Gallardón y las empresas de mantenimiento de M-30 boicotean la primera sesión de la comisión de investigación
El Ayuntamiento de Madrid comienza a investigar la situación económico-financiera de la empresa Madrid Calle 30 y su incidencia sobre las cuentas de la administración municipal. El modelo de gestión mixto elegido por Alberto Ruiz Gallardón, de mantenerse hasta 2040, costará a los madrileños unos 2.550 millones de euros, un montante al que hay que sumar los más de 1.632 millones de euros de sobrecoste de la obra estrella de Gallardón.
Este martes arranca la comisión no permanente de investigación con la gran ausencia del exalcalde de la capital. Gallardón recibió la notificación de su convocatoria el pasado 16 de mayo, solicitud a la que no ha contestado. A la del exministro de Justicia hay que sumar otra falta importante, la de Juan Alfaro, actual presidente de Renfe. Alfaro está llamado a comparecer por su etapa como consejero de Madrid Calle 30 firmante del contrato entre esta empresa y EMESA en 2005, además de ser el secretario de la comisión de vigilancia y seguimiento de la gestión integral de la M-30. Tampoco estarán los representantes de EMESA, la empresa encargada del mantenimiento de la M30, propietaria del 20% del proyecto Madrid Calle 30, que agrupa a las constructoras Ferrovial y Dragados (del grupo ACS): Íñigo Meirás Amusco y Marcelino Fernández Verdes.
La comisión llega después de la comisión de investigación que fiscalizó la venta de pisos sociales a fondos buitre por parte del Gobierno de Ana Botella. Las ausencias se sumarán a otras. No estarán: Manuel Melis, director de las obras, delegado del Área de Infraestructuras y vicepresidente del Consejo de Administración en 2004. Tampoco asistirá el eurodiputado del PSOE Carlos Carnero. Los llamados a comparecer no tienen la obligación de hacerlo a diferencia de lo que ocurre en la Asamblea de Madrid y el Congreso de los Diputados.
A pesar de cuantiosas ausencias, la jornada de este martes estará repleta de los testimonios de técnicos municipales, vecinos y entidades ecologistas. Han confirmado su asistencia el coordinador de Ecologistas en Acción, Francisco Segura Castro; el técnico del grupo municipal de Izquierda Unida Luis Córdoba González; el abogado Manuel de la Rocha Rubí, la jefa del departamento de Contratación, firmante del contrato entre Ayuntamiento y Madrid Calle 30; y el presidente de la Asociación de Vecinos Nudo sur, Ángel Lomas García.
Esta primera jornada de la comisión que continuará los próximos meses estará centrada en la ejecución de las obras: proyectos, impacto ambiental, afección a los vecinos durante los trabajos, plazos de ejecución y presupuestos, deficiencias, constitución inicial de la sociedad y justificación económica del modelo elegido, ha comunicado el Ayuntamiento de Madrid.
Cuatro sanciones a EMESA
El Gobierno de Manuela Carmena decidió abrir en noviembre seis expedientes contra EMESA por trabajos no realizados, unos expedientes que ya se han materializado en sanciones. Los dos contratos adjudicados por el Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón entonces -el original y una modificación suscrita apenas dos años después- han permitido a esas empresas ingresar desde entonces 500 millones de euros de las arcas municipales a cambio de mantener la infraestructura. El actual Ayuntamiento de Madrid ha certificado que las concesionarias han estado cobrando todo este tiempo por trabajos no realizados.
La última sanción llegó este mismo viernes. Los responsables del Ayuntamiento de Madrid en el consejo de administración de la empresa mixta que gestiona la M-30 aprobaron ese día la cuarta sanción a las constructoras que se ocupan del mantenimiento de esta infraestructura. EMESA tendrá que pagar 375.000 euros por el incumplimiento del contrato de instalación y mantenimiento del telecontrol del alumbrado a cielo abierto. Según el equipo municipal, la empresa adjudicataria del mantenimiento de M30 recibió 2,7 millones de euros por este trabajo, que no ha realizado.
EMESA incumplió así con uno de los requisitos que establecía el modificado del contrato original firmado dos años después de inaugurar la obra: la obligación de instalar un sistema de telecontrol del alumbrado a cielo abierto en la M30. Era una de las exigencias de aquel segundo acuerdo, de 2007, que encareció el coste del servicio de mantenimiento un 18% solo 24 meses después de recepcionar la obra.
Modelo de gestión
El Gobierno de Ahora Madrid ha manifestado en numerosas ocasiones su intención de cambiar el modelo de gestión que ha costado ya a los madrileños 612 millones de euros entre 2005 y 2016 en concepto de pago de impuestos, intereses de deuda subordinada y dividendos repartidos al socio privado. De mantenerse hasta 2040 como firmó Gallardón, esta cifra puede ascender a más de 2.550 millones, según los cálculos del Gobierno municipal.
La única fuente de ingresos de la sociedad entre EMESA y el Ayuntamiento -Madrid Calle 30- es el Consistorio que asume “en exclusiva” el pago de tasas, dividendos y costes de mantenimiento de la vía. Esto supone para la administración local más de 140 millones de euros anuales, según recoge la web del Ayuntamiento de Madrid. Hasta los gastos de la luz y el agua de los que debía hacerse cargo EMESA los ha asumido la corporación local.
Un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid concluyó que el sistema de gestión del Partido Popular en la M30 perjudica a las finanzas de Madrid, como adelantó en exclusiva eldiario.es. La órgano fiscalizador advirtió en varias ocasiones que el contrato es oneroso para las arcas municipales y que la sociedad mixta no tiene más razón de ser que pagar unos intereses del 7% a las empresas constructoras. La Cámara de Cuentas propuso incluso rescatar la concesión, ya que desde 2011 el Ayuntamiento ha tenido que asumir como propia la deuda de la obra.
Las obras de la M-30 también están bajo sospecha. Los trabajos se encarecieron en 1.632 millones mediante una modificación del contrato aprobada el 26 de marzo de 2007 en una reunión de solo 25 minutos, con un único punto del orden del día y sin debate en el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón en el Consistorio de Madrid.
