 menores durante el bombardeo de una zona del sur del país donde se habían identificado grupos armados. Noviembre terminó en Colombia con el inicio de una protesta masiva en las calles con reivindicaciones sociales y económicas pero que también se retroalimentan con la crítica a un proceso de paz estancado, tres años después de la firma del acuerdo con las FARC, la guerrilla más longeva de América Latina, que puso fin a más de cinco décadas de conflicto armado.
Aquel ataque en el departamento de Caquetá iba dirigido contra un campamento de las disidencias de las FARC --nuevos grupos armados que no se acogieron al acuerdo de paz--, y las organizaciones sociales locales denunciaron que las autoridades sabían que en ese campamento se encontraban niños y adolescentes. El escándalo, que sacudió al país entero, se cobró el cargo del entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero.
La noticia salió a la luz dos semanas antes del inicio de las movilizaciones en Colombia, y para muchos fue un motivo para salir a la calle. En Cali, una mujer acudió a las protestas con un ataúd blanco. Encima escribió lo siguiente: “Rechazamos la muerte de 18 niños y adolescentes a causa de la violencia del país”. Y es que, en un país que esperaba un camino hacia la paz, el Gobierno del presidente Iván Duque parece dirigirse en la dirección contraria.
“Si continúa por esta línea, vamos a tener una involución completa en el proceso de paz”. Habla Alberto Yepes, el director del Observatorio de Derechos Humanos de la ONG Colombia Europa Estados Unidos (Coeuropa). “Hay dos temas estructurales en la paz: la reforma rural, que este país nunca hizo (...) y la cerrazón y exclusión política, la falta de participación de amplios sectores” de la sociedad colombiana, agrega. Según Yepes, el Ejecutivo no ha avanzado en ninguno de los dos caminos.
La implementación del acuerdo de paz es, de hecho, el primer punto en el pliego de demandas que le entregaron las organizaciones sociales convocantes del paro a Duque. Además, los partidos de oposición en el Congreso se unieron a las reivindicaciones del paro y agregaron que Duque retome los diálogos de paz con el ELN, suspendidos en enero de este año después del atentado de la guerrilla contra una escuela de policía que dejó 21 muertos.
El Gobierno no avanza en las reformas estructurales
Los manifestantes tienen argumentos para pedir una mayor implementación del acuerdo de paz. El Instituto de Estudios Internacionales de Paz Kroc, que fue la entidad designada oficialmente para verificar los avances en este sentido, separaba así en su último informe de abril de 2019 los niveles de cumplimiento: un tercio de los compromisos “se han completado o han avanzado sustancialmente”, otro tercio se encuentra en un estado inicial, y otro tercio “no han iniciado su implementación”. Según su valoración, “estos niveles son comparables con otros acuerdos” de paz en otros países.
Sin embargo, la cuestión no es solo numérica, sino que pasa por cuáles son los puntos que se están implementando y cuáles no. Los que presentan mayores avances son aquellos que se refieren a la dejación de armas por parte de las FARC, la creación de un partido político heredero de la guerrilla, así como la construcción de herramientas institucionales que acompañen el proceso. En cambio, hay partes del acuerdo que están especialmente estancadas, como la reforma rural o la sustitución de cultivos ilícitos.
Son precisamente estas partes las que buscaban atajar las causas estructurales del conflicto armado: la distribución desigual de tierras, el olvido de las zonas periféricas de Colombia o el narcotráfico. La reforma rural no se ha empezado a tramitar. El proceso de sustitución de cultivos ilícitos (principalmente de mata de coca) para reorientar a los campesinos hacia agriculturas legales está paralizado. Además, Duque recuperó la sustitución forzosa, que consiste en enviar al Ejército a arrancar manualmente la coca.
“El Gobierno no tiene ningún interés en los temas estructurales del proceso de paz, en las causas que generaron y mantuvieron el conflicto, porque responde a intereses corporativos y a los dueños de la tierra”, explica Yepes. Según el Instituto Kroc, tanto la reforma rural como la sustitución de cultivos son los procesos menos avanzados, con un 52% y un 48% de medidas aún no iniciadas.
“Si tenemos en cuenta que el principal objetivo del proceso de paz era sacar la violencia de la política, uno de los primeros compromisos era desmontar el paramilitarismo, y ese objetivo no se ha cumplido”, subraya Yepes. El Acuerdo contemplaba una serie de mecanismos para desmantelar los grupos armados que aún operan en Colombia, como una comisión que el gobierno de Duque no ha convocado en 16 meses de liderazgo.
Desde el partido FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), heredero de la guerrilla y ahora participante en la vida política de Colombia, también lamentan la actitud del Gobierno. Victoria Sandino, excomandante y ahora senadora, lo expresa así: “la implementación del acuerdo debe ser estructural. La reforma rural es columna vertebral del acuerdo y esa ley no se ha cumplido”. “No hay presupuesto, no le destinan plata”. De hecho, Duque recortó en los anteriores presupuestos 140 millones de dólares a estas medidas previstas en el pacto de paz.
La paz se cobra la vida de líderes sociales y exguerrilleros
“Nosotros nos comprometimos a la entrega de las armas, y lo hicimos (...) Nos comprometimos con el sistema de justicia, y nos sometimos”, lamenta Sandino, quien cuenta con un esquema de seguridad particular. En cambio, han sido asesinados desde la firma del acuerdo 169 exguerrilleros en cifras de las FARC, 129 según la Fiscalía. Precisamente, el incumplimiento del acuerdo por parte del Gobierno y en concreto la falta de seguridad fueron los motivos que esgrimieron exlíderes de las FARC para volver a las armas.
A finales de agosto, Iván Márquez y Jesús Santrich anunciaron su regreso a la lucha armada, y a pesar de que un amplio grueso de la antigua guerrilla sigue en el proceso de paz, su renuncia es especialmente sintomática. Márquez lideró las negociaciones de paz con el Gobierno colombiano y Santrich también formó parte de la delegación en los diálogos. Además, ambos debían ocupar escaños en el Parlamento del país.
Pero los exguerrilleros no son los únicos que mueren sistemáticamente en Colombia. Según Somos Defensores, solo en 2019 fueron asesinados 59 líderes sociales o defensores de derechos humanos, la cifra más alta en los últimos diez años. De hecho, las muertes no han dejado de aumentar, en un contexto de supuesta paz: en 2013 mataron a 78 líderes sociales, mientras que 2018 se cerró con 155 homicidios. Las más afectadas son las zonas rurales de Colombia y las comunidades que trabajan por la defensa del territorio. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denuncia, por ejemplo, que cada 72 horas asesinan a una persona indígena.
“Cuando reclamamos nuestros derechos, nos persiguen, estigmatizan y asesinan, producto de la lucha por la tierra. Se quieren quedar con nuestros recursos naturales”, denuncia Diego Tabarquil, miembro de la Guardia Indígena que acudió a Bogotá para dar apoyo al paro. “Últimamente, en pleno auge de los acuerdos de paz, ha aumentado el tema de los genocidios y del reclutamiento forzado”.
Muchas zonas de Colombia ocupadas antes por las FARC han sido un campo de expansión para otros actores armado, como las bandas herederas del paramilitarismo, grupos narcotraficantes, el ELN o las disidencias de las FARC. Para Yepes, esto se debe a que el Estado no llegó a hacer presencia a tiempo: “Los territorios tenían que ser copados por el Gobierno, no solo con fuerza pública sino con una transformación integral. Eso nunca se cumplió (...) En las regiones se está regresando a situaciones de hace años, donde la guerra sometía las comunidades al terror”.
Ángela Giménez también integra la Guardia Indígena: “sentimos miedo, pero de igual manera tenemos que salir a protestar, porque si lo dejamos así, nunca en la vida parará esto”. Llegó a Bogotá desde el Cauca, una de las regiones más golpeadas por el conflicto, para participar en las protestas. “Paz no hay. Estamos por el derecho al territorio y a la vida, para que Duque reconozca nuestros muertos”.
Las manifestaciones en Colombia han sido mayoritariamente pacíficas y casi que festivas. Pareciera que es un mensaje más para Duque: la ciudadanía, y sobre todo los jóvenes, quieren un respiro definitivo de la violencia. Por eso la muerte de Dilan, un joven que recibió un disparo de la Policía el 23 de noviembre en unas de los paros estudiantiles, o la de los menores bombardeados, son símbolos de un presente aún en conflicto que gran parte de la sociedad busca dejar en el pasado.
Y por primera vez en mucho tiempo, esa voluntad se expresa en las calles. “El proceso de paz y sus reformas eran una manera de ir solucionando la desigualdad extrema que sufre este país. Pero al paralizarlo en seco se genera una gran incertidumbre para los jóvenes, que sienten que para ellos no hay ningún futuro”, explica Yepes. “Toda esta incertidumbre lleva a que la juventud haya perdido el miedo”.
Por eso, más allá de las reclamaciones concretas propuestas por las entidades que organizan el paro, hay un gran clamor que las desborda y es la necesidad de hacerse escuchar, de participar en la vida política del país y de hacerlo sin miedo a que la violencia se los lleve por delante.