Coronavirus
El debate sobre la gratuidad de las PCR amenaza el estreno antes del verano del pasaporte COVID para viajar por la UE
El Parlamento Europeo ha pedido hace dos semanas que las PCR sean gratuitas y que el certificado COVID suprima restricciones al turismo en toda la UE. Pero el Consejo (los Gobiernos) había acordado previamente una posición que rebajaba las ambiciones de la Comisión Europea, hasta el punto de que abrían la puerta a que los países no aplicaran el certificado hasta seis semanas después de su aprobación, lo que significaría que algunos países se saltaran la temporada de verano. En las negociaciones, ya abiertas, entre la Eurocámara y el Consejo para pactar el reglamento a tiempo de votarse en la semana del 7 de junio, hay asuntos que parecen superables, como que pueda llamarse “certificado COVID-19 de la UE”, en lugar de “Certificado Verde Digital” como proponía Bruselas. Pero hay otros que son más complicados.
Uno de ellos, según ha explicado el secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba, tras la reunión del Consejo de Asuntos Generales en Bruselas, es el llamado “freno de emergencia” propuesto por la Comisión Europea. Lo explicaba hace una semana Ursula von der Leyen: “Proponemos un nuevo mecanismo de 'freno de emergencia', que se coordinará a nivel de la UE y que limitaría el riesgo de que las variantes entren en la UE, y permitirá a los Estados miembros actuar con rapidez y limitar temporalmente a un mínimo todos los viajes desde los países afectados durante el tiempo necesario para aplicar las medidas sanitarias adecuadas”.
“Ha habido ya una primera ronda de negociación entre la presidencia portuguesa y el Parlamento Europeo y hay una serie de puntos abiertos ahora mismo. Por ejemplo, sobre la imposibilidad de que se introduzcan frenos de emergencia nacionales una vez que el certificado verde digital esté en vigor. Eso es un punto dificultoso para el Consejo”, ha explicado González-Barba: “Este freno de emergencia es una posición unánime del Consejo, porque si pensamos que si de repente aparece una mutación de la noche a la mañana, una nueva variante para la que a lo mejor las vacunas actuales no proporcionan inmunidad, ahí habría que actuar de manera urgente y ese es el sentido del freno de emergencia principalmente. Y ahí yo creo que no hay una sola voz discordante en el seno del Consejo”.
Y ha añadido: “Hay otro punto sobre la gratuidad universal en Europa del certificado verde digital que exige el Parlamento Europeo. Esta es una posición que no es compartida por el Consejo. Solo en algunos Estados miembros es gratuito, en otros no. Hay una mayoría grande de Estados miembros en el Consejo que tienen dificultades ahora mismo con que fueran gratuitas, porque con la carga financiera que supondría ahora mismo no se podría conseguir que fuera aprobado ya el reglamento en junio”.
¿Entonces? “Se está viendo de qué manera se puede alcanzar un compromiso que satisfaga al Parlamento y que también pueda amoldar la posición de tres cuartas partes del Consejo, no solo de España”.
El Gobierno español insiste en que su posición tiene que ver con que “se quiere tenerlo en marcha en junio. Porque a lo mejor con un plazo mayor de tiempo, sí se podría. Pero tendremos que pensar que ahora todavía serían necesarias muchas PCR, sobre todo en los países de destino turístico. A lo mejor tendrían que abonar las PCR de turistas que volvieran luego a sus países de origen o de tránsito. Y no sería posible. Ahora, si se quiere tener aprobado el mecanismo en junio, hay que buscar una fórmula que permita contentar a todo el mundo. Y, desde luego, España está abierta a buscar fórmulas flexibles que permitan la aprobación y entrada en vigor de un instrumento fundamental para garantizar una campaña turística de verano satisfactoria”.
¿Cuáles son esas fórmulas? “Son fórmulas negociación que está viendo la presidencia portuguesa de la UE con el Consejo. Unos topes, a lo mejor en función del poder adquisitivo de cada país, del salario mínimo de cada país. Hay fórmulas para llegar a un compromiso. Lo que sí les puedo decir es que este certificado va a estar aprobado y en vigor en junio. No me cabe ninguna duda. Las dos instituciones saben lo que está en juego y se conseguirá hallar fórmulas satisfactorias”.
La secretaria de Estado para Asuntos Europeos, Ana Paula Zacarias, que presidía la reunión de este martes, ha explicado: “Los tests gratuitos interesan mucho al Parlamento Europeo y yo creo que llegará un momento en que tendremos que ponernos de acuerdo en las negociaciones. Habrá que ver qué es lo que se puede hacer, hasta qué punto los tests tienen que ser asequibles. Porque está claro que no podemos imponer un precio desde la Unión Europea, donde hay un mercado libre. Lo único que podemos hacer es ver si existe la posibilidad de que los precios de estos test se bajen”.
En todo caso, el Gobierno español insiste en que “hay la voluntad de que ambas partes consigan un acuerdo para junio, con lo cual este certificado está en vigor. Hay máximo interés por parte de las instituciones de que esto esté aprobado para junio. En el Consejo de Oporto, en los márgenes, hubo una reunión entre el presidente Sánchez y el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, y ésta fue una de las cuestiones que se abordaron desde el máximo interés, no sólo para España”.
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