Imaginemos que hay un medicamento, vamos a llamarle por ahora X, que sirve para tratar la leucemia. Gracias a la investigación científica, se descubre que ese mismo fármaco además sirve para tratar la esclerosis múltiple. ¡Estupendo!, pensaría cualquiera, no solo por bondad sino por razones económicas: si un mismo producto sirve para varias enfermedades, eso evita costes de desarrollo de otro medicamento nuevo porque ya existe este. Además, si hay más pacientes pues la demanda será mayor y por tanto el precio puede bajar. Eso es lo que pensaría cualquiera, menos los gerentes de las grandes farmacéuticas.
Digamos ahora que ese medicamento X contra la leucemia existe realmente y se llama MabCampath. Los laboratorios Sanofi tuvieron una idea muy diferente cuando descubrieron en 2012 que podía servir también para pacientes de esclerosis múltiple: retiraron el fármaco del mercado. Dijeron que por “razones comerciales” (pdf) y decían la verdad.
Un año después, esta empresa volvió a sacar exactamente el mismo fármaco (alemtuzumab) pero con una marca diferente. ¿Por qué? El mercado de los fármacos contra la esclerosis es más caro que el de la leucemia, así que retiraron una marca para para sacar otra, Lemtrada, y catalogarla como medicamento para la esclerosis. Así podían ponerle un precio más alto, como los de otros medicamentos contra enfermedades degenerativas. Desde entonces, el sistema sanitario público paga alrededor de 36.000 dólares al año por paciente tratado con Lemtrada. Esto es 15 veces más que cuando se llamaba de otra forma, siendo el mismo medicamento.
Tres casos más parecidos a este aparecen documentados en un informe de la campaña No es Sano, que reúne a diferentes organizaciones sociales que luchan por un abaratamiento de los principales medicamentos. Son datos especialmente relevantes no solo por el componente ético sino por la repercusión que eso tiene sobre la sostenibilidad del sistema sanitario en países como España.
El sistema público de salud español gastó solo en fármacos y otros tratamientos para uso hospitalario 6.448 millones de euros en 2017. Por comparar: esa cifra de gasto es superior al presupuesto de Defensa para ese mismo año y está por encima de lo que se dedicará al personal del Ejército en 2018. Es mayor que las partidas recién aprobadas para Energía y Turismo y casi equivale a todo el dinero que gestiona el Ministerio del Interior. Mientras el Gobierno y las autonomías argumentan que no queda más remedio que mantener la austeridad en los servicios sanitarios, las farmacéuticas no dejan de facturar cada vez más. Mientras que en 2011 el precio medio de un fármaco era de 290,5 euros, en 2015 se situaba en 593,5 euros, según el informe anual del Ministerio de Sanidad.
Más del 20% de ese gasto hospitalario en tratamientos va a pagarle a estas multinacionales los medicamentos contra el cáncer, lo que sitúa la factura en oncología por encima de los 1.400 millones de euros el año pasado o incluso por encima de los 1.900 millones, según otros estudios. Las previsiones de las consultoras del “mercado sanitario” dicen que los hospitales son ya el mayor cliente de la industria, dejando atrás a la venta a través de farmacias.
Paralelamente, el Gobierno ha incluido mecanismos legales para que los gobiernos autonómicos no puedan recibir ayuda financiera si no firman un convenio que beneficia directamente a los grandes laboratorios. Un acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la patronal garantiza un nivel de gasto público anual constante en medicamentos de marca. El mecanismo esconde una perversión: supone una financiación indirecta con fondos de emergencia al negocio de grandes empresas.
En España algunas de las terapias más empleadas para tratar tumores alcanzan los 30.000 euros y algunas llegan a los 100.000 euros al año por paciente. Estas cifras son estimaciones de la decena de organizaciones que participan en No es Sano [desde Médicos del Mundo a la Organización Médica Colegial de España] porque los ciudadanos en realidad no sabemos cuánto estamos destinando de nuestros impuestos a pagar estos tratamientos.
“¿Esto es un saqueo? No, es el mercado, amigo”, dijo Rodrigo Rato para explicar los efectos de la crisis financiera en los ciudadanos. El precio de los medicamentos contra el cáncer también depende única y exclusivamente del mercado y no está regulado de la misma manera que otros servicios como la energía o las telecomunicaciones.
Como explicamos en este especial de eldiario.es, el sistema de fijación de precios de medicamentos en España es opaco y responde a criterios arbitrarios. El precio para la sanidad pública no depende de cuál fuera el coste de producción e investigación del fármaco y tampoco hay un margen de beneficio estipulado para este tipo de tratamientos. Las multinacionales farmacéuticas pueden simplemente negociar cualquier margen de beneficio con los gobiernos, y se hace además en una negociación con una comisión de responsables políticos en varios ministerios. Solo en los últimos meses hemos empezado a conocer algo de las reuniones secretas donde se negocia y decide, lo que deja mucho margen para el lobby farmacéutico y, dicho suavemente, “el conflicto de intereses”.
En Estados Unidos, que es donde se fija el precio inicial de los medicamentos que luego servirá para negociar con otros países, los ingresos de las farmacéuticas por tratamientos oncológicos se han duplicado en diez años. Para las autoras del informe de No es Sano, Irene Bernal y Eva Iráizoz, “el sistema incentiva que la industria marque los precios de los nuevos medicamentos protegidos por patente en función de lo que el mercado pueda soportar para obtener el máximo beneficio posible”. Esto se hace siempre con el argumento de que, como empresas, son las únicas con capacidad de investigar y que, por tanto, tienen el derecho y la responsabilidad de hacer rentable su negocio y seguir investigando.
Cada vez son más voces expertas las que alertan sobre los mitos de la innovación farmacéutica. Datos de la European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) muestran que solo un 16% del total de los ingresos por venta de fármacos fueron destinados a investigación. El reparto de dividendos de algunas de estas empresas como Roche o Pfizer supera el 23% del presupuesto. Estas grandes farmacéuticas dedican más dinero a repartir beneficios que a invertir en una investigación que, en sí misma, está en discusión porque se centra en hacer pequeñas modificaciones a los medicamentos para volver a patentarlos y blidar su comercialización de nuevo, lo que impide que puedan democratizarse.
En el ejemplo del principio, según los datos de No es Sano, el 70% de los ensayos clínicos con el alemtuzumab fueron financiados por centros de investigación, universidades o fondos públicos. Solo el 13% fue sufragado por la propia empresa comercializadora. Esta participación pública o académica en las fases de investigación no es una excepción en la industria y es especialmente habitual en los fármacos contra el cáncer.
El cáncer es ya la primera causa de muerte entre las personas mayores de 40 años y también entre los niños menores de 14. Ataca de repente y rompe familias; o ataca poco a poco y las somete a una agonía imposible. Cada año se diagnostican unos 250.000 casos en España. El mejor control de otras enfermedades, algunos hábitos nocivos y el alargamiento de la esperanza de vida convierten al cáncer en la encarnación del miedo a la muerte de nuestro tiempo. Las grandes empresas farmacéuticas lo saben y están especulando con ello.
Sobre este blog
Juanlu Sánchez es periodista, cofundador y subdirector de eldiario.es. Colabora en La Sexta y en el New York Times. Fue cofundador de Periodismo Humano y como reportero pasó de la cobertura especializada en derechos humanos a documentar la génesis y las consecuencias sociales y políticas del 15M. Es autor del libro 'Las 10 mareas del cambio' y profesor en el Máster Oficial de Innovación en Periodismo de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
