Uruguay: un referente progresista de solo 3 millones de habitantes y más de 30 asesinatos machistas al año

La violencia machista no entiende de edades, de clases sociales o de fronteras. En América Latina, donde hay promedio de 12 feminicidios diarios, ni siquiera el país considerado como el más progresista de la región, Uruguay, arroja datos positivos. Con una población de tan solo 3,3 millones de habitantes, en 2018 hubo 39 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas, exparejas o familiares, mientras que en 2017 fueron 35, según datos de la Coordinadora de Feminismos, una organización que recopila desde hace años los feminicidios que se producen en la nación sudamericana.

Cabe señalar que el número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas, exparejas o familiares recopilado por la Coordinadora de Feminismos no coincide con los datos oficiales del Ministerio de Interior de Uruguay, que cifra estos casos en 28 a lo largo del pasado año. Asimismo señala que en 2017 hubo 27 casos y en 2016, un total de 23. La diferencia reside en que el Ministerio contabiliza únicamente los casos que están aclarados judicialmente, es decir, en los que se identificó y comprobó quién fue el autor. Si por ejemplo una mujer que vive en la calle aparece muerta en una cuneta con signos de haber sido violada es un caso que las organizaciones feministas sí contabilizan como feminicidio, aunque no haya más datos al respecto.

La ley uruguaya considera “violencia femicida” toda acción de “extrema violencia que atenta contra el derecho fundamental a la vida y causa la muerte de una mujer por el hecho de serlo, o la de sus hijas, hijos u otras personas a su cargo, con el propósito de causarle sufrimiento o daño”. Por tanto, a diferencia de España, que solo contabiliza como víctimas de violencia de género a las mujeres asesinadas por sus compañeros o excompañeros sentimentales, el país sudamericano no lo limita a la relación de pareja; en España se registraron 47 asesinatos por violencia machista en 2018. Aplicando un criterio similar al de las organizaciones feministas en Uruguay, en España se producen alrededor de 100 feminicidios al año, con una población de unos 46 millones de personas.

Las pasadas navidades han sido especialmente duras, pues entre el 25 y el 27 de diciembre, en apenas 72 horas, tres mujeres fueron asesinadas por el simple hecho de serlo. Especialistas consultadas por eldiario.es aseguran que no se trata de casos aislados, sino de una violencia estructural que requiere un cambio cultural importante.

La víctima de menor edad, Naiara, tenía dos años y fue violada y asesinada por su padrastro, mientras que a la más mayor fue María Esther Rovira, de 86 años. Ambos casos ocurrieron en Montevideo, si bien la mayoría de los feminicidios registrados en 2018 en Uruguay se produjeron en diferentes departamentos del interior, siendo Cerro Largo (noreste) el que encabeza la terrible estadística de la violencia machista con el 10% de los casos.

Los agresores las mataron a golpes, con armas de fuego o frente a sus hijos, dentro de la casa o en plena calle. En algunos casos los asesinos se suicidaron y otros lo intentaron, aunque la mayoría de ellos han sido procesados. También mataron a dos agentes de policía mientras custodiaban las viviendas de dos mujeres víctimas de violencia machista.

El 2019 tampoco inició de la mejor manera. El pasado 19 de enero un hombre intentó matar a tiros a su expareja y a la abuela de esta, quienes lograron sobrevivir, mientras que a finales de mes se produjo el que sería el primer feminicidio del año. La policía uruguaya investiga el presunto asesinato de una mujer a manos de su pareja, ocurrido en Montevideo. El cuerpo de la víctima apareció en la casa donde ambos vivían y él se encuentra prófugo, según informó la prensa local. El supuesto asesino envió un mensjae de texto a su cuñado diciéndole que la había matado.

Los feminicidios ocurridos en Uruguay “responden a una sociedad patriarcal y pacata, que pretende aparentar que todo está correcto, pero no es así, hay otra realidad. En este sistema patriarcal no hay ningún país ideal”, señala Mirta Rebagliati, integrante de la Coordinadora de Feminismos, cuyo objetivo es también convocar a la población a manifestare cada vez que hay un crimen machista en el territorio.

Si bien el activismo feminista ha logrado visibilizar esta problemática “y ya no se dice que son cuestiones de pareja en las que no hay que meterse”, en el país persiste una cultura machista profundamente arraigada y “no hay acuerdo en qué es lo que produce esa violencia”, explica Andrea Tuana, directora de la ONG El Paso y miembro de la Intersocial Feminista, organización integrada por varios colectivos sociales que luchan por los derechos de las mujeres.

“Hemos trabajado mucho en el avance de leyes proderechos, y eso tiene que ver con la asunción de un gobierno de izquierdas, pero hay una sociedad que mantiene su cultura fuertemente machista”, asegura Tuana. Donde no se ha avanzado, añade, es en hacer entender que “la violencia de género es producto de las relaciones de poder históricamente desiguales entre varones y mujeres”. “Esa comprensión no es universal a nivel país, ni en las altas jerarquías, ni en los partidos políticos más conservadores ni en la opinión pública”, aclara.

Pionero en leyes progresistas

Uruguay, conocido como la “Suiza de América”, cuenta con una tradición igualitaria importante. Fue pionero en establecer en 1913 el divorcio por la voluntad de cualquiera de los cónyuges y en 1946 aprobó la ley de derechos civiles de la mujer, que equiparaba sus derechos a los del hombre. En el siglo XXI también se sigue diferenciado del resto de la región en cuanto a leyes progresistas, que han sido impulsadas en estos últimos años por el gobierno de la coalición izquierdista Frente Amplio, como la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario o la más reciente ley que garantiza los derechos a las personas trans, entre otras normas.

Sin embargo, llama la atención que no fuera hasta octubre de 2017 cuando Uruguay tipificó el “femicidio” como agravante de homicidio cuando el crimen se cometa “contra una mujer por motivos de odio, desprecio o menosprecio, por su condición de tal”, convirtiéndose así en el país de América Latina que más tiempo tardó en modificar sus leyes para sancionar este crimen.

Ese mismo año, en diciembre, la Cámara de Diputados también aprobó la ley integral contra la violencia basada en género, que establece más políticas de prevención y atención hacia las mujeres. Entre otras novedades, también considera otras formas de violencia como es la obstétrica, es decir, el trato irrespetuoso que sufren muchas mujeres durante el parto en centros hospitalarios, y agrega dos figuras delictivas: la difusión de imágenes de contenido íntimo y el acoso sexual a niños, niñas y adolescentes, entre otras medidas.

La ley, sin embargo, no está dando los frutos deseados, ya que el presupuesto destinado es insuficiente y urge “un cambio cultural que haga integrar la ley en todos los ámbitos”, explica a este medio la abogada especializada en género Alicia Deus.

“Obviamente una ley no va a resolver la problemática de la violencia de género, es condición necesaria, pero no suficiente. Era imprescindible para Uruguay aprobarla porque estábamos muy atrasados en materia de legislación, pero hay problemas en la implementación y en la interpretación de la ley”, añade Deus, quien participó en la redacción de la norma.

Los mayores inconvenientes, asegura, se dan en el sistema de justicia, pues aún no se han creado los juzgados especializados en violencia machista que contempla la ley y que evitarían a las víctimas el periplo de pasar por varias instancias para analizar su situación.

Para abordar la violencia machista de forma más efectiva en el país sudamericano, Deus considera fundamental establecer la problemática como una prioridad de las políticas públicas. “Hay que destinar presupuestos y recursos humanos. Lo ideal es la prevención y eso pasa por la parte de la educación. Incluir en los planes de estudio temas de equidad de género y violencia es fundamental”, insiste.

Por su parte, la activista Andrea Tuana considera que poner el foco en la educación es precisamente el siguiente paso que debería conseguir el feminismo.

“El gran salto que ahora tenemos que dar las feministas es presionar para que se tome un compromiso de trabajar en la educación, incorporar este tema desde la primera escolarización hasta que terminen, y no hacerlo con talleres, sino incorporarlo en el plan de estudios. También es clave formar a los docentes en una educación con perspectiva de género”, cuenta a eldiario.es. Para lograrlo sabe que el camino no es sencillo, por eso “hay que hacer entender que vivimos en una sociedad machista y que es eso lo que hay que cambiar”, concluye.

Al menos 2.795 mujeres fueron asesinadas en 2017 por razones de género en 23 países de América Latina y el Caribe, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El Salvador, con 10 feminicidios por cada 100.000 mujeres, es el país de la región que lidera esa lista. Según esta estadística, Uruguay se sitúa en el décimo puesto, con 1,3 feminicidios por cada 100.000 mujeres.

Aumento de denuncias

En los últimos años las denuncias en Uruguay “por violencia doméstica y delitos asociados” se han incrementado notablemente. Según datos del Ministerio de Interior, en 2011 hubo 15.868 denuncias de ese tipo, mientras en 2018 esa cifra se elevó hasta las 39.481, lo que supone 108 por día, 13 por minuto.

En ese sentido, July Zabaleta señala que no necesariamente hay más situaciones de violencia de género que antes, sino que ahora hay menos temor a denunciar y un mejor registro.

“Tanto las mejoras en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública como las intensas actividades de capacitación y sensibilización al funcionariado y a la ciudadanía en general han hecho que las situaciones sean detectadas y denunciadas cada vez con más frecuencia, por lo que entendemos que no necesariamente existe un aumento del problema, sino una mejor detección y registro”, añade la directora de la división de políticas de género del Ministerio de Interior.

En los primeros 13 días de 2019 se han registrado, además, 26 denuncias por abuso sexual y 13 por violación, de acuerdo con los datos del Ministerio de Interior proporcionados a eldiario.es.

Una de esas violaciones, denunciada por una mujer, fue supuestamente cometida por tres hombres el pasado 1 de enero dentro de una tienda de campaña en un camping de Valizas, uno de los destinos turísticos más visitados de la costa uruguaya. La mujer conocía a uno de ellos y aseguró en su denuncia que al tratar de salir del lugar, los tres impidieron su paso y la violaron.

Los informes médicos y psicológicos realizados a la joven agredida confirmaron su relato, si bien ellos mantienen que “hubo relaciones sexuales consensuadas”. La Fiscalía del departamento de Rocha (sureste) solicitó la formalización de los tres hombres “por un delito de abuso sexual especialmente agravado por invasión del cuerpo a través de la penetración y la pluriparticipación” y la jueza encargada del caso dictó prisión preventiva para los denunciados.

Hasta ahora en Uruguay no habían salido a la luz casos de violaciones grupales y este en concreto generó polémica en el país. Tampoco tardaron en aparecer comentarios en las redes sociales cuestionando la versión de la joven agredida e incluso justificando lo ocurrido al haberse metido una mujer con tres hombres en una tienda de campaña y habiendo alcohol de por medio.