Una activista es multada en Dinamarca por ayudar a una familia de refugiados
Este viernes, una reconocida defensora de los derechos de los niños de Dinamarca fue procesada bajo la ley de trata de personas. Su caso pone nuevamente en el candelero las enérgicas medidas del gobierno danés contra los refugiados, en medio de la competición entre los países escandinavos para convertirse en el país menos atractivo para los solicitantes de asilo.
El tribunal de Nykøbing Falster condenó a Lisbeth Zornig, ex defensora pública de los derechos de los niños de Dinamarca y reconocida escritora, a pagar una multa de 22.500 coronas danesas (2.966 euros) —lo máximo que pedía el fiscal—, por permitir que una familia de origen sirio viajara con ella hasta Copenhague.
El esposo de Zornig fue multado con el mismo importe por invitar a la familia a pasar a su casa para tomar café y comer algo, y por llevarlos hasta la estación de tren, donde les compró pasajes para Suecia.
“Este fue un juicio con implicaciones políticas. Tanto a mi como a mi esposo nos han utilizado para mandar un mensaje claro: no traten de ayudar a los refugiados”, dijo Zornig tras conocerse el fallo. “Estoy muy enfadada porque lo único que hicimos fue lo correcto, lo mismo que hicieron otras cientos de personas. Están criminalizando la decencia”. Zornig ha decidido apelar el fallo.
El juicio es uno de los primeros a celebrarse con cientos de daneses que a principios de septiembre acudieron en ayuda de los miles de refugiados que caminaban desde Alemania hasta Dinamarca. Muchos de ellos iban a Suecia, con un régimen de asilo mucho más laxo en ese entonces.
Según la ley de extranjería de Dinamarca, es un delito transportar a personas sin permiso de residencia. Según la policía danesa, 279 personas han sido imputadas por ello entre septiembre y febrero.
En enero, un hombre tuvo que pagar una multa de 5.000 coronas (670 euros) por recoger a una familia afgana desde la frontera alemana tres meses antes. El jueves, un pensionista de 70 años recibió una multa de 12.500 coronas (1.675 euros) por un delito similar.
El 7 de septiembre, mientras manejaba por el sur de Dinamarca, Zornig se cruzó en el camino con una multitud de refugiados. “No me podía ir a mi casa con el auto vacío; no pensé que estaba prohibido llevar gente que hace autostop”, contó Zornig.
Ese día, Zornig recogió a 4 adultos y 2 niños pequeños. La televisión danesa le hizo una entrevista mientras les hacía lugar en su vehículo. “Pensé que contrabandear era cuando uno pasaba una frontera, ganaba dinero o sacaba algún beneficio con eso y no cuando uno conduce dentro del país. Pero, lamentablemente, ese parece ser el caso en Dinamarca”. Zornig se declaró inocente, y asegura que su único 'delito' ha sido “ayudar a gente que lo necesita”.
Según Bjørn Elmquist, abogado de Zornig y de varios otros daneses imputados con el mismo delito, el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes de la ONU define al contrabando de personas como acciones motivadas por un “beneficio material o financiero”. De hecho, los daneses han estado ayudando a los refugiados de su propio bolsillo.
Elmquist también citó una directiva de la UE del año 2002 acerca del tránsito ilegal que permite a los Estados miembros no aplicar sanciones si el motivo es “brindar asistencia humanitaria”. Ninguno de los dos documentos es vinculante para Dinamarca. “Dinamarca ya no es más el país número uno de Europa en temas de derechos humanos, sino uno de los peores; en estos últimos 10 años hemos visto cómo se desmantelaban las leyes de asilo de nuestro país”, afirma el abogado.
Para Line Søgaard, vocera del grupo de ayuda a los refugiados “Welcome to Denmark”, Zornig se ha convertido en la voz de todas las personas que, a principios de septiembre, vieron las imágenes de los refugiados en el telediario y quiso ayudar. “El número de refugiados que viene a Dinamarca está bajando, pero hablamos del tema como si fuéramos Grecia”, dijo Søgaard. “El sentido común parece algo muy lejano. Parece que nos falta mucho camino por recorrer”.
Desde que el Parlamento aprobó en enero un paquete de controvertidas medidas para restringir el derecho de asilo, los políticos de Dinamarca se han polarizado cada vez más. Las medidas incluían darle poder a la policía para quitarle el dinero y los objetos de valor a los refugiados.
“El sentimiento de los daneses es muy diferente, al menos el de los que viven en ciudades, que ven estos procesos judiciales como un castigo innecesario”, explica Ian Manners, profesor de política europea en la Universidad de Copenhague.
En su opinión, “en una situación diferente se hubiesen dejado sin efecto los casos”: “En cualquier otro país sería imposible llegar a juicio, quizás, en Hungría”. Según Manners, algunos altos funcionarios agradecieron la asistencia de los ciudadanos que solo ayudaban a los refugiados a transitar por Dinamarca lo más rápido posible para reducir el número de solicitantes de asilo político.
“Es una obligación como persona actuar cuando se tiene el poder para hacerlo; hay que oponerse a las leyes que oprimen a otros”, asegura Reem El-Awwad (24), estudiante y miembro de With the Human Traffickers (Con los tratantes de personas), un grupo que ayuda a organizar a los refugiados para viajar por Dinamarca. El-Awwad y otros tres miembros del grupo se enfrentan a una acusación mucho más seria, la de ayudar a los refugiados a cruzar la frontera hacia Suecia.
“He estado muy preocupada por la posibilidad de que pudiera perder mi derecho a permanecer aquí y ser deportada”, afirma El-Awwad, cuyos padres son de Jordania. A pesar de haber nacido en el país, aún no tiene la nacionalidad danesa. “Eso no significa que me arrepienta de hacer lo que hice. Lo volvería a hacer”.
Traducción de Francisco de Zárate
