Defienden que la administración riojana, con sus sucesivos planes estratégicos, “ha dejado de lado la necesaria vertebración del sector productivo, que es la base de cualquier sistema de comercialización y mantenimiento de la actividad agraria en nuestros pueblos”.
Todos estos planes estratégicos, “más que sacar al sector productor de la crisis, han servido para dar apoyo a las empresas, mientras se intentaba convencer a la sociedad urbana de que se apoyaba a agricultores y ganaderos”, añadió la UAGR.
Todo esto se ve reflejado en la “sensación de abandono” que transmiten los presupuestos de la Consejería de Agricultura, con una “ridícula subida” del 0,7 por ciento para el 2009. Pero “más preocupante aún es la aplicación de los citados presupuestos, que mantienen una clara vocación de apoyo a las empresas privadas, en lugar de mejorar y establecer nuevas medidas de vertebración y de competitividad del sector productor”.
La UAGR aseguró que “tampoco ha reaccionado a tiempo” el Gobierno Central, “incapaz de prever de forma anticipada la actual situación, a pesar de todos los indicadores”. Siempre se ha escudado en que en materia agraria la palabra la tiene la Unión Europea, cuando es el Gobierno español quien negocia en Bruselas las políticas agrarias que después se implantan en cada Estado miembro y que aplican las diferentes Comunidades Autónomas.
Además, el Gobierno central tiene toda una serie de políticas que dependen directamente de su voluntad, como es la fiscalidad, la seguridad social, la transparencia en la formación de los precios, el control de la morosidad, los seguros agrarios, las inspecciones de productos de países terceros, las políticas de reconversión de los sectores, entre otras. Políticas que “no ha sabido en ningún momento aprovechar para mejorar el nivel de vida de los agricultores y ganaderos”.
En cambio, y mientras al sector primario español “se le deja morir”, con los primeros síntomas de crisis en otros sectores como el financiero, el del automóvil o la de la construcción, enseguida se inyectan grandes sumas de dinero (como los 50.000 millones de euros para la banca).
PROPOSICIONES
Ante esta “desidia” contrastable de las administraciones que nos gobiernan, la UAGR solicita a los gobernantes que apliquen por fin la “otra política agraria posible”, para lo cual proponen al Gobierno de La Rioja, el incremento de las partidas presupuestarias adscritas a la vertebración del sector productor y de mejora de las explotaciones; el aumento de ayudas a la Primera Instalación y Planes de Mejora.
También el incremento de las ayudas a la Gestión y Explotación en Común; el crecimiento de las líneas de Calidad Agroalimentaria; medidas agroambientales (producción ecológica, entre otras); bienestar animal (ganadería ecológica); indemnizaciones compensatorias de zonas de montaña y desfavorecidas.
Además, la UAGR propuso indemnizaciones por 'Red Natura 2000'; el establecimiento de un mecanismo de estabilización de rentas para el agricultor y ganadero; el condicionamiento de las ayudas a públicas a la industria agroalimentaria a presentar contratos de compraventa con precios justos para los productores; moratoria de un año del pago de los préstamos concedidos por los Planes de Mejora y Primera Instalación.
Un deducción autonómica del tramo del IRPF por contratación de un seguro agrario; el establecimiento de una deducción medioambiental del IRPF del 3 por ciento del valor de las ayudas que indemnizan lucros cesantes o sobre costes; pago puntual y diligente de las ayudas a los diferentes sectores; promoción y diferenciación de los productos riojanos de calidad y origen.
La garantía de cumplimiento de las exigencias en materia de calidad y presentación de los productos agrarios en los lineales de la distribución, y la constitución inmediata de la Mesa de Concertación entre la Consejería de Agricultura y las organizaciones agrarias.
Al Gobierno del Estado le piden la implantación de un Seguro de Ingresos de Explotación; la protección fitosanitaria de los productos procedentes de países terceros, el establecimiento de Planes de Reestructuración para los sectores en crisis; y el establecimiento de mecanismos que dotan de transparencia al margen comercial y al plazo de pago de los productos agrarios.
Solicitan una Ley de comercio y de contratos agroalimentarios; la mayor participación del productor en el precio final del producto; la obligación de etiquetado de la trazabilidad del precio y origen del producto; la reducción del plazo de pago a los productores a 30 días como a máximo.
La traslación de la bajada del precio de los cereales al precio de los piensos; y el establecimiento de un verdadero gasóleo profesional para el sector agrario.