Rusia ilegaliza el movimiento político de Navalni al declararlo “extremista”

La Justicia rusa ilegalizó este miércoles varias organizaciones asociadas al líder opositor Alexéi Navalni, entre ellas su movimiento político, al declararlas “extremistas” e impedir así a sus miembros y seguidores presentarse como candidatos a elecciones a cualquier nivel, incluidas presidenciales.

“Por decisión judicial, las organizaciones sin ánimo de lucro Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK) y Fondo para la Protección de los Derechos de los Ciudadanos (FZPG) fueron liquidadas, las actividades del movimiento público ”oficinas de Navalni“ fueron prohibidas”, señaló el Tribunal Municipal de Moscú.

En una vista que duró 12 horas y media y que se celebró a puerta cerrada por tratarse de un caso clasificado como “secreto”, el juez satisfizo la demanda de abril pasado del fiscal de Moscú, Denís Popov, de declarar “extremistas” al movimiento del opositor, actualmente en prisión por un antiguo caso penal. La acusación sostiene, entre otros argumentos, que “los objetivos reales de sus actividades son crear las condiciones para revertir los cimientos del orden constitucional”.

En abril, el fiscal dio un primer paso hacia el desmantelamiento de las estructuras de Navalni al suspender ciertas actividades del movimiento político del opositor, cuya red de oficinas está repartida por varias regiones rusas desde el Lejano Oriente hasta Moscú. Un juez hizo al día siguiente lo propio con el FBK –denuncia y destapa supuestos casos de corrupción entre la élite gubernamental–, y el FZPG.

Acorralado por las autoridades rusas y la justicia, el líder opositor decidió el pasado 29 de abril adelantarse a una decisión judicial que considera inevitable y disolvió su red de oficinas para proteger a sus colaboradores de la persecución penal.

Al día siguiente de la disolución de las sedes de Navalni, se supo que el supervisor financiero ruso, Rosfinmonitoring, ya había incluido a esta plataforma en la lista de organizaciones con vinculación con actividades extremistas y terroristas, lo que restringía sus actividades financieras.

Al ser calificadas de “extremistas” las organizaciones de Navalni, cualquiera que sea considerado miembro puede ser condenado con hasta 12 años de prisión. Además, donar dinero a organizaciones bajo esta denominación puede conllevar hasta 10 años de prisión, y cualquiera que use logotipos, símbolos y carteles de las mismas puede ser vetado como candidato a elecciones.

En paralelo, Rusia ha adoptado el pasado mes un ley que prohibirá a cualquier persona involucrada en actividades de organizaciones extremistas presentarse a elecciones a cualquier nivel, una medida que afectará especialmente al movimiento del opositor Alexéi Navalni.

Alexéi Navalni se encuentra cumpliendo una pena de cárcel de dos años y ocho meses por vulnerar la libertad condicional de una pena anterior. Esta vulneración se produjo cuando el opositor se encontraba recuperándose en Alemania de un envenenamiento. Tras ser encarcelado, Navalni inició una huelga de hambre que terminó cuando el opositor tuvo que ser ingresado en un hospital, ya que su estado de salud era “muy preocupante”.

La defensa tiene ahora 10 días para recurrir la sentencia. Iván Pávlov, líder de “Equipo 29”, ONG que participa en la defensa de las organizaciones de Navalni, indicó que llegará hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Según la defensa, “nunca se presentaron pruebas adecuadas de la culpabilidad” en el caso por supuesto extremismo.

La sentencia no fue ninguna sorpresa para Navalni ni para su equipo, dado que tanto el FBK y el FZPG ya fueron declarados “agentes extranjeros” en 2019 y 2020, respectivamente.

La ley antiextremismo de Rusia, aprobada primero hace 19 años y que inicialmente estaba dirigida contra el terrorismo, ha sido enmendada varias veces para endurecerla y es conocida en el exterior sobre todo por la persecución de más de 250 miembros de los testigos de Jehová desde que fueron clasificados como extremistas en 2017.

Bajo esta ley, los empleados, así como aquellos que cometen “acciones deliberadas relacionadas con la continuidad o renovación” de las organizaciones de Navalni, afrontan “hasta seis años de cárcel”, según la defensa.