Trump prepara el sistema para comenzar a deportar inmigrantes
Los planes de la Administración de Donald Trump no se acaban con la prohibición de entrada en el país a los nacionales de siete países musulmanes ni con la reiteración de la promesa de construir un muro en la frontera con México. Dos borradores de decretos que están siendo estudiados tienen como objetivo reducir de forma sustancial la inmigración legal a EEUU y deportar a aquellos extranjeros que residan en el país y reciban subsidios sociales.
The Washington Post ha tenido acceso a esos dos borradores, pero no ha conseguido que la Casa Blanca haga comentarios sobre su contenido.
Los proyectos incluyen varios de los argumentos empleados por los grupos conservadores norteamericanos contrarios a la inmigración, a pesar de que han sido desmentidos por estudios publicados por universidades y think tanks. Describen a los trabajadores extranjeros como una carga económica para EEUU e incluso denuncian la existencia de inmigrantes que tienen sus hijos en EEUU para que tengan derecho a la nacionalidad.
“Las leyes de inmigración están diseñadas para proteger a los contribuyentes americanos y promover una inmigración autosuficiente”, dice uno de los borradores. “Sin embargo, es mucho más probable que los hogares con extranjeros se beneficien de ayudas públicas federales que los que cuentan con ciudadanos”. En esta declaración de intenciones, el borrador no justifica esta afirmación con datos o cifras.
La intención de estos futuros decretos, aún en fase de estudio, es que los ciudadanos estadounidenses tengan prioridad en el mercado laboral al impedir que los inmigrantes tengan acceso a empleos e incluso conseguir que se queden sin ellos si los tienen, según The Washington Post.
Que esta política tenga los efectos deseados por sus autores es algo imposible de saber, pero servirá para dejar claro que Donald Trump tiene la intención de cumplir su promesa electoral de conseguir aumentar los puestos de trabajo reservados a personas nacidas en EEUU.
Los decretos podrían restringir las vías de inmigración legal a EEUU existentes actualmente sin que en este caso se justifique por razones de seguridad, como se ha hecho en el caso de los siete países de mayoría musulmana.
Un borrador establece de forma genérica el sistema por el que se decidiría qué inmigrantes, incluso si tienen papeles que legalizan su estancia en el país, podrían ser deportados. Se podría llegar a la conclusión de que una persona es una carga para la sociedad si en los cinco años posteriores a su llegada recibe algún tipo de subsidio público, por ejemplo food stamps (ayudas a las familias pobres para comprar alimentos) o el programa Medicaid, que concede una ayuda básica para la asistencia sanitaria a las familias sin recursos.
“Hay un consenso generalizado en los estudios académicos económicos según el cual los inmigrantes aportan a la economía más de lo que reciben. Crean más empleos para americanos y suponen un beneficio neto para la economía de EEUU”, dice al Post Alex Nowrasteh, experto en política inmigratoria del Instituto CATO, de ideología libertaria.
Los estudios demuestran que los nacidos en el extranjero reciben menos subsidios sociales que la población local cuando ambos son pobres o de recursos limitados.
Tal y como están diseñadas las órdenes, afectarían directamente a los inmigrantes sin papeles cuyos hijos nacidos en EEUU tienen derecho a algunas ayudas sociales. El texto haría posible su deportación, precisamente justificándola por la percepción de esas ayudas, también en el caso de los hijos.
