Almeida rectifica y mantiene otros seis meses a los trabajadores sociales de las viviendas protegidas de Madrid
El Ayuntamiento de Madrid da marcha atrás y no prescindirá finalmente de los 27 trabajadores sociales que atienden a los inquilinos de las viviendas públicas tras las quejas públicas de los empleados.
La Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo rescindió hace una semana y por sorpresa el contrato que tenía con Provivienda para prestar un servicio de acompañamiento y mediación a los vecinos que reforzaba el trabajo de la plantilla municipal. Se trataba de una prórroga del contrato firmada por la anterior corporación que estaba blindada por contrato hasta 2020, pero no se respetó.
Sin embargo, tras la denuncia de los trabajadores, mediadores y educadores sociales, el Consistorio ha rectificado firmando este lunes un nuevo acuerdo con la misma empresa hasta que se complete un nuevo concurso, de manera que el servicio no quedará descubierto en ningún momento.
La marcha atrás se ha producido unas horas después de que los trabajadores hicieran pública una carta conjunta sobre su situación. “Un servicio público que incide en la mejora de las condiciones de vida de las personas no debiera verse afectado por los vaivenes políticos”, aseguraban en la misiva, donde manifestaban su “frustración y malestar por una situación injustificada e impuesta que impide seguir realizando el trabajo”.
“El acompañamiento social es la base indispensable para realizar unas políticas sociales de viviendas adecuadas y, por supuesto, la intermediación social va a continuar en la EMVS a través de un nuevo contrato, con un nuevo pliego, con nuevas cláusulas que mejoren lo ya iniciado en el programa de Provivienda, que ha sido un programa provechoso pero en el que tenemos que dar un paso más”, ha justificado el delegado del área de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, tras la reunión.
El Consistorio respaldó la decisión que ahora se rectifica con el argumento de que había que abrir el servicio a la libre concurrencia y no prorrogarlo con la misma empresa por un año más, como estaba previsto dentro del marco legal. Los trabajadores entonces manifestaron que esto suponía una “paralización” de las intervenciones y el trabajo que se había realizado con los inquilinos en los dos últimos años.
El servicio está dirigido a mejorar la convivencia vecinal y generar redes de ayuda mutua en promociones con personas en situaciones vulnerables. Los trabajadores también actúan como primer filtro para dar la voz de alarma a los servicios sociales municipales en el caso de que fuera necesario. “Detectamos casos de extrema vulnerabilidad, identificamos problemas familias, dificultades económicas, damos apoyo para que pidan prestaciones y ayudas”, enumera Provivienda. El resultado, defienden, es que al final disminuyen los casos de impago al tener acceso más directo a ayuda.
