El proyecto de Ley de Autoridad Docente y de la Convivencia de los centros ha sido aprobado por el Gobierno de La Rioja y será remitido al Parlamento Regional. El objetivo de esta nueva ley educativa es mejorar la calidad del sistema educativo y la convivencia escolar. El proyecto será de aplicación obligatoria en todos los centros públicos y concertados de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Consta de 11 artículos, en los que se exponen las infracciones, las sanciones y las medidas educativas.
La novedad que representa esta ley con respecto a la actual se basa en un nuevo derecho con el que se dota a la autoridad del profesor. Así en el Artículo 6 del Capítulo II se establece que los docentes de centros públicos y concertados de La Rioja estarán dotados de presunción de veracidad. Esto es, que cuando se produzcan situaciones de conflicto entre el docente y los alumnos, o entre el docente y los padres de los alumnos, la versión del profesor será considerada veraz frente a la del alumnos o sus padres en el ejercicio de las competencias disciplinarias y siempre que se manifieste por escrito.
En cuanto a las infracciones y sanciones, el texto detalla algunas actitudes consideradas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia como son el acoso, las amenazas o coacciones a cualquier miembro de la comunidad educativa, falsificación o sustracción de documentos académicos, la introducción en el centro de objetos o sustancias peligrosas, así como la grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier soporte de agresiones, conductas inapropiadas contra cualquier persona.
Las sanciones se aplicarán en función de la gravedad de la infracción y pueden suponer desde el cambio de clase hasta la suspensión de asistencia a clase o a alguna actividad extraescolar e incluso la expulsión del centro escolar.
El presidente del Gobierno, Pedro Sanz, ha asegurado que el proyecto de ley nace con dos fines: reforzar la figura del profesor y disponer de un texto único para todo el sistema educativo riojano. Ha lamentado también el hecho de que se tenga que dotar de autoridad a un profesor cuando éste debería representarla de forma innata.