Una tesis de la UR plantea una legislación para hacer frente al turismo masivo

España, según todas las estadísticas, es una de las principales potencias mundiales en turismo. Con una economía fuertemente terciarizada, el sector turístico es uno de los que mayor peso tiene en el PIB (13%) y en la creación de puestos de trabajo. Frente a esas realidades, los principales destinos están sometidos a graves impactos ambientales a los que, desde hace tiempo y como consecuencia, entre otros factores, de la proliferación de las viviendas turísticas, se suman los de carácter social, que repercuten en la calidad de vida de la comunidad de acogida, provocan procesos de gentrificación, disparan los precios de la vivienda y el alquiler o su indisponibilidad, saturan los servicios públicos o provocan la desaparición del comercio local generando en los residentes de las ciudades más turísticas un sentimiento generalizado de turismofobia.

Lucía Muñoz Benito ha desarrollado una tesis doctoral en la Universidad de La Rioja en la que analiza los instrumentos jurídico-administrativos disponibles para hacer frente a esos impactos sociales a los que están sometidos los principales destinos turísticos del país y en la que aboga por una renovación profunda de la obsoleta legislación turística desde el prisma tridimensional de la sostenibilidad (económica, social y ambiental) y el retorno a un sistema de control único y previo mediante licencia que integre los controles turístico, ambiental y urbanístico.

Desarrollada en el Departamento de Derecho –en el marco del programa de doctorado 282D Doctorado en Derecho y Cambio Social (Real Decreto 99/2011)– la tesis ‘Retos jurídico-administrativos para un turismo socialmente sostenible’ ha sido dirigida por el profesor de la Universidad de La Rioja René Javier Santamaría Arinas y ha obtenido la calificación de sobresaliente ‘cum laude’ con mención internacional.

En el contexto internacional, europeo y constitucional se aboga desde hace años por un turismo que debería ser necesariamente sostenible en su triple dimensión (económica, ambiental y social) y la nueva doctora por la UR examina, desde el punto de vista jurídico, el fracaso de esas pautas que defienden un turismo justo, respetuoso con la comunidad local y no perjudicial en términos sociales. 

Así, la investigación revisa críticamente los instrumentos jurídico-administrativos disponibles para hacer efectiva la exigencia de un turismo socialmente sostenible y pone de manifiesto las carencias de las técnicas recogidas en la normativa sectorial turística en conexión con las que ofrece el derecho ambiental y la legislación de ordenación del territorio y urbanismo.

Entre sus conclusiones, la tesis apunta que la regulación existente está basada en la Directiva de servicios, que facilita la iniciativa económica privada desconociendo incluso los límites sociales y mandatos constitucionales. Se trata, añade, de un marco legislativo que aborda de manera aislada una materia transversal como es el turismo, con incidencia en otras como la ambiental y la urbanística.

Sostiene, además, que estamos ante un sector que no cuenta con una previa y necesaria planificación coordinada con otros planes concurrentes que evalúe, de manera preventiva, la capacidad de carga de la comunidad local y la necesidad de nuevos desarrollos turísticos. Asimismo, destaca la inexistencia de una intervención administrativa previa tanto en materia turística como ambiental y de ordenación del territorio y urbanismo que controle las actividades privadas en aras de la satisfacción del interés general. 

La tesis, para hacer frente a esos impactos negativos del turismo, aboga por una transformación profunda que renueve la obsoleta legislación turística desde el prisma tridimensional de la sostenibilidad (económica, social y ambiental) integrándola con la normativa ambiental y urbanística.

También defiende la necesidad de una planificación sectorial integrada con la planificación física, que ofrece una amplia participación de la ciudadanía y que se somete a la evaluación ambiental estratégica. “Todo ello, previa evaluación de la capacidad de carga de la comunidad local”, sostiene la nueva doctora por la Universidad de La Rioja.

Además, en términos de control e intervención administrativa, la investigación de Lucía Muñoz Benito considera que existen razones imperiosas de interés general que justifican el retorno a un sistema de control previo, que debería configurarse como un sistema de control único y previo a través de licencia municipal donde se integre el control turístico, ambiental y urbanístico a través de los correspondientes informes.