La Eurocámara lleva a la Comisión Europea ante la justicia por el desbloqueo de fondos a Orbán

Todo coincidió en el calendario. El ultraderechista Viktor Orbán amenazó con bloquear en diciembre la ayuda económica con la que la UE pretendía evitar la asfixia financiera de Ucrania y también el simbólico paso de abrir las negociaciones de adhesión al club comunitario y, prácticamente al mismo tiempo, la Comisión Europea anunció el desbloqueo de 10.200 millones de euros que había congelado a Hungría por sus vulneraciones del estado de derecho. La jugada no pasó desapercibida y el Parlamento Europeo puso el grito en el cielo.

Ahora, la Eurocámara cumple con su amenaza y lleva a la Comisión Europea ante la justicia por ese movimiento que todos los grupos, a excepción de la extrema derecha, consideran “discrecional” y una cesión al “chantaje” de Orbán, que utiliza todas las decisiones que requieren de la unanimidad de los 27 para sacar tajada.

La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ha informado este jueves a los portavoces de los grupos parlamentarios de que dará instrucciones a los servicios jurídicos de la institución para que denuncien el desbloqueo de los fondos ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) siguiendo la recomendación que hizo la Comisión de Asuntos Jurídicos con 16 votos a favor y uno en contra.

La intención del Parlamento es que los jueces de Luxemburgo aclaren “el papel de la Comisión y los márgenes de discrecionalidad sobre la descongelación de los fondos de cohesión para Hungría”.

Desde que se produjo el desbloqueo de esos fondos e incluso este jueves tras el paso de la Eurocámara, la Comisión Europea ha defendido que ha actuado con “pleno cumplimiento de la legislación de la UE” y que Hungría ha presentado “evidencias” de los pasos dados para garantizar la independencia judicial.

Cuando Bruselas decidió desbloquear los fondos -doce horas antes de que se produjera la reunión de los líderes de la UE en la que tenían sobre la mesa la adhesión de Ucrania y el envío de 50.000 millones de euros a Kiev-, aseguró que había “habido un progreso significativo” respecto a la situación del sistema judicial húngaro. El resto de fondos (11.800) siguen congelados porque Hungría aún tiene trabajo pendiente en materias como el asilo, la libertad académica o la ley de protección de menores, que hizo saltar las alarmas en Bruselas por la vulneración de los derechos LGTBI.