Eliminar zonas como Madrid Central contradice la tendencia europea contra la polución y reavivará las sanciones a España

Los resultados electorales del 26M han extendido una sombra sobre la casi recién estrenada zona de bajas emisiones Madrid Central. El candidato del PP, José Luis Martínez Almeida, que se perfila como futuro alcalde de la ciudad, ha repetido este lunes que “dejará de existir”. Una reversión como la vaticinada por el PP es una tendencia casi inexistente en las grandes ciudades europeas que han diseñado áreas con restricciones al tráfico por sus emisiones. Al contrario, capitales como Londres, Ámsterdam o París están ampliando o haciendo más estrictas sus zonas de baja emisión.

El PP madrileño ha repetido (y escrito en su programa) que Madrid Central “ha perjudicado gravemente a los madrileños, no ha mejorado la calidad del aire y ha incidido negativamente en el comercio”. Mientras el favorito tras los comicios para convertirse en alcalde de la ciudad insiste en este discurso, hace poco más de un mes, Londres puso en marcha una nueva área de “ultra bajas emisiones”. El alcalde Sadiq Khan, lejos de aflojar esta línea de actuación, adelantó la fecha de puesta en marcha de esta zona: 24 horas al día, 7 días a la semana. Los coches que quieran acceder cumplen los estándares más estrictos o tienen que abonar una tasa diaria de 12,5 libras –se ha creado un fondo de 23 millones para ayudar a pequeños comercios y ONG–.

En Francia, París va a estrenar en julio una zona de bajas emisiones para el Gran París tras el desarrollo de otra área más estricta para la zona central de la capital parisina.

En Ámsterdam (Países Bajos), el calendario de restricciones avanza y, para 2020, se ampliará la superficie afectada además de endurecerse las restricciones para los vehículos pesados. La ciudad belga de Gante, acaba de evaluar sus zonas de restricción que se basa en la división en sectores a los que no se puede acceder a través de la ciudad sino por circunvalaciones: el tráfico ha caído un 12%. Tampoco en municipios emblemáticos de la restricción de tráfico en España como Pontevedra o Vitoria, una vez bien desarrolladas, se ha dado marcha atrás.

La coordinadora de transportes de Ecologistas en Acción, Nuria Blázquez, cuenta que “lo normal es que ocurra lo contrario” a lo que está aireando el Partido Popular. “A pesar de todo, la gente lo acepta y acaban haciéndose más grandes”. Y pone el ejemplo de Milán (Italia) donde, tras implantar una zona en 2008, el 79% de población apoyó ampliarla en 2012. Cinco años después, el tráfico ha caído un 35%.

A modo de refrendo, el distrito Centro de Madrid apoyó mayoritariamente la candidatura de Manuela Carmena el domingo pasado –la alcaldesa que ha implantado Madrid Central al final de su mandato–. Un 49% de los votos fue para su partido Más Madrid. El mejor resultado de cualquier formación en todos los distritos de la capital.

El Partido Popular coincide con la derecha extrema de Vox en este asunto. El candidato ultra, Javier Ortega Smith, exclamó en la noche electoral: “A partir de mañana, se acabó Madrid Central”. Sin embargo, la candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, sí ha admitido durante la campaña electoral que “revertir Madrid Central al cien por cien no es posible”.

Incumplimiento de la ley

Estos discursos no tienen en cuenta ninguno de los aspectos legales que rondan la realidad ambiental de Madrid, la calidad de su aire y las zonas de bajas emisiones: la amenaza de sanción europea y la ley de cambio climático.

Martínez Almeida ha especificado que su modelo va más encaminado a la Áreas de Prioridad Residencial aplicadas por Alberto Ruiz-Gallardón y refrendadas por su sucesora Ana Botella. Una de las claves de estas áreas es que está permitida “la circulación por las principales vías”, como subrayan los populares. Esto aplicado a Madrid Central implica abrir la Gran Vía al tráfico general.

Lo cierto es que ese modelo ya fue declarado insuficiente por la Comisión Europea para atajar el problema de contaminación del aire por encima de los niveles legales que arrastra Madrid. Bruselas abrió un expediente sancionador a España por el incumplimiento de la ley europea: Madrid rebasaba el umbral permitido de dióxido de nitrógeno desde 2010. Unas tres cuartas partes del gas proviene de los tubos de escape, según los propios cálculos municipales.

El Ayuntamiento de Ana Botella solicitó una prórroga en 2012 adjuntando su Plan de Calidad del Aire. Entre los objetivos especificaba: “Cumplir con los requisitos para poder solicitar a la Comisión Europea la prórroga del cumplimiento de los valores límite de dióxido de nitrógeno”. No hubo permiso.

Bruselas contestó que no contemplaba flexibilizar su posición “ya que las autoridades españolas no han demostrado que dicho cumplimiento [de la normativa ambiental] pueda alcanzarse en 2014”. El expediente de sanción continuó. Sin embargo, en 2018, el Ejecutivo comunitario detuvo el proceso y no llevó a España ante el Tribunal de Justicia. ¿El motivo? El Comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, admitió que el plan presentado por el Ayuntamiento de Manuela Carmena podría funcionar para cumplir la legislación europea “si se aplica totalmente y de forma inmediata”. Vella recordó por escrito que, tras el anuncio de medidas concretas como el plan Madrid Central, la Comisión paralizó momentáneamente el expediente.

Madrid Central ha cumplido seis meses en mayo. En abril, las mediciones revelaron que, en el centro de la ciudad, la media mensual del tóxico dióxido de nitrógeno fue la más baja de la historia. La organización Ecologistas en Acción –que realiza un seguimiento pormenorizado de los datos de las estaciones medidoras desde hace años– ha asegurado que “no hay efecto frontera”, es decir, que no suben los niveles en los barrios colindantes con Madrid Central.

En el plano nacional, el proyecto de ley de cambio climático preparado por el Ministerio de Transición Ecológica dirigido por Teresa Ribera ha incluido la obligación de que las ciudades de más de 50.000 habitantes tengan zonas de bajas emisiones para 2023. Una norma que, en principio, atañe a la movilidad en Madrid.

Poco tiempo en vigor

Y sin embargo, puede encontrarse algún caso que recuerda al madrileño. En Sevilla, el Ayuntamiento dispuso una zona de bajas emisiones denominada Plan Centro. “Restringía la entrada y la controlaba con cámaras”, recuerda el director técnico de Estudio MC y experto en Ecología Aplicada Manuel Calvo. La medida llegó poco antes de las elecciones municipales de 2011. La victoria por mayoría absoluta de Juan Ignacio Zoido (PP) supuso la eliminación rápida de Plan Centro.

“En ese sentido, Madrid Central ha seguido el mismo camino”, explica Calvo. Se refiere a la implantación tardía de la zona “lo que no permite que las ventajas se asienten y da munición electoral a los que son contrarios”. En la ciudad andaluza bastó para borrarla de un plumazo. En Madrid, la zona, estrenada en diciembre de 2018, ha funcionado básicamente como prueba piloto: las multas por incumplimientos no han entrado en vigor hasta mediados de marzo de 2019.

Con todo, en 2019, la preocupación por la contaminación del aire y el deterioro del medio ambiente así como de la crisis climática asociada a los gases que exhalan los tubos de escape se ha generalizado. Más del 80% de los españoles entienden que el cambio climático es un asunto serio provocado por la acción humana, según reflejó el CIS en diciembre pasado.

También ha crecido la conciencia sobre la agresión a la salud que supone respirar aire contaminado. España gasta más de 3.600 millones de euros al año en enfermedades provocadas por la polución. La respuesta del candidato Martínez Almeida ha sido que “seguro que el ciudadano deja el coche privado si hacemos otras alternativas”.