Los italianos e italianas que quieran trabajar, tanto en el sector público como en el privado, deberán estar vacunados. El Consejo de Ministros de Mario Draghi ha aprobado este jueves exigir a los empleados del sector público y privado, incluyendo autónomos, a presentar en sus puestos de trabajo el certificado sanitario de coronavirus. De no acceder a vacunarse, el trabajador tendrá que someterse a una prueba diagnóstica cada dos días, que quedará reflejada en el “pase verde”. El decreto, que se hará público este jueves, contempla entre las sanciones la suspensión temporal de empleo y sueldo, multas de hasta 1.000 euros o, en última instancia, el despido disciplinario. La medida entrará en vigor el 15 de octubre y solo contempla como excepciones a las personas que teletrabajen y que, por su salud, no puedan vacunarse.
El decreto italiano obligará también a reducir los precios de las pruebas diagnósticas. Serán gratuitas para aquellas personas que no puedan vacunarse y tendrán un precio de 8 y 15 euros para los menores y mayores de edad, respectivamente.
El certificado, válido digital o en papel, demuestra que alguien ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, ha pasado la enfermedad o se ha sometido a una prueba con resultado negativo en las horas previas a mostrarlo, periodo que ahora se amplía hasta las 72 horas, de las 48 de antes.
El ministro italiano de Administraciones Públicas, Renato Brunetta, ha explicado en la comparecencia tras la reunión que “Italia se pone a la vanguardia en el mundo” con esta decisión, que busca permitir al país afrontar el invierno en mejores condiciones de seguridad para evitar nuevos cierres por la pandemia.
Este “pase verde”, como se llama en Italia, ya se exige para determinadas circunstancias, como el acceso al interior de bares y restaurantes, gimnasios, museos o convenciones, y ahora se pedirá a todos los empleados del sector público y privado.
La ministra de Asuntos Regionales, Mariastella Gelmini, explicó que el Gobierno de Mario Draghi también ha reducido el precio de las pruebas de coronavirus: serán gratuitas para quienes no puedan vacunarse, costarán de 8 euros para los menores de 18 años y 15 euros para el resto, frente a los alrededor de 20 euros que cuestan ahora.
Quienes no presenten el certificado o lleven una falsificación se enfrentarán a multas económicas e incluso hasta la suspensión temporal del empleo, aunque esto no significa que puedan ser despedidos, ha dicho por su parte el ministro de Trabajo, Andrea Orlando. “El objetivo es incrementar la seguridad en los lugares de trabajo”.
Italia tiene actualmente al 74,61 % de la población de más de 12 años inmunizada contra el coronavirus, cifras similares a las de sus vecinos en la Unión Europea.
La aplicación del certificado de vacunación genera tensiones en las filas del Gobierno, especialmente con la ultraderechista Liga, cuyo líder, Matteo Salvini, trata de ganar el favor de un sector de la población que se opone a la vacunación y sostiene que este pase sanitario es una manera de forzar a la gente a inocularse las dosis si no quiere someterse a pruebas moleculares o de antígenos continuas.
La iniciativa cuenta con el apoyo de la patronal y también de los sindicatos para evitar nuevas restricciones para frenar la propagación del virus, pero los representantes de los trabajadores habían pedido el miércoles en una reunión con Draghi que la vacunación se haga obligatoria, escenario que el Ejecutivo “no contempla, al menos por ahora”, según el secretario general del mayor sindicato del país, CGIL, Maurizio Landini.