Vulneración de los derechos humanos
Amnistía Internacional alerta sobre las difíciles condiciones de vida de los habitantes de los barrios marginales de Nairobi a través de su informe “La mayoría invisible: Dos millones de personas viven en asentamientos precarios en Nairobi”.
La mitad de la población de Nairobi, capital de Kenia, vive en asentamientos informales, apiñada en una zona que sólo constituye el 5% del suelo urbanizado de la ciudad y el 1% del total de terrenos por los que se extiende Nairobi.
Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, se ha reunido con habitantes de la zona y activistas de los asentamientos de Soweto (Kibera) y Korogocho. La delegación de Amnistía Internacional también visitó el asentamiento de Deep Sea.
“Millones de personas viven en condiciones miserables, y no sólo sufren la privación de servicios básicos, sino también discriminación, inseguridad y marginación”, ha afirmado Irene Khan.
Los habitantes de estos suburbios sufren graves abusos contra los derechos humanos. “No se escuchan sus voces ni se les consulta o informa sobre las decisiones que afectan a sus vidas. Esto no es más que un escándalo de derechos humanos”, afirma Khan.
Sucesivos gobiernos kenianos han permanecido impasibles ante semejante situación, se han abstenido de proteger a los habitantes de los asentamientos y han permitido, a través del abandono, el crecimiento de estos lugares que han convertido a sus habitantes en prisioneros de la pobreza.
“Explotados por terratenientes, amenazados por la policía, extorsionados por bandas de delincuentes: los asentamientos precarios de Nairobi son un agujero negro para los derechos humanos, porque a sus habitantes se les priva de servicios básicos, se les niega seguridad y no se les permite opinar sobre su futuro”, ha afirmado Irene Khan.
Vida y desalojo en los asentamientos
Los habitantes de los asentamientos describen su precaria situación hablando de excesiva subida de precios de los alimentos, falta de centros educativos y de atención sanitaria, hostigamiento por parte de las autoridades y constante amenaza de desalojo.
Los desalojos forzosos se producen a menudo sin previo aviso, en medio de la noche, haciendo un excesivo uso de la fuerza y sin prestar la menor atención a las pertenencias de las personas que allí habitan.
El informe de Amnistía señala que actualmente hay hasta 127.000 personas en peligro inminente de sufrir la demolición de sus viviendas provisionales y negocios informales a causa de un plan gubernamental para la limpieza de la cuenca del río Nairobi.
A través de las entrevistas de Irene Khan con los damnificados, se ha arrojado luz sobre la historia de una mujer que perdió su casa en dos ocasiones. La primera a causa de un desalojo forzoso, la segunda por un incendio dentro de la vivienda mientras ella y su familia dormían en su interior.
Otro damnificado contaba como su casa y la de sus vecinos fueron incendiadas mientras se encontraban en la iglesia.
Una política nacional aprobada hace cuatro años, comprometía a las autoridades al progresivo cumplimiento del derecho a la vivienda. Sin embargo, el Gobierno no ha facilitado a día de hoy viviendas asequibles y accesibles.
Por otra parte el programa de mejora de estos precarios asentamientos ha avanzado con excesiva lentitud y no alcanza aún los recursos necesarios para desarrollar en ellos una vida digna. Desde el punto de vista de sus habitantes, debería de haberse consultado con ellos la aplicación de dicho programa.
Amnistía reclama al Gobierno de Kenia
El conocimiento de las duras condiciones de vida de muchos de los habitantes de Nairobi ha llevado a Amnistía a no quedarse en la publicación de su informe de denuncia. La organización exige al Gobierno de Kenia ciertas actuaciones concretas.
En primer lugar reclama el fin de los desalojos forzosos. Pide además que se respete el derecho internacional en la zona para que se garantice así el cumplimiento de los derechos humanos, que se consulte con los habitantes de estos barrios cualquier acción a realizar y que se mejore la coordinación entre las entidades gubernamentales que se ocupan de cuestiones relativas a la tierra y la vivienda.
Entre las acciones que la secretaria general de Amnistía Internacional promovió en la zona están la generación de un número gratuito -3221- de envío de mensajes SMS para que los kenianos cuenten a su Gobierno lo que significa para ellos el derecho a la vivienda y vivir con dignidad. Además Khan y otros miembros de Amnistía participaron en una marcha junto a varios cientos de personas de asentamientos de todo Nairobi exigiendo el derecho a la vivienda.
Este informe es el primero de los que se presentarán en la nueva campaña mundial de la organización, “Exige Dignidad”, que pretende poner al descubierto y combatir los abusos contra los derechos humanos que crean y perpetúan la pobreza. En Kenia, Amnistía Internacional está movilizando a los habitantes de los asentamientos precarios para que “exijan dignidad” y su derecho a una vivienda adecuada. La campaña hará que se oigan sus voces y exigirá a los dirigentes políticos kenianos que den respuestas efectivas.