Suu Kyi condena los ataques a musulmanes de Myanmar, pero no señala a sus responsables

La líder de Birmania (Myanmar), Aung San Suu Kyi, ha condenado este martes cualquier violación de derechos humanos que se haya podido cometer contra los musulmanes rohingyas y ha expresado su preocupación por el éxodo de cientos de miles de miembros de esta comunidad a Bangladesh.

Suu Kyi no ha acusado directamente al Ejército o la Policía de estar detrás de estos ataques, y ha presentado la crisis como un problema de relaciones entre budistas y musulmanes que el Gobierno está intentando resolver. 

“Sentimos profundamente el sufrimiento de todos los que se han visto afectados por el conflicto”, ha señalado la ganadora del premio Nobel de la Paz en 1991 en una conferencia en Naipyidó ante diplomáticos, autoridades y periodistas.

Sin embargo, ha precisado que aquellos que han tenido que huir de sus casas no son solo musulmanes, sino también budistas y miembros de otras minorías en el estado de Rakhine, en el oeste del país, afectados por el conflicto entre el Ejército y militantes rohingyas.

“A pesar de todos los esfuerzos, no hemos podido detener el conflicto. No es la intención del Gobierno eludir responsabilidades”, ha indicado Suu Kyi, acusada por organizaciones humanitarias de no alzar la voz para defender a los rohingyas.

El mensaje a la nación de la líder de Myanmar se produce unos días después de que el secretario general de la ONU, António Guterres, calificara la crisis rohingya de “limpieza étnica” y pidiera la suspensión de las acciones militares.

“Condenamos todas las violaciones de los derechos humanos. Nos comprometemos al imperio de la ley y el orden”, ha añadido la dirigente en el discurso, seguido por miles de personas a través de una pantalla gigante en Rangún, la antigua capital.

La mayoría portaba banderas birmanas y pancartas a favor de Suu Kyi, quien pasó más de tres lustros bajo arresto domiciliario interrumpido durante los años de la dictadura militar (1962-2011).

Vuelta de la ayuda humanitaria

En la conferencia, transmitida en directo por la televisión local, Suu Kyi se ha comprometido a llevar ayuda humanitaria a la región y a permitir el regreso de los refugiados rohingyas, pero tras un proceso de verificación.

La líder birmana ha asegurado que no teme el “escrutinio” internacional y ha indicado que su Gobierno está buscando soluciones al conflicto entre musulmanes y budistas en Rakhine, aunque confesó que no será un proceso rápido.

La Nobel de la Paz manifestó que las operaciones militares en Rakhine, que comenzaron el 25 de agosto en respuesta a un ataque de insurgentes rohingyas a varios puestos policiales, finalizaron el pasado 5 de septiembre.

Sin embargo, el éxodo ha continuado después de esta fecha con la huida de unos 400.000 rohingyas -la mitad mujeres y niños- a la vecina Bangladesh, donde sufren carencias de alimentos, agua y asistencia sanitaria.

Los rohinyás han denunciado haber sufrido ataques y violaciones por parte de las fuerzas de seguridad, a las que también acusan de haber quemado sus casas.

Suu Kyi ha afirmado que quiere conocer las razones por las que los rohingyas han huido, pero también invitó a la comunidad internacional a visitar Rakhine y hablar con los musulmanes que han permanecido en sus aldeas.

La mandataria, que llegó al poder en 2015, declaró que en Myanmar hay muchas minorías con problemas y dijo que no ha querido responder a todas las acusaciones sobre los rohingyas porque está ocupada promoviendo la “armonía” entre las comunidades.

Suu Kyi ha hablado en todo momento de “musulmanes” para referirse a los “rohingyas”, término que muchos ciudadanos budistas se niegan a admitir, ya que los consideran inmigrantes bengalíes.

El margen de maniobra de Suu Kyi está limitado por el Ejército, que controla los ministerios del Interior, Fronteras y Defensa, así como el 25% del Parlamento.

Se estima que más de un millón de rohingyas vivía en Rakhine víctimas de una creciente discriminación desde un brote de violencia sectaria de 2012, que causó al menos 160 muertos y dejó a unos 120.000 rohingyas confinados en 67 campos de desplazados.

Las autoridades birmanas no reconocen la ciudadanía a los rohingyas y les impone múltiples restricciones, incluida la privación de movimientos.

Los rohingyas, que hablan un idioma similar a un dialecto bengalí, aseguran que llevan generaciones en Myanmar y, en cualquier caso, tampoco son reconocidos como nacionales de Bangladesh.