Una nueva ley del Gobierno sirio puede dejar sin sus propiedades a 10 millones de exiliados y desplazados
Más de 10 millones de sirios que han abandonado de la guerra saben que deben reclamar la propiedad de sus hogares a principios de mayo o se arriesgan a que pase a manos del Estado.
Una ley de propiedad anunciada en abril ha suscitado el temor de que los ciudadanos sirios que se han opuesto a Bashar al Asad se enfrenten a un exilio permanente y que sus propiedades pasen a manos de personas leales al Gobierno.
La mayoría de desplazados internos y de refugiados no pueden o no quieren volver para demostrar que son los titulares de las propiedades. Los expertos y los exiliados señalan que la ley, conocida como “artículo 10”, y el corto plazo que se establece para que los propietarios vayan al registro podría convertirse en un instrumento para que el régimen impulse un cambio demográfico y social.
La medida ha sido comparada con las leyes promulgadas en Líbano después de la guerra civil para confiscar tierras en el centro de Beirut, y también guarda similitudes con la ley de propiedad ausente que aprobó Israel en 1950, que legalizó la confiscación de tierras a palestinos que previamente habían sido expulsados de ellas.
La ley permite que la Administración local pueda modificar el registro de la propiedad de su zona y obliga a los propietarios a estar presentes.
Los expertos legales sirios afirman que la ley se centra en zonas cercanas a Damasco que han quedado muy dañadas por la guerra y que no incluye a las zonas que no se han visto afectadas por los enfrentamientos.
Sin embargo, los que se oponen a esta medida y los propietarios exiliados señalan que la norma tiene una clara dimensión política e implicaciones que van mucho más allá de la recalificación selectiva.
“A millones de desplazados y refugiados les será imposible demostrar [la titularidad]”, indica Maha Yahya, directora del Centro Carnegie para Oriente Medio, con sede en Beirut: “Muchos ya no tienen las escrituras, otros viven en asentamientos informales y no tienen documentos legales que demuestren la titularidad y para otros, especialmente los refugiados, volver a Siria para demostrar la titularidad equivale a una misión suicida”.
¿Se busca el exilio permanente?
“Desde la perspectiva del régimen, la ley cumple tres objetivos: les dará un instrumento adicional para investigar los antecedentes de los repatriados y es una forma de despojar a los opositores políticos de sus bienes. La medida aumenta la posibilidad de que los refugiados, percibidos en gran medida por el régimen como traidores, se conviertan en exiliados permanentes. Permitirá que el régimen consolide su poder al repoblar áreas estratégicas con personas que son leales al régimen. Los que hasta ahora han vivido en asentamientos informales en grandes ciudades tendrán un mayor riesgo de ser expulsados. Con la ley, pueden eliminar cualquier fuente potencial de resistencia futura para siempre”.
Los participantes en una conferencia de donantes de la Unión Europea y de las Naciones Unidas, que se celebró en Bruselas la semana pasada, debatieron esta medida. En conversaciones fuera de la cumbre, que no alcanzó el objetivo de compromisos de donaciones marcado (siguen faltando 5.000 millones de dólares), altos funcionarios de la UE y de la ONU reconocieron que en Europa ya se asume que la mayoría de los 1,5 millones de sirios que ahora viven en el continente nunca regresarán a su país.
“Esta ley representa la última estocada”, señala un representante de la UE. “Con esta medida, Asad consolida su poder. Es una medida punitiva, no reglamentaria. No se equivoquen. Es normal hacer algo así después de un desastre natural como un terremoto. Pero no ahora. Y no de esta manera. La guerra se está expandiendo. No estamos cerca de su fin”.
Esta percepción de que la guerra está llegando a su fin y que se ha prolongado durante demasiado tiempo hace que disminuyan los donantes y dificulta que se pueda llegar a una solución política.
Asad cuenta con el sólido apoyo de Rusia e Irán, y ha ido ganando posiciones en zonas clave del campo de batalla, entre las que se incluye Damasco, donde el jueves los soldados sirios y rusos seguían atacando el campo palestino de Yarmuk.
En respuesta a los últimos enfrentamientos, el comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Pierre Krähenbühl, ha indicado que “durante años de conflicto, Yarmuk y sus habitantes han soportado un dolor y un sufrimiento indescriptibles. Tras una semana en la que se ha producido una escalada drástica de la violencia, estamos profundamente preocupados por la suerte de miles de civiles, incluidos los refugiados palestinos”.
En el norte y el sur de Siria, la ofensiva del régimen todavía no ha empezado del todo. En estas zonas el conflicto ha ido cambiando de naturaleza y lo cierto es que es poco probable que el Gobierno pueda recuperar el pleno control, aunque cuente con el apoyo incondicional de Teherán y Moscú.
Nadim Shehadi, director del Centro Fares para los Estudios del este del Mediterráneo de la Universidad Tufts de Estados Unidos, puntualiza que todavía se desconocen los detalles de esta nueva ley de propiedad: “En gran parte, dependerá de su aplicación. Se podría tratar de una operación encubierta de limpieza étnica, similar a las leyes de propietarios ausentes que hemos visto antes”.
“Líbano impulsó una ley similar cuando reconstruyó el campo de Nahr al-Bared, que fue destruido en 2007 por el Ejército libanés en su lucha con un grupo terrorista llamado Fatah al-Islam. Hubo construcciones ilegales que vulneraban la normativa de zonificación y construcción y también vimos escrituras de propiedad algo dudosas y con complicados regímenes de compensación”.
Traducido por Emma Reverter
