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Venezuela tacha de “irresponsable” la denuncia de la empresa encargada del recuento de votos

Smartmatic acusó al Gobierno venezolano de manipular el dato de participación, 8 millones de personas, de las elecciones del pasado domingo
La compañía estima que la diferencia de participación entre la cantidad oficial y la que publica su sistema es de “al menos un millón de electores”

El Consejo Nacional Electoral señala que la afirmación de Smartmatic no tiene fundamento alguno

EFE

3 de agosto de 2017 08:38 h

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Tibisay Lucena, calificó este miércoles de irresponsable la denuncia de la empresa encargada de contar los votos en el país, Smartmatic, que acusó al organismo de manipular el dato de participación en una elección celebrada el domingo.

“Es una aseveración irresponsable con base en estimaciones sin fundamento en la data que maneja exclusivamente el Poder Electoral”, dijo Lucena en una declaración a medios tras ponderar el reporte de Smartmatic como una “opinión sin precedentes”.

En este sentido, reiteró que la empresa “participó en todas las auditorías” previas a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el Gobierno y celebrada el domingo, por lo que sus críticas al CNE venezolano “supone desconocer que Smartmatic es parte de la seguridad del sistema de totalización”.

No obstante, aclaró: “No es una empresa privada radicada fuera del país la que garantiza la transparencia y credibilidad del sistema electoral venezolano (...) Su único rol es la de proveer ciertos servicios y soporte técnico que no son determinantes en sus resultados”.

Según el CNE, 8 millones de venezolanos participaron en las elecciones del pasado domingo, el 41.43 del censo electoral. “Hemos defendido las elecciones y sus resultados en otros momentos difíciles (...) y vamos a defender el derecho que tienen los venezolanos a expresar en paz y democracia”, agregó.

Además, la presidenta del CNE señaló que “se reserva acciones legales que corresponden a tan irresponsables afirmaciones” y que las mismas se producen tras tres días de “paz”, donde ha mermado la oleada de manifestaciones que inició en Venezuela hace cuatro meses y que ha dejado 121 muertos y casi 2.000 heridos.

En las declaraciones ante los medios, Lucena también detalló el “contexto de agresión permanente” que desde hace dos semanas sufre el CNE. A las dificultades para desarrollar las elecciones del pasado domingo - la reubicación de 1200 centros de votación, el ataque de cerca de 200 de ellos y la quema de 181 máquinas de votación quemadas - se suma la sanción impuesta por EEUU. Una acción, denuncia, que ha bloqueado también las cuentas en el exterior de los proveedores que le prestan servicios.

Diferencia de “al menos un millón”

El consejero delegado de Smartmatic, Antonio Múgica, afirmó en rueda de prensa este miércoles desde Londres que gracias a la existencia de un “robusto sistema automatizado de votación” puede saberse que “sin lugar a dudas (...) hubo manipulación del dato de participación”.

“Una auditoría permitiría conocer la cifra exacta de participación. Estimamos que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores”, agregó la compañía.

Estas aseveraciones, a juicio de Lucena, “fueron emitidas en un contexto de agresión permanente iniciado desde hace dos semanas contra el Poder Electoral venezolano por el único motivo de organizar una elección universal, directa y secreta”.

Por su parte, la oposición venezolana, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y numerosos gobiernos se han negado a reconocer este resultado así como la convocatoria de un proceso constituyente por no incluir un referendo previo, como ocurrió en 1999 cuando se sancionó la actual Carta Magna.

Comunicado íntegro del Consejo Nacional Electoral:

El Poder Electoral venezolano quiere informar sobre las graves declaraciones emitidas por el representante de la empresa proveedora del Consejo Nacional Electoral, Antonio Múgica. Se trata de una opinión sin precedentes por parte de una empresa cuyo único rol en el proceso electoral es la de proveer ciertos servicios y soporte técnico que no son determinantes en sus resultados.

Estas declaraciones fueron emitidas en un contexto de agresión permanente, iniciado desde hace dos semanas contra el Poder Electoral venezolano que, como es sabido, incluye la sanción por parte del gobierno estadounidense a mi persona como presidenta del Poder Electoral por el único motivo de organizar una elección universal, directa y secreta en donde estaban habilitados para votar todos los venezolanas y las venezolanas inscritos en el registro electoral. Una sanción que se origina por el cumplimiento de la Constitución y las leyes venezolanas.

Esta acción del gobierno estadounidense afectó también a otros proveedores que prestan servicios a nuestra institución y de los que ya tenemos conocimiento les han sido bloqueadas sus cuentas en el exterior. Asimismo, hemos sido víctimas de la violencia. Antes de la elección, debimos reubicar 1.200 centros de votación por causa del asedio y la imposibilidad de instalación; la noche anterior al evento en algunos estados como Lara tuvimos que mover centros de votación por los ataques sistemáticos a los que fueron sometidos, hasta encontrar un sitio seguro para los electores y las electoras.

Durante el día de la elección, recibimos ataques directos a cerca de 200 centros de votación, incluyendo agresiones con granadas y disparos de fusiles; se hizo necesario, en pleno proceso de votación, movilizar centros a fin de garantizar la continuidad del proceso y resguardar a las electoras y electores de la violencia. Hasta ahora, hemos contado 181 máquinas de votación quemadas. Nuestra institución sufrió y sigue sufriendo ataques cibernéticos a la página oficial. Esto ilustra la situación inédita de asedio, inscrita en una estrategia para destruir las institución electoral e impedir la realización de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente.

Ahora, tres días después de la elección, y a pocas horas de instalarse la Asamblea Nacional Constituyente, surge el vocero de una empresa que, a partir de procesos exitosos en Venezuela, se abrió camino en Estados Unidos. No es una empresa privada, radicada fuera del país, la que garantiza la transparencia y credibilidad del sistema electoral venezolano. El sistema electoral venezolano tiene una arquitectura de seguridad con procedimientos que dejan en manos del ciudadano y de la ciudadana su validación.

En su comunicado, Antonio Múgica estima que una auditoría permitiría conocer la cantidad exacta de participación y afirma, cito: “estimamos que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores”, cierro la cita. Es una aseveración irresponsable con base en estimaciones sin fundamento en la data que maneja exclusivamente el Poder Electoral. Pero más grave aún, la empresa Smartmatic participó en todas las auditorias, colocó su clave para el cifrado de los archivos y protección de las aplicaciones que se desplegaron en la plataforma electoral.

Estas auditorias incluyen la certificación del software de la máquina y del sistema de totalización que ahora se pone en duda. Es decir, cualquier manipulación como la que señala Múgica, supone desconocer que Smartmatic es parte de la seguridad del sistema de totalización. En los hechos, el señor Múgica, pretende poner en duda los resultados de una elección, en la cual su único rol es la de proveer de servicios a esta institución. El Poder Electoral se reserva las acciones legales que corresponden a tan irresponsables afirmaciones.

Esta escalada surge después de tres días en que el país está en calma, tres días sin barricadas. Tres días en los que el país está en paz. Hemos defendido las elecciones y sus resultados en momentos difíciles. Así lo hicimos en el 2007, en el 2013 y 2015 y así lo haremos una vez más. Quienes participan de estas agresiones contra la democracia, pretenden sumir en un vacío a los que participaron en la elección.

Convertir la alegría de la paz en una derrota. E insistir en desconocer e invisibilizar más de 8 millones de venezolanas y venezolanos. El Poder Electoral lo ha dicho y hoy lo ratificamos. Las venezolanas y los venezolanos no están solos. Esta institución y sus funcionarios vamos a defender el derecho que tienen a expresarse en paz y en democracia. Y que su voluntad soberana expresada a través del voto sea respetada.

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