El decreto ley que dicta que son los bancos y no los clientes quienes deben pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) no contempla a las cajas rurales, según explica El Confidencial. La mayoría de las cajas rurales y cooperativas de crédito están exentas de pagar este impuesto desde 1990 y el Gobierno no menciona ahora que les obligue, seguramente por un descuido.
Este olvido otorga una ventaja competitiva a las cooperativas y, al mismo tiempo, amenaza con reducir la recaudación.
La reforma del Gobierno establece que los bancos deben pagar este impuesto, excepto en los préstamos otorgados a partidos políticos, Iglesia, fundaciones y otras entidades con ventajas fiscales.
Ventajas por la redacción ambigua
Sin embargo, las cajas rurales son “cooperativas protegidas” y tienen ventajas fiscales desde 1990, como la exención de este Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Estos beneficios estaban pensados para que estas entidades no pagaran el impuesto al pedir una hipoteca. Pero la redacción es tan amplia -“por cualquiera de los conceptos que puedan ser de aplicación”- que, según fuentes conocedoras de la aprobación del decreto ley, les permite mantener la salvedad cuando sean también prestamistas.